El juez sienta en el banquillo a Fuentes y a seis personas más por la 'Operación Puerto'

• Los que le acompañan son su hermana, Yolanda Fuentes, los médicos Merino y Córdova, y los exdirectores Saiz, Labarta y Belda
• Se enfrentan a penas de hasta dos años de prisión y otros dos de inhabilitación
• Se sientan en el banquillo por un delito contra la salud pública

 

El doctor Eufemiano Fuentes en una imagen de archivo.

El juez de Madrid que ha instruido la 'Operación Puerto' contra el dopaje en el deporte ha abierto este miércoles juicio oral al médico Eufemiano Fuentes y a otras seis personas, que se sentarán en el banquillo por un delito contra la salud pública por el que se enfrentan a penas de hasta dos años de prisión.

En la causa están acusados, además de Fuentes, su hermana Yolanda, los médicos José Luis Merino y Alfredo Córdova y los exdirectores deportivos de equipos ciclistas como Liberty Seguros o Comunidad Valenciana (antes Kelme) Manuel Saiz, José Ignacio Labarta y Vicente Belda. Todos ellos serán enjuiciados próximamente en un Juzgado de lo Penal.

El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, que ha instruido el caso, ha tomado esta decisión en un auto notificado hoy después de que la Audiencia Provincial de Madrid revocara la resolución en la que dictó el sobreseimiento de las actuaciones respecto de Belda y de Córdova, que de este modo vuelven a estar imputados y serán juzgados junto a los demás.

Pedirá dos años de prisión

La Fiscalía pedirá dos años de prisión y la inhabilitación profesional durante el mismo tiempo para el doctor Eufemiano Fuentes y para otras cuatro personas por las "prácticas tendentes a elevar artificialmente el rendimiento físico de ciclistas" descubiertas en 2006 en la "operación Puerto".

En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal acusa a Fuentes, a su hermana Yolanda y a Merino, Saiz y Labarta de un delito continuado contra la salud pública.

Los procesados realizaban un proceso llamado "glicerolización", consistente en la preparación de concentraciones de hematíes con un alto nivel de hematocrito -que eleva el rendimiento físico- que se transfundían a los deportistas, lo que, según el fiscal, "ponía en peligro la salud" de éstos, ya que aumentaba la viscosidad de la sangre y, por tanto, el esfuerzo al que se somete a su corazón.

Según el Ministerio Público, al menos durante 2006, Eufemiano Fuentes y José Luis Merino, jefe del servicio de Hematología del hospital La Princesa de Madrid, llevaron a cabo extracciones sanguíneas a los interesados y después, con máquinas ACP, centrifugaban las muestras y obtenían un concentrado de hematíes.

El proceso de la 'Operación Puerto'

Tras un proceso de congelación, descongelación y "deglicorización" de la sangre, se llevaba a cabo la transfusión al deportista en el momento en que se quería elevar su nivel normal de hematocrito y, por tanto, su rendimiento físico.

Manuel Saiz, José Ignacio Labarta, Yolanda Fuentes -entonces jefa del equipo médico del Comunidad Valenciana- y el exciclista Alberto León, fallecido el pasado mes de enero, contrataban los servicios de Eufemiano Fuentes y de José Luis Merino "a cambio de una remuneración económica".

Así, programaban las etapas de carreras ciclistas con las dosis que se debían ir suministrando para obtener "óptimos resultados", dice el escrito, y procedían a realizar a los corredores participantes extracciones y transfusiones sanguíneas que se realizaban en habitaciones de hotel "y sin las suficientes garantías higiénico-sanitarias".

Material hallado

Los acusados, según el fiscal, transportaban el material "en mochilas sin refrigeración alguna y sin una identificación clara de las muestras ni practicando los pertinentes controles hematológicos", con el consiguiente peligro para la salud de los ciclistas.

Parte del material fue hallado en los registros realizados en los pisos de Fuentes y de Merino el 23 de mayo de 2006, día en que ambos fueron detenidos junto a Merino, Labarta y Alberto León.

La "operación Puerto" fue reabierta en febrero de 2008 por orden de la Audiencia Provincial de Madrid, que estimó los recursos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra su archivo inicial en marzo de 2007 por el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid.