El Gobierno suprime el plan de creación de guarderías y aplaza otro año la ampliación del permiso de paternidad a cuatro semanas. La dependencia se resiente
El Gobierno no va a dejar ni un capítulo sin recorte. Incluidos los
sociales, aunque afecten a sus ofertas del programa electoral y a sus
planteamientos de defensa a ultranza de la familia y la maternidad —que padece “una violencia estructural”, según el ministro de Justicia—.
El proyecto de las cuentas públicas rebaja los presupuestos de
servicios básicos para favorecer un compromiso estrella del programa
electoral PP en bienestar: la conciliación de la vida laboral y
familiar.
Las reducciones de fondos afectan a las tres patas imprescindibles para lograr ese equilibrio: corresponsabilidad de los hombres en las tareas de cuidado —se pospone la ampliación del permiso de paternidad— y servicios de atención para los niños y los mayores dependientes —cuyas dotaciones se reducen—.
“Impulsaremos la extensión de la educación infantil de cero a tres años para satisfacer las necesidades de conciliación por parte de las familias”, decía el programa electoral del PP.
Lejos de hacer eso, el Ministerio de Educación ha eliminado el programa que desde 2008 estaba destinado a crear plazas para menores de tres años, Educa3, que el año pasado contó con un presupuesto de 100 millones de euros —tenía que renovarse en 2012 y no va a ocurrir—.
La explicación que este miércoles dio la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, es que la situación económica ha obligado a fijar unas prioridades que han dejado fuera ese programa, entre otros.
La enseñanza para menores de tres años es una etapa más “asistencial” que educativa, dijo Gomendio. Y, aparte de que multitud de expertos no están en absoluto de acuerdo con esa afirmación, el hecho es que ese impulso de las plazas de cero a tres años se detiene, ya que no existe ninguna partida similar en el área de Servicios Sociales.
El programa Educa3 nació en 2008 con la intención de crear 300.000 nuevas plazas públicas de calidad para menores de tres años, que era más o menos la oferta desatendida que se calculó entonces. Al final de 2010, solo se habían creado 71.000 plazas, por lo que aún queda mucha demanda por cubrir, pues con los recortes autonómicos no es muy probable que en 2011 se acelerase el proceso.
Tomando las cifras de población de 2011 y los datos de alumnado matriculado del curso 2010-2011, el resultado es que hay plazas públicas es escuelas infantiles para atender al 15% de los niños menores de tres años, y, si se cuenta la privada, el porcentaje se dobla, llega al 30%.
El tajo presupuestario en Educación puede afectar incluso a las familias numerosas. Entre los 166 millones de rebajas en las becas a estudiantes, el Gobierno ha recortado la partida destinada a la gratuidad o reducción del precio de la matrícula universitaria para familias numerosas de tres hijos.
El año pasado, este apartado tenía una partida propia de 30 millones de euros, pero en 2012, se colocan dentro de la partida general de exención de matrícula para becarios, sin que haya aumentado el monto de esta, por lo que por un lado o por otro se pierden esos 30 millones.
El presupuesto para escuelas infantiles cae, y también lo hace la ampliación del tiempo remunerado destinado a que los padres trabajadores atiendan a sus bebés. Tendrá que esperar. El Ejecutivo ha decidido aplazar hasta el 1 de enero de 2013 la ampliación de dos a cuatro semanas de este permiso por nacimiento de hijo, adopción o acogida.
Se trata de la segunda prórroga, ya que, pese a que la extensión debía haber entrado en vigor en enero de 2011, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lo pospuso un año.
Esta medida se ha tomado casi de puntillas —figura en la Disposición Final Undécima del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2012 presentados este martes—. En su programa, el PP ya se tentaba la ropa.
Proponía ampliar este permiso “de forma acompasada a la mejora de la situación económica general, estableciendo un periodo mínimo obligatorio”. Desde marzo de 2007, la Ley de Igualdad reconoció a los padres una licencia por nacimiento de hijos, independiente del de la madre, de 13 días sumados a los dos que ya existían por tener un bebé.
Era un derecho pensado para avanzar en la corresponsabilidad de hombres y mujeres en las tareas de cuidado. La falta de un reparto equilibrado en estas tareas actúa como un freno en el acceso de la mujer al empleo y especialmente si es en jornada completa.
