LOS JUBILADOS PAGARÁN ENTRE 8 Y 18 EUROS AL MES POR SUS FÁRMACOS
La ministra de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha acordado este miércoles
con las comunidades autónomas implantar por primera vez en la
historia del Sistema Nacional de Salud (SNS) el copago de
medicamentos para los ciudadanos con pensiones contributivas, que
deberán pagar en las farmacias un 10 por ciento del precio de los
medicamentos con receta que consuman hasta un máximo de 8 ó 18 euros
al mes en función de su pensión.
No habrá copago sanitario pero sí habrá copago
farmacéutico. La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha acordado con las
CCAA que los pensionistas paguen un 10% del precio de los medicamentos
con receta hasta un máximo de 8 ó 18 euros al mes en función de su
pensión.
También, los trabajadores en activo pagarán los fármacos en función de su renta.
En cambio, a los parados que ya han agotado su prestación por
desempleo les saldrán gratis "hasta que encuentren trabajo". Además,
Mato ha anunciado que se modificará la ley española para acabar con el
turismo sanitario y ahorrar 1.000 millones de euros.
Tras el acuerdo de Sanidad y las comunidades, la modificación del
actual sistema de copago farmacéutico acordado reduce el número de
personas que no tienen que pagar por sus medicamentos con receta en la
farmacia, algo de lo que sólo se beneficiarán los parados sin
prestación y las personas con pensiones no contributivas o renta de
reinserción.
A partir de ahí, se establecen diferentes categorías "según la renta"
para los trabajadores activos y para el resto de pensionistas, que a
partir de ahora tendrán que pagar un porcentaje del precio de sus
medicinas.
"No pagan los que tienen menos y pagan más los que tienen más, y a partir de ahí se gradúa", ha explicado Mato.
En concreto, los pensionistas pagarán un 10 por ciento del precio de
sus medicamentos. No obstante, aquellos con rentas inferiores a los
18.000 euros no pagarán más de 8 euros al mes, un límite que para los
pensionistas con rentas de más de 18.000 euros será de 18 euros
mensuales.
Por otra parte, en el caso de los trabajadores activos, se establecen
diferentes porcentajes de copago en función de la renta que acaba con
el 40 por ciento que se pagaba anteriormente. A partir de ahora, este
porcentaje sólo será válido para trabajadores cuya renta sea inferior a
los 18.000 euros anuales, que no tienen obligación de tributar en el
IRPF, y para familias numerosas.
Sin embargo, para aquellos que ganan más de 18.000 euros anuales, la
aportación será de un 50 por ciento, mientras que aquellos
trabajadores con rentas iguales o superiores a los 100.000 euros
anuales pasarán a pagar un 60 por ciento, hasta un máximo de 60 euros
mensuales.
«Ningún afán recaudatorio»
Además, Mato ha insistido en que "esta medida no tiene ningún afán
recaudatorio" ya que, si hubiera sido ese su objetivo, "hubieran
optado por otras medidas como la tasa de un euro por receta" de
Cataluña que, a su juicio, "no es la más justa".
Lo cierto es que el objetivo, ha explicado, es "poner en valor el
medicamento" y evitar que "se tiren fármacos a la basura". España es
actualmente el segundo país qué mas fármacos consume "cuando no
estamos tan enfermos", y cada año se destruyen 3.700 toneladas de
medicamentos que han caducado o no se han utilizado.
Esta modificación del sistema de copago farmacéutico se aprobará en el
próximo Consejo de Ministros y, según ha avanzado Mato, se podrá
poner en marcha en los próximos dos meses una vez se resuelvan las
modificaciones técnicas que necesita.
Asimismo, Mato ha anunciado que el Gobierno ha acordado junto con las
comunidades incorporar al Derecho español, un artículo que "prohíbe de
forma explícita desplazarse en busca de atención sanitaria", para
acabar con el turismo sanitario y ahorrar 1.000 millones de euros.
