Los procesos de transición en Egipto, Túnez y Libia enfrentan enormes obstáculos
Manifestantes egipcios protestaban hace un año en la Plaza Tahrir de El Cairo, para exigir la renuncia del entonces aún presidente Hosni Mubarak
En Egipto, las fotos más recientes de Hosni Mubarak lo muestran envejecido y enfermo. Con lentes de sol, postrado en una camilla, enfrenta junto con sus hijos y varios ex colaboradores un juicio que podría llevarlo a la horca. En Túnez, Zine El Abidine Ben Alí ha desaparecido.
Exiliado en Arabia Saudita, fue condenado en ausencia a más de 60 años de cárcel. Desde Libia, las últimas imágenes del ex dictador Muammar Gaddafi lo muestran muerto, en el piso de un refrigerador industrial junto a su hijo Mutassim. Fue humillado y asesinado por aquellos a quienes prometió “cazar como ratas”. Los opositores de cada país lograron derribar a los tres dictadores; sin embargo, su caída no significó en ninguno de los casos la llegada del cambio anhelado y la transición parece estancada.
Egipto
Un año después de la caída de Mubarak, el partido de los Hermanos Musulmanes y los salafistas arrasaron en las elecciones al Parlamento, celebradas en varias etapas entre noviembre y enero. Ambos partidos, que controlarán más de 70% de los escaños, planean impulsar medidas que han generado polémica en el país, como la conformación de una “policía religiosa”.
Sin embargo, el temor que en Occidente y en Egipto despierta la idea de un régimen islámico es sólo una arista del porvenir egipcio. Antes de que eso pase los partidos políticos deberán arrebatar el poder al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas para dejarlo en manos civiles.
La tarea no es fácil, considerando que Egipto ha sido gobernado durante los últimos 60 años por militares. Algunos cálculos estiman que el 30% de las empresas en el país está en manos de la milicia. Los cambios han sido a cuentagotas. Los problemas de fondo no ha sido superados.
Para hoy, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas anunció que eliminará el estado de emergencia vigente desde 1981, tras anunciar días atrás la liberación de casi 2 mil activistas, entre ellos un famoso bloguero acusado de “difamar al ejército”, mientras en los tribunales continúa el juicio contra Mubarak y sus hijos por su presunta responsabilidad en la muerte de decenas de manifestantes, así como en delitos de corrupción.
Sin embargo, existen otras dificultades. Grupos opositores han denunciado que sólo en los seis meses que siguieron al inicio de las protestas del 25 de enero de 2011, el número de civiles procesados en tribunales militares ascendió a 12 mil, mientras que en 30 años de gobierno de Mubarak sólo 2 mil personas fueron juzgadas por cortes castrenses.
La violencia se ha incrementado con tintes sectarios que amenazan con agravar la endeble estabilidad. Decenas de cristianos coptos han muerto en ataques a sus iglesias.
Además, el juicio a Mubarak que podría llevarlo a la horca es visto con desconfianza por la sociedad. Los Hermanos Musulmanes exigen a las Fuerzas Armadas que se castigue al ex dictador. “Nadie está por encima de sus responsabilidades”, sentenció su líder, Mohamed Badie.
Los Hermanos Musulmanes destacan otros pendientes en la transición. Consideran que hay un desgaste marcado en la relación Ejército-sociedad. Los militares que eran aplaudidos cuando se negaban a disparar contra los civiles hace un año, hoy son repudiados. La miseria y el desempleo se mantienen y los obstáculos a la transición perjudican a la economía del país. Muchas empresas siguen cerradas y las inversiones extranjeras se desploman en un escenario político volátil, cuando parece avecinarse otra recesión mundial.
Quizá la mejor forma de describir el panorama egipcio es la metáfora que hizo el Premio Nobel de la Paz, Mohamed El Baradei. Al declinar a contender por la presidencia del país, aseguró que “el capitán del barco ha rechazado toda la ayuda y ha continuado por el mismo camino, como si no hubiera un régimen”. Su renuncia preocupa a los militares, que ven el riesgo de que en torno a él se aviven las demandas de los independientes que, a un año de hacer historia, piden “una segunda revolución”.
Túnez
Casi un año después de la caída de Ben Alí, Túnez tiene un nuevo presidente, Moncef Marzuki, elegido por la Asamblea Constituyente que surgió de las elecciones con la tarea de convocar a comicios generales y redactar una Constitución que haga fluir el proceso de transición.
El 14 de enero pasado, la avenida Burguiba, en la capital tunecina, rebosaba. Como un año antes, miles de personas se congregaron para lanzar consignas contra el régimen y a favor de la revolución. Pero a diferencia de lo que vivió el país a principios de 2011, los tunecinos no lanzaban consignas en contra de Ben Alí, ahora exiliado en Arabia Saudita, sino contra otro actor que poco a poco ha ido ganando espacios en el país. En primera fila de los festejos por “la llegada de la democracia” al país, junto al presidente Marzuki y el primer ministro Hamadi Yabali, estaba el emir de Qatar, Hamad bin Jalifa al Zani.
Expertos como el internacionalista Mauricio Meschoulam han señalado como uno de los triunfadores de la “primavera árabe” a este pequeño emirato. Apoyando a los Hermanos Musulmanes en Egipto y reconociendo a los rebeldes libios, Qatar parece navegar en aguas favorables, siempre cercano a quienes encabezan ahora los sitios de poder en estos tres países.
Al interior de la nación aún no existe un consenso que pudiera dar visos de una transición cercana. El estancamiento político frena también las demandas sociales. Días antes del aniversario de las protestas, al menos seis personas se prendieron fuego, desesperados por la pobreza y la falta de empleo. La miseria se ha agravado con el mismo patrón que en Egipto: la inestabilidad del país ha alejado las inversiones y las ganancias generadas por el turismo.
Libia
Con el ex dictador enterrado y nuevas autoridades en Trípoli, la atomización de la sociedad libia amenaza con frenar la revolución en el país.
En uno de los peores desafíos al débil gobierno libio, los habitantes de Bani Walid, uno de los ex bastiones de Gaddafi y hogar de la tribu Warfallah, decidieron desconocer la autoridad del Consejo Nacional de Transición (CNT), expulsar a sus representantes y nombrar a sus propias autoridades.
Tras la caída de Gaddafi, el CNT buscó desarmar a los combatientes con iniciativas como la oferta de empleos y dádivas a cambio de las armas. Pero los intentos no han funcionado. Las nuevas autoridades no sólo enfrentan la oposición de las milicias que lucharon con ellos, sino la resistencia de ex gaddafistas. El descontento comienza a generalizarse. Hace una semana, cientos de personas atacaron la sede del CNT en Bengasi y exigieron la renuncia del presidente Abdul Jalil.
Libia tiene ya una hoja de ruta. El gobierno presentará una ley electoral, necesaria para que en junio se elija una Asamblea Constituyente y una comisión electoral. Si embargo, la redacción de una Constitución y la eventual celebración de elecciones democráticas para elegir a su presidente no parece cercana.
Por otra parte, sobre Libia aún pesan las críticas sobre la importancia que el CNT da a los derechos humanos. Investigar el linchamiento de Gaddafi fue uno de los compromisos de las nuevas autoridades, pero no se ha llevado a ninguno de sus perpetradores a la cárcel.