Tal como reconoce el PP en su programa electoral, “la mayor carga de las dificultades de conciliación laboral y familiar sigue recayendo en la mujer” y estos obstáculos son, según los populares, “la principal barrera que impide lograr la plena igualdad entre hombres y mujeres”.
Se supone que este será el último año que se aplaza la efectividad de la medida. Y es que a Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados aprobó en marzo por unanimidad un texto pactado por el PP y UPyD en el que pide al Gobierno que no vuelva a retrasar la entrada en vigor de la ampliación a cuatro semanas del permiso de paternidad más allá del 1 de enero de 2013.
El año pasado lo tomaron 269.715 padres. La cuantía que percibe el progenitor que esté dado de alta en la Seguridad Social es el 100% de la base reguladora del salario —que incluye conceptos como nocturnidad, complementos de puesto, dietas y todos los particulares que cada trabajador tenga asignado por nómina—.
La atención a los dependientes (niños, ancianos, discapacitados) ha recaído tradicionalmente en las familias, sobre todo en las mujeres, por tanto, recortar en este capítulo no ayuda en nada a la conciliación laboral y personal. Pues bien, la financiación de la dependencia ha sufrido un recorte de 283 millones de euros, una partida entera que cada año se destinaba a las comunidades para la dependencia.
Tratándose de un sistema ya insuficientemente financiado, muchas comunidades pasarán aún más estrecheces para atender a los beneficiarios, máxime si se trata de prestar cuidados profesionales, más caros, pero los que, en la práctica, ayudarían a las mujeres a permanecer en el mercado laboral.
Y finalmente, tener un trabajo y un salario supone en sí mismo una ayuda a la maternidad. La propia Ley de Dependencia, en su exposición de motivos, reconoce que la incorporación de la mujer al trabajo remunerado hace necesaria la revisión de los cuidados de dependientes en casa.
Pero el déficit público de las comunidades prácticamente ha paralizado en los últimos meses el desarrollo del sistema. Este recorte de 283 millones, que incide directamente en los recursos que manejan las autonomías podría, a decir de los expertos, incidir aún más en esa parálisis que ya afecta a alrededor de 300.000 personas que, con el derecho reconocido, aún esperan por su ayuda.
“Estas cuentas públicas suponen un retroceso terrible. No habrá conciliación”, afirma la socióloga Constanza Tobío, experta en conciliación. “Volverá a ser un tema de segunda fila, como en los años ochenta del pasado siglo”, prosigue esta catedrática de la Universidad Carlos III. “Además, se está rompiendo el modelo puesto en marcha en los últimos ocho años, en el que la conciliación y la igualdad iban de la mano”, lamenta.
Las reducciones de fondos afectan a las tres patas imprescindibles para lograr ese equilibrio: corresponsabilidad de los hombres en las tareas de cuidado —se pospone la ampliación del permiso de paternidad— y servicios de atención para los niños y los mayores dependientes —cuyas dotaciones se reducen—.
“Impulsaremos la extensión de la educación infantil de cero a tres años para satisfacer las necesidades de conciliación por parte de las familias”, decía el programa electoral del PP.
Lejos de hacer eso, el Ministerio de Educación ha eliminado el programa que desde 2008 estaba destinado a crear plazas para menores de tres años, Educa3, que el año pasado contó con un presupuesto de 100 millones de euros —tenía que renovarse en 2012 y no va a ocurrir—.
La explicación que este miércoles dio la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, es que la situación económica ha obligado a fijar unas prioridades que han dejado fuera ese programa, entre otros.
La enseñanza para menores de tres años es una etapa más “asistencial” que educativa, dijo Gomendio. Y, aparte de que multitud de expertos no están en absoluto de acuerdo con esa afirmación, el hecho es que ese impulso de las plazas de cero a tres años se detiene, ya que no existe ninguna partida similar en el área de Servicios Sociales.
El programa Educa3 nació en 2008 con la intención de crear 300.000 nuevas plazas públicas de calidad para menores de tres años, que era más o menos la oferta desatendida que se calculó entonces. Al final de 2010, solo se habían creado 71.000 plazas, por lo que aún queda mucha demanda por cubrir, pues con los recortes autonómicos no es muy probable que en 2011 se acelerase el proceso.
Tomando las cifras de población de 2011 y los datos de alumnado matriculado del curso 2010-2011, el resultado es que hay plazas públicas es escuelas infantiles para atender al 15% de los niños menores de tres años, y, si se cuenta la privada, el porcentaje se dobla, llega al 30%.
