La propietaria de la mina San José debe pagar 3,8 millones de los 16,7 que costó la operación
La demanda se basa en las irregularidades que precedieron al accidente minero
El primer minero rescatado abraza al presidente, el 13 de octubre de 2010.
La empresa propietaria de la mina San José, donde 33 mineros chilenos fueron rescatados en 2010 tras permanecer 70 días sepultados a 700 metros de profundidad, tendrá que pagar al Estado 3,8 millones de euros para paliar los gastos de la operación, informaron fuentes del Consejo de Defensa del Estado (CDE) citadas el martes por Efe en Santiago de Chile.
Para el Estado chileno, la operación de rescate, para la que hubo de utilizarse tecnología y material de perforación importados, supuso un gasto de 16,7 millones de euros. El 3 de noviembre de 2010, el CDE presentó la demanda a instancias del Gobierno en el VI Juzgado Civil de Santiago, por un monto total de 7,8 millones. Esta suma incluía el uso de las perforadoras, los tubos de encamisado encargados a Argentina, equipos de comunicación, repuestos para los taladros y otros equipos.
La demanda se basa en que la falta de fiscalización en la mina por los organismos públicos responsables, sumada a una autorización para que siguiera en operaciones tras un accidente anterior, fueron determinantes para que se produjera el derrumbe que dejó atrapados a los 33 trabajadores.
La cantidad final de la indemnización corresponde a un acuerdo alcanzado entre la empresa San Esteban, propietaria de la mina San José y controlada por Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, y el CDE en el marco del proceso judicial. El acuerdo final tiene en cuenta la poca liquidez de la empresa, cuyos activos estaban en proceso de ser liquidados, en el marco del proceso de quiebra que el afectaba.
El caso de los 33 mineros de Atacama, región donde estaba la mina, concitó atención mundial y atrajo a centenares de representantes de medios de comunicación al rincón del desierto chileno en que se desarrolló la odisea del grupo de trabajadores, a unos 830 kilómetros al norte de Santiago. El 5 de agosto de 2010, un derrumbe dejó atrapados a una profundidad imposible a los mineros. Después de 17 días de angustia, se logró contactar con ellos desde la superficie y los mineros enviaron un mensaje al exterior que conmovió al país: "Estamos bien en el refugio los 33".
El Gobierno chileno, con el presidente Sebastián Piñera a la cabeza de la operación, contrató maquinaria del extranjero y organizó un rescate espectacular en condiciones extremas que dio la vuelta al mundo y fue motivo de orgullo nacional durante meses. Los mineros terminaron de salir al exterior, todos en buenas condiciones, entre el 13 y el 14 de octubre, más de dos meses después del accidente.
En julio del año pasado, 31 de los 33 mineros presentaron una demanda contra el Estado por daños y perjuicios por un total de 7.750 millones de pesos (12 millones de euros), litigio que aún está en trámite.
El monto corresponde a un acuerdo alcanzado entre la empresa "San Esteban", propietaria de la mina San José y controlada por Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, y el CDE, en el marco de una demanda que este organismo presentó contra los empresarios.
Para el Estado chileno, la operación de rescate, para la que hubo de utilizarse tecnología y material de perforación importados, supuso un gasto de 16,7 millones de euros. El 3 de noviembre de 2010, el CDE presentó la demanda a instancias del Gobierno en el VI Juzgado Civil de Santiago, por un monto total de 7,8 millones. Esta suma incluía el uso de las perforadoras, los tubos de encamisado encargados a Argentina, equipos de comunicación, repuestos para los taladros y otros equipos.
La demanda se basa en que la falta de fiscalización en la mina por los organismos públicos responsables, sumada a una autorización para que siguiera en operaciones tras un accidente anterior, fueron determinantes para que se produjera el derrumbe que dejó atrapados a los 33 trabajadores.
La cantidad final de la indemnización corresponde a un acuerdo alcanzado entre la empresa San Esteban, propietaria de la mina San José y controlada por Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, y el CDE en el marco del proceso judicial. El acuerdo final tiene en cuenta la poca liquidez de la empresa, cuyos activos estaban en proceso de ser liquidados, en el marco del proceso de quiebra que el afectaba.
El caso de los 33 mineros de Atacama, región donde estaba la mina, concitó atención mundial y atrajo a centenares de representantes de medios de comunicación al rincón del desierto chileno en que se desarrolló la odisea del grupo de trabajadores, a unos 830 kilómetros al norte de Santiago. El 5 de agosto de 2010, un derrumbe dejó atrapados a una profundidad imposible a los mineros. Después de 17 días de angustia, se logró contactar con ellos desde la superficie y los mineros enviaron un mensaje al exterior que conmovió al país: "Estamos bien en el refugio los 33".
El Gobierno chileno, con el presidente Sebastián Piñera a la cabeza de la operación, contrató maquinaria del extranjero y organizó un rescate espectacular en condiciones extremas que dio la vuelta al mundo y fue motivo de orgullo nacional durante meses. Los mineros terminaron de salir al exterior, todos en buenas condiciones, entre el 13 y el 14 de octubre, más de dos meses después del accidente.
En julio del año pasado, 31 de los 33 mineros presentaron una demanda contra el Estado por daños y perjuicios por un total de 7.750 millones de pesos (12 millones de euros), litigio que aún está en trámite.
El monto corresponde a un acuerdo alcanzado entre la empresa "San Esteban", propietaria de la mina San José y controlada por Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, y el CDE, en el marco de una demanda que este organismo presentó contra los empresarios.
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