A bordo del Titánic
El presidente del PP, Mariano Rajoy, en Génova, la noche del 20-N
Italia ha echado del Gobierno a sus políticos; ha puesto al frente a un tecnócrata como Mario Monti, excomisario europeo de Mercado Interior y Competencia respetado en Bruselas y en las instituciones financieras; se ha dotado de un Consejo de Ministros cuajado de economistas y gestores; ha puesto en marcha las reformas que le exigía la Unión Europea con grandes elogios de Merkel, y sigue penando en los mercados de deuda con unos intereses a largo plazo que superan la fatídica cota del 7%. Tampoco en Roma hay milagros.
En el caso de España ha sido una marea de votos la que en pocas semanas llevará a Mariano Rajoy a la presidencia del Gobierno con un programa que no por inconcreto deja de tener una melodía de ajustes y reformas que ejecuta al pie de la letra la partitura preferida de Berlín. Se supone que en democracia el mejor aval que puede tener un gobernante es un sólido apoyo popular, sobre todo cuando trata de aplicar unos planes que pueden recibir fuerte contestación social.
Pero, lejos de conceder una tregua, los mercados siguen apostando contra la capacidad de nuestro país de hacer frente a la emergencia económica. La deuda a 10 años cotiza al 6,6% de interés, codo a codo con la de Italia. Y entre ambos suman más del 25% del PIB de la eurozona.
Reducir el déficit a cualquier precio ha sido desde mayo de 2010 el mantra impuesto por un directorio europeo en el que Berlín ha silenciado las objeciones cada vez más irrelevantes de París. Algunos políticos y economistas venían advirtiendo desde hace meses sobre el riesgo de estrangulamiento de la economía que acarreaba esta política. Y la profecía se ha cumplido.
El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), el lobby de la gran banca mundial, acaba de anticipar para 2012 una caída del 1% de la economía europea. Lo que se traducirá en más deterioro de las finanzas públicas y en una mayor desconfianza ante la deuda soberana.
En este marco recesivo asumirá Rajoy el poder dentro de tres semanas por más que Angela Merkel, tan respetuosa de los procedimientos constitucionales alemanes, apremie públicamente. El calendario que marcan la ley electoral y el reglamento de las Cortes se antoja demasiado largo para situaciones de emergencia que pueden repetirse en el futuro, pero tiene plazos tasados.
La liturgia de las consultas del Rey y el proceso de investidura se han convertido de hecho en un obstáculo para que el ganador de las elecciones anticipe sus planes inmediatos y el nombre de sus principales colaboradores. Pero es posible que el parsimonioso Rajoy se sienta cómodo con este tiempo muerto, que dedica sobre todo a entrevistarse con empresarios y banqueros, toda una declaración de intenciones sobre sus prioridades.
Las previsiones económicas conocidas anticipan para España un primer semestre en recesión, con aumento del paro, y un ligero repunte en el segundo semestre. Mejorar ese horizonte de crecimiento cero para el conjunto del año y evitar que el desempleo pueda crecer por encima del 23% de la población activa es la prioridad casi única del primer año de Gobierno de Rajoy.
El compromiso más publicitado por el líder del PP durante la interminable campaña electoral ha sido el de cumplir en 2012 el objetivo del 4,4% de déficit comprometido con Europa. Esto supone un recorte presupuestario de unos 17.000 millones de euros, siempre que se cierre este año con un improbable 6%. Hay que sumar una probable caída de ingresos del Tesoro, al menos en el primer semestre, por causa de la recesión.
Si Rajoy hace efectiva su proclamada aversión a subir impuestos, la ecuación no tiene otra incógnita que las partidas a las que va a aplicar el durísimo ajuste necesario para cuadrar las cuentas. La dureza de la crisis ha inyectado en el ánimo colectivo una resignada aceptación de que vienen tiempos duros, pero el desafío de Rajoy es convencer a los ciudadanos de que el reparto del sacrificio es equitativo. En otro caso va a encontrarse con una oleada de estallidos sociales. Las huelgas intermitentes en la educación y la sanidad son un aviso.