El tajo presupuestario en Educación puede afectar incluso a las familias numerosas. Entre los 166 millones de rebajas en las becas a estudiantes, el Gobierno ha recortado la partida destinada a la gratuidad o reducción del precio de la matrícula universitaria para familias numerosas de tres hijos.
El año pasado, este apartado tenía una partida propia de 30 millones de euros, pero en 2012, se colocan dentro de la partida general de exención de matrícula para becarios, sin que haya aumentado el monto de esta, por lo que por un lado o por otro se pierden esos 30 millones.
El presupuesto para escuelas infantiles cae, y también lo hace la ampliación del tiempo remunerado destinado a que los padres trabajadores atiendan a sus bebés. Tendrá que esperar. El Ejecutivo ha decidido aplazar hasta el 1 de enero de 2013 la ampliación de dos a cuatro semanas de este permiso por nacimiento de hijo, adopción o acogida.
Se trata de la segunda prórroga, ya que, pese a que la extensión debía haber entrado en vigor en enero de 2011, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lo pospuso un año.
Esta medida se ha tomado casi de puntillas —figura en la Disposición Final Undécima del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2012 presentados este martes—. En su programa, el PP ya se tentaba la ropa.
Proponía ampliar este permiso “de forma acompasada a la mejora de la situación económica general, estableciendo un periodo mínimo obligatorio”. Desde marzo de 2007, la Ley de Igualdad reconoció a los padres una licencia por nacimiento de hijos, independiente del de la madre, de 13 días sumados a los dos que ya existían por tener un bebé.
Era un derecho pensado para avanzar en la corresponsabilidad de hombres y mujeres en las tareas de cuidado. La falta de un reparto equilibrado en estas tareas actúa como un freno en el acceso de la mujer al empleo y especialmente si es en jornada completa.
Tal como reconoce el PP en su programa electoral, “la mayor carga de las dificultades de conciliación laboral y familiar sigue recayendo en la mujer” y estos obstáculos son, según los populares, “la principal barrera que impide lograr la plena igualdad entre hombres y mujeres”.
Se supone que este será el último año que se aplaza la efectividad de la medida. Y es que a Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados aprobó en marzo por unanimidad un texto pactado por el PP y UPyD en el que pide al Gobierno que no vuelva a retrasar la entrada en vigor de la ampliación a cuatro semanas del permiso de paternidad más allá del 1 de enero de 2013.
El año pasado lo tomaron 269.715 padres. La cuantía que percibe el progenitor que esté dado de alta en la Seguridad Social es el 100% de la base reguladora del salario —que incluye conceptos como nocturnidad, complementos de puesto, dietas y todos los particulares que cada trabajador tenga asignado por nómina—.
La atención a los dependientes (niños, ancianos, discapacitados) ha recaído tradicionalmente en las familias, sobre todo en las mujeres, por tanto, recortar en este capítulo no ayuda en nada a la conciliación laboral y personal. Pues bien, la financiación de la dependencia ha sufrido un recorte de 283 millones de euros, una partida entera que cada año se destinaba a las comunidades para la dependencia.
Tratándose de un sistema ya insuficientemente financiado, muchas comunidades pasarán aún más estrecheces para atender a los beneficiarios, máxime si se trata de prestar cuidados profesionales, más caros, pero los que, en la práctica, ayudarían a las mujeres a permanecer en el mercado laboral.
Y finalmente, tener un trabajo y un salario supone en sí mismo una ayuda a la maternidad. La propia Ley de Dependencia, en su exposición de motivos, reconoce que la incorporación de la mujer al trabajo remunerado hace necesaria la revisión de los cuidados de dependientes en casa.
Pero el déficit público de las comunidades prácticamente ha paralizado en los últimos meses el desarrollo del sistema. Este recorte de 283 millones, que incide directamente en los recursos que manejan las autonomías podría, a decir de los expertos, incidir aún más en esa parálisis que ya afecta a alrededor de 300.000 personas que, con el derecho reconocido, aún esperan por su ayuda.
“Estas cuentas públicas suponen un retroceso terrible. No habrá conciliación”, afirma la socióloga Constanza Tobío, experta en conciliación. “Volverá a ser un tema de segunda fila, como en los años ochenta del pasado siglo”, prosigue esta catedrática de la Universidad Carlos III. “Además, se está rompiendo el modelo puesto en marcha en los últimos ocho años, en el que la conciliación y la igualdad iban de la mano”, lamenta.
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