El sindicato mayoritario de la policía vuelve a denunciar identificaciones masivas sin justificación
La práctica es "heredera" del Gobierno anterior pero que el nuevo Ejecutivo "sigue haciéndolo"
Cifuentes tildó las "redadas étnicas" de "intolerables" y prometió erradicarlas
Varios policías identifican a extranjeros en la plaza de Tirso de Molina.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado una vez más que los agentes se ven obligados a efectuar en Madrid un "número desmesurado de detenciones" de inmigrantes por estancia ilegal. Como muestra, el portavoz del SUP, Jose María Benito, ha asegurado a este diario que en apenas cuatro días, entre el 9 y el 13 del pasado mes de febrero, hubo en la capital 370 arrestados por este motivo y 33 por atentado o resistencia a la autoridad. Estos cuatro días fueron escogidos "al azar", según Benito, que aporta la relación de detenidos en las comisarías de brigadas de distrito y locales de esos días.
El día 1, la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, aseveró que vigilará "muy de cerca" que no se practiquen redadas con criterios étnicos, una práctica que, de ocurrir, consideró "deplorable" e "inaceptable".
En su revista mensual Carnet por puntos de abril de 2011, el SUP lamenta que “el número de identificaciones que se producen en España cada año son millones" y que "solo unas pocas miles están justificadas en aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo”. Solo en Madrid hubo 450.000 identificaciones en 2009, apuntan en el boletín mensual, donde califican los datos como "demoledores".
En la publicación también afirman que es normal organizar un control de identidad en cualquier calle de España sobre cualquier ciudadano que circule por el lugar, pero se preguntan: “¿Es legal?”.
Benito explica que esta dinámica es "heredera" del Gobierno anterior pero afirma que con el nuevo Ejecutivo "se sigue haciendo lo mismo". Gilberto Torres, portavoz de la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados, confirma que nada ha cambiado del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al gobierno de Mariano Rajoy. "Siguen identificando a la gente por su apariencia, especialmente a negros y a latinos", atestigua.
El SUP sostiene, además, que "la ley Corcuera está siendo mal aplicada”. La sentencia del Tribunal Supremo establece que hay que identificar cuando se tengan fundadas sospechas de que a quien se identifica ha cometido un delito o puede cometerlo. Desde el sindicato denuncian las actuaciones contra policías derivadas "de esta práctica del sistema del palote al margen de la legalidad y contra los derechos civiles de los ciudadanos