El plan anunciado por Mas en Cataluña es toda una hoja de ruta que anticipa, sea cual sea el eufemismo elegido, fórmulas de copago en la sanidad pública, que gestionan las comunidades autónomas y que genera un déficit estructural estimado en más de 15.000 millones.
Convencer a la población de que la sanidad universal necesita algún tipo de contribución individual para eliminar abusos exige un esfuerzo pedagógico al que no están habituados nuestros políticos. Y enfeudarse en un conflicto abierto con el colectivo de médicos y sanitarios, que goza del más alto reconocimiento social en España, conduce a una derrota segura.
El colectivo de funcionarios públicos está llamado a nuevos sacrificios, sea a través de la congelación de salarios o de la reducción de complementos, y en todo caso por la reducción de plazas de jubilados que no se cubren. Las diversas capas burocráticas que se duplican o triplican en las administraciones territoriales exigen una reforma integral que va más allá de las urgencias presupuestarias del momento.
Rajoy votó en contra de la bajada de sueldos decidida por Zapatero, pero la dureza de la realidad no le deja ningún margen, a sabiendas de que es uno de los colectivos más afines al PP. Una de las primeras decisiones que debe tomar Rajoy nada más instalarse en La Moncloa es qué hacer con los sueldos de los funcionarios y las pensiones. Y en este último caso se ha comprometido a mantener su poder adquisitivo.
El próximo inquilino de La Moncloa ha solemnizado que su primera iniciativa será la ley de estabilidad presupuestaria, con la que, lejos de aliviar el calendario de reducción del déficit como proponía Rubalcaba, tratará de anticipar el límite que la reciente reforma constitucional fijaba para 2018. El sentido común al que tantas veces apela Rajoy le ha llevado a convertir en regla de oro ese viejo principio de administración doméstica de no gastar más de lo que se gana. Y en esto tendrá todos los plácemes de Merkel.
La pregunta del millón ahora es cómo reactivar la economía y crear empleo con una reducción tan drástica del gasto público. Rajoy se propone responder con dos reformas urgentes: la del mercado laboral y la del sistema financiero. La primera incluirá muchas de las demandas de la CEOE que los sindicatos han rechazado en las múltiples e infructuosas rondas de negociación: vinculación de los salarios a mejoras en la productividad, abaratamiento del despido, prioridad de los convenios de empresa, facilidades para la movilidad geográfica, contratos de aprendizaje…
Diversas instancias europeas urgen al presidente electo a abordar con decisión una reforma que flexibilice el mercado laboral, dando por fracasada la que le costó una huelga general a Zapatero. El comisario de Economía, Olli Rehn, le ha echado un cable al señalar que si él fuera un joven español se preguntaría por qué más del 40% de los jóvenes están en paro frente a un 5% en Holanda, y qué es lo que se ha hecho mal desde las instituciones. Con todo, la reforma de las leyes laborales no es un tema pacífico en el debate nacional, por explícitas que sean las directrices europeas.
La reforma del sistema financiero es una condición tanto o más necesaria para que las empresas inviertan y creen empleo. Bancos y cajas siguen lastrados por unos activos inmobiliarios sobrevalorados en sus balances, y el crédito es un bien escaso y caro. La prima de riesgo de la deuda soberana se transmite directamente a los costes financieros empresariales, que tienen que competir en desventaja frente a otras compañías europeas.
La intervención del Banco de Valencia, que formaba parte del perímetro de consolidación de Bankia, es una prueba más de que el sistema bancario español sigue necesitado de intervenciones quirúrgicas. Lo que sería inaceptable es que el necesario e inaplazable saneamiento de nuestro sistema financiero se hiciera con cargo al contribuyente. Bancos y cajas tienen que hacer frente en 2012 a vencimientos por más de 120.000 millones que auguran una escasa disposición a que fluya el crédito hacia las empresas.
El decenio de la exuberancia del crédito inmobiliario, convertido frecuentemente en una formidable maquinaria de corrupción política, está en la raíz de los problemas actuales de un sistema bancario que hace cuatro años se presentaba como uno de los más solventes del mundo. Rajoy ha defendido que los mecanismos de estabilidad europeos deben cubrir en parte el excesivo riesgo inmobiliario de la banca española, igual que se disponen a hacerlo con el impacto de la bancarrota griega en la banca alemana. Buen tema de conversación para la primera entrevista de Rajoy con Angela Merkel.