"Como no hemos incorporado ese artículo muchos europeos se desplazan a
España únicamente en busca de atención sanitaria. Hasta tal punto que
hay personas europeas que tienen más derechos sanitarios que muchos
españoles", ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo
Inteterritorial de Sanidad.
De este modo, ha añadido, se pretende "acabar con el turismo sanitario
y con los abusos que se producen por parte de los extranjeros que
vienen a España". En concreto, calculan que casi 700.000 extranjeros
han accedido sin derecho a la tarjeta sanitaria, lo que ha ocasionado
un gasto de 917 millones de euros.
Lo cierto es que esta decisión, ha explicado, se produce después de
valorar un informe del Tribunal de Cuentas donde se recomendaba
cambiar la actual legislación relativa al desplazamiento sanitario.
Así como se aseguraba que "se ha utilizado mal la asistencia sanitaria
en la sanidad por parte de los extranjeros, tanto europeos como de
otros países".
Como ejemplo, ha denunciado que "hay personas que viene a España, se
empadronan y con ese empadronamiento obtienen la tarjeta sanitaria, la
convierten en tarjeta europea, se vuelven a su país de origen y la
factura de su país de origen la pagamos en España".
Cartera común básica de servicios
Asimismo, Sanidad y las comunidades han acordado establecer una
cartera común de servicios del SNS, que "asegure que todos los
españoles, con independencia de la comunidad autónoma en la que vivan,
tengan acceso a las mismas prestaciones sanitarias, de la más alta
calidad".
Para ello, se establece una cartera común básica de servicios
asistenciales. Incluirá, como hasta ahora, los servicios de
prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se dispensan
en centros sanitarios o sociosanitarios, así como el transporte
sanitario urgente, y que están cubiertos de forma completa por
financiación pública.
Además, también habrá una cartera común suplementaria que incluirá las
prestaciones cuya provisión se realiza mediante dispensación
ambulatoria, y que están ya sujetas a aportación del usuario.
Junto a esta cartera habrá otra de servicios accesorios, con
actividades, servicios o técnicas que, no siendo prestación sanitaria,
se consideran imprescindibles para ciertas patologías, caso de los
cosméticos para pacientes con enfermedades raras.
Por otro lado, Mato ha destacado la creación de la Agencia de
Evaluación de Tecnologías, que será la encargada de determinar la
ordenación de la cartera de servicios. Estas mejoras permitirán
maximizar la eficiencia y generar un ahorro de unos 500 millones.
También, se ha acordado unificar el criterio de participación de los
usuarios en productos farmacéuticos, ortoprótesis, dietoterápicos y
transporte sanitario no urgente.
En lo que se refiere a Recursos Humanos, el Consejo ha acordado
elaborar un catálogo homogéneo de categorías profesionales, donde se
establezcan las equivalencias entre los distintos servicios de salud.
El objetivo es facilitar la movilidad de los profesionales sanitarios.
Además, se regulan las áreas de capacitación para hacer realidad las
superespecialidades. Por ejemplo, la cirugía cardíaca infantil. Estas
medidas permitirán una eficiencia de 470 millones de euros.
Por otro lado, también se ha tratado sobre la plataforma centralizada
de compras, que se considera que permitirá un ahorro de entre el 15 y
el 50 por ciento frente al sistema de compras individualizado para
cada Comunidad Autónoma que se emplea, lo que supone más de 1.000
millones.
La plataforma centralizada ya se ha puesto en marcha en proyectos
concretos, como la adquisición de las vacunas para la gripe estacional
para la temporada 2012-2013, a la que se han adherido catorce
comunidades autónomas.
Por su parte, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel
Soria, entiende que en estos momentos de crisis, en los que hay un
déficit presupuestario, hay que "distinguir si es posible o no la
cultura del gratis total", en referencia al debate del copago
farmacéutico.
Además, el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa,
Fernando Jiménez Latorre, ha defendido este miércoles que tanto la
propuesta de que los jubilados paguen el 10 por ciento de los
medicamentos como el resto de iniciativas que puedan surgir en el
marco de la reforma sanitaria buscan únicamente "situar el servicio en
la sostenibilidad".
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