Normalizar el flujo del dinero exige acierto en las decisiones internas, pero remite en última instancia a Europa, donde reside la soberanía monetaria de nuestra moneda. El debate interminable sobre la creación de eurobonos, propuesta por la Comisión Europea como una fórmula para mutualizar los riesgos y tranquilizar a los mercados, se ha saldado con un nuevo y al parecer definitivo rechazo de la canciller alemana, que esta vez ha arrastrado consigo a un Sarkozy cada día más subalterno.
La canciller alemana solo está dispuesta a patrocinar junto a Sarkozy, en la próxima cumbre europea del 9 de diciembre, una reforma de los tratados que profundice la unión fiscal de la eurozona, esto es, la creación de un órgano con capacidad de supervisar previamente los presupuestos nacionales e imponer sanciones a los infractores. Las democracias modernas se edificaron sobre la máxima anglosajona de que “sin representación no hay impuestos”. Será interesante verificar cómo se cumple este principio en la propuesta germano-francesa. Cualquier fórmula que consagre una burocracia no sometida a control parlamentario sería un intolerable retroceso democrático.
Esa cumbre será formalmente la despedida de Zapatero del Consejo Europeo, pero su posición habrá sido previamente consensuada con Rajoy. El dossier de esa cumbre fue el tema central del primer encuentro que ambos mantuvieron en La Moncloa. Merkel y Sarkozy han anunciado, por su parte, que enviarán el proyecto a sus homólogos europeos con suficiente antelación. Rajoy tendrá tiempo para fijar criterio acerca de una cuestión que ocupará buena parte de sus preocupaciones en los próximos años.
Merkel no se ha conmovido en absoluto por el momentáneo revés de los mercados a su emisión de 6.000 millones, que el Bundesbank tuvo que absorber casi en un 40% por falta de demanda. Su determinación de no compartir con nadie la confianza ganada por el rigor presupuestario alemán está más allá de cualquier presión, venga de los Gobiernos de la eurozona, de la Comisión Europea o del frenesí de unos mercados que apuestan cada vez más abiertamente por una ruptura del euro. El pecador debe ser castigado, porque de otro modo nadie sabe dónde reside la culpa.
A medida que la voracidad de los mercados empieza a socavar incluso la posición de algunos países con la triple A (Francia o Austria), gana verosimilitud la metáfora del exministro italiano de Economía Giulio Tremonti, que describió a Angela Merkel como la última pasajera de primera clase del Titanic. Avanzando orgullosa y solitaria en la ruta del iceberg.
En el caso de España ha sido una marea de votos la que en pocas semanas llevará a Mariano Rajoy a la presidencia del Gobierno con un programa que no por inconcreto deja de tener una melodía de ajustes y reformas que ejecuta al pie de la letra la partitura preferida de Berlín. Se supone que en democracia el mejor aval que puede tener un gobernante es un sólido apoyo popular, sobre todo cuando trata de aplicar unos planes que pueden recibir fuerte contestación social.
Pero, lejos de conceder una tregua, los mercados siguen apostando contra la capacidad de nuestro país de hacer frente a la emergencia económica. La deuda a 10 años cotiza al 6,6% de interés, codo a codo con la de Italia. Y entre ambos suman más del 25% del PIB de la eurozona.
Reducir el déficit a cualquier precio ha sido desde mayo de 2010 el mantra impuesto por un directorio europeo en el que Berlín ha silenciado las objeciones cada vez más irrelevantes de París. Algunos políticos y economistas venían advirtiendo desde hace meses sobre el riesgo de estrangulamiento de la economía que acarreaba esta política. Y la profecía se ha cumplido.
El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), el lobby de la gran banca mundial, acaba de anticipar para 2012 una caída del 1% de la economía europea. Lo que se traducirá en más deterioro de las finanzas públicas y en una mayor desconfianza ante la deuda soberana.
En este marco recesivo asumirá Rajoy el poder dentro de tres semanas por más que Angela Merkel, tan respetuosa de los procedimientos constitucionales alemanes, apremie públicamente. El calendario que marcan la ley electoral y el reglamento de las Cortes se antoja demasiado largo para situaciones de emergencia que pueden repetirse en el futuro, pero tiene plazos tasados.
La liturgia de las consultas del Rey y el proceso de investidura se han convertido de hecho en un obstáculo para que el ganador de las elecciones anticipe sus planes inmediatos y el nombre de sus principales colaboradores. Pero es posible que el parsimonioso Rajoy se sienta cómodo con este tiempo muerto, que dedica sobre todo a entrevistarse con empresarios y banqueros, toda una declaración de intenciones sobre sus prioridades.
Las previsiones económicas conocidas anticipan para España un primer semestre en recesión, con aumento del paro, y un ligero repunte en el segundo semestre. Mejorar ese horizonte de crecimiento cero para el conjunto del año y evitar que el desempleo pueda crecer por encima del 23% de la población activa es la prioridad casi única del primer año de Gobierno de Rajoy.
El compromiso más publicitado por el líder del PP durante la interminable campaña electoral ha sido el de cumplir en 2012 el objetivo del 4,4% de déficit comprometido con Europa. Esto supone un recorte presupuestario de unos 17.000 millones de euros, siempre que se cierre este año con un improbable 6%. Hay que sumar una probable caída de ingresos del Tesoro, al menos en el primer semestre, por causa de la recesión.
Si Rajoy hace efectiva su proclamada aversión a subir impuestos, la ecuación no tiene otra incógnita que las partidas a las que va a aplicar el durísimo ajuste necesario para cuadrar las cuentas. La dureza de la crisis ha inyectado en el ánimo colectivo una resignada aceptación de que vienen tiempos duros, pero el desafío de Rajoy es convencer a los ciudadanos de que el reparto del sacrificio es equitativo. En otro caso va a encontrarse con una oleada de estallidos sociales. Las huelgas intermitentes en la educación y la sanidad son un aviso.
El plan anunciado por Mas en Cataluña es toda una hoja de ruta que anticipa, sea cual sea el eufemismo elegido, fórmulas de copago en la sanidad pública, que gestionan las comunidades autónomas y que genera un déficit estructural estimado en más de 15.000 millones.
Convencer a la población de que la sanidad universal necesita algún tipo de contribución individual para eliminar abusos exige un esfuerzo pedagógico al que no están habituados nuestros políticos. Y enfeudarse en un conflicto abierto con el colectivo de médicos y sanitarios, que goza del más alto reconocimiento social en España, conduce a una derrota segura.
El colectivo de funcionarios públicos está llamado a nuevos sacrificios, sea a través de la congelación de salarios o de la reducción de complementos, y en todo caso por la reducción de plazas de jubilados que no se cubren. Las diversas capas burocráticas que se duplican o triplican en las administraciones territoriales exigen una reforma integral que va más allá de las urgencias presupuestarias del momento.
Rajoy votó en contra de la bajada de sueldos decidida por Zapatero, pero la dureza de la realidad no le deja ningún margen, a sabiendas de que es uno de los colectivos más afines al PP. Una de las primeras decisiones que debe tomar Rajoy nada más instalarse en La Moncloa es qué hacer con los sueldos de los funcionarios y las pensiones. Y en este último caso se ha comprometido a mantener su poder adquisitivo.
El próximo inquilino de La Moncloa ha solemnizado que su primera iniciativa será la ley de estabilidad presupuestaria, con la que, lejos de aliviar el calendario de reducción del déficit como proponía Rubalcaba, tratará de anticipar el límite que la reciente reforma constitucional fijaba para 2018. El sentido común al que tantas veces apela Rajoy le ha llevado a convertir en regla de oro ese viejo principio de administración doméstica de no gastar más de lo que se gana. Y en esto tendrá todos los plácemes de Merkel.
La propuesta del PP de que Europa cubra parte del riesgo inmobiliario de la banca española es un tema a tratar con Merkel
Diversas instancias europeas urgen al presidente electo a abordar con decisión una reforma que flexibilice el mercado laboral, dando por fracasada la que le costó una huelga general a Zapatero. El comisario de Economía, Olli Rehn, le ha echado un cable al señalar que si él fuera un joven español se preguntaría por qué más del 40% de los jóvenes están en paro frente a un 5% en Holanda, y qué es lo que se ha hecho mal desde las instituciones. Con todo, la reforma de las leyes laborales no es un tema pacífico en el debate nacional, por explícitas que sean las directrices europeas.
El plan anunciado por Mas en Cataluña es una hoja de ruta que anticipa fórmulas de copago en la sanidad pública
La intervención del Banco de Valencia, que formaba parte del perímetro de consolidación de Bankia, es una prueba más de que el sistema bancario español sigue necesitado de intervenciones quirúrgicas. Lo que sería inaceptable es que el necesario e inaplazable saneamiento de nuestro sistema financiero se hiciera con cargo al contribuyente. Bancos y cajas tienen que hacer frente en 2012 a vencimientos por más de 120.000 millones que auguran una escasa disposición a que fluya el crédito hacia las empresas.
El decenio de la exuberancia del crédito inmobiliario, convertido frecuentemente en una formidable maquinaria de corrupción política, está en la raíz de los problemas actuales de un sistema bancario que hace cuatro años se presentaba como uno de los más solventes del mundo. Rajoy ha defendido que los mecanismos de estabilidad europeos deben cubrir en parte el excesivo riesgo inmobiliario de la banca española, igual que se disponen a hacerlo con el impacto de la bancarrota griega en la banca alemana. Buen tema de conversación para la primera entrevista de Rajoy con Angela Merkel.
Normalizar el flujo del dinero exige acierto en las decisiones internas, pero remite en última instancia a Europa, donde reside la soberanía monetaria de nuestra moneda. El debate interminable sobre la creación de eurobonos, propuesta por la Comisión Europea como una fórmula para mutualizar los riesgos y tranquilizar a los mercados, se ha saldado con un nuevo y al parecer definitivo rechazo de la canciller alemana, que esta vez ha arrastrado consigo a un Sarkozy cada día más subalterno.
Ni eurobonos, ni intervenciones masivas del BCE en los mercados de deuda, ni presiones políticas sobre un banco cuya independencia se define en sus estatutos.
La canciller alemana solo está dispuesta a patrocinar junto a Sarkozy, en la próxima cumbre europea del 9 de diciembre, una reforma de los tratados que profundice la unión fiscal de la eurozona, esto es, la creación de un órgano con capacidad de supervisar previamente los presupuestos nacionales e imponer sanciones a los infractores. Las democracias modernas se edificaron sobre la máxima anglosajona de que “sin representación no hay impuestos”. Será interesante verificar cómo se cumple este principio en la propuesta germano-francesa. Cualquier fórmula que consagre una burocracia no sometida a control parlamentario sería un intolerable retroceso democrático.
Esa cumbre será formalmente la despedida de Zapatero del Consejo Europeo, pero su posición habrá sido previamente consensuada con Rajoy. El dossier de esa cumbre fue el tema central del primer encuentro que ambos mantuvieron en La Moncloa. Merkel y Sarkozy han anunciado, por su parte, que enviarán el proyecto a sus homólogos europeos con suficiente antelación. Rajoy tendrá tiempo para fijar criterio acerca de una cuestión que ocupará buena parte de sus preocupaciones en los próximos años.
Merkel no se ha conmovido en absoluto por el momentáneo revés de los mercados a su emisión de 6.000 millones, que el Bundesbank tuvo que absorber casi en un 40% por falta de demanda. Su determinación de no compartir con nadie la confianza ganada por el rigor presupuestario alemán está más allá de cualquier presión, venga de los Gobiernos de la eurozona, de la Comisión Europea o del frenesí de unos mercados que apuestan cada vez más abiertamente por una ruptura del euro. El pecador debe ser castigado, porque de otro modo nadie sabe dónde reside la culpa.
A medida que la voracidad de los mercados empieza a socavar incluso la posición de algunos países con la triple A (Francia o Austria), gana verosimilitud la metáfora del exministro italiano de Economía Giulio Tremonti, que describió a Angela Merkel como la última pasajera de primera clase del Titanic. Avanzando orgullosa y solitaria en la ruta del iceberg.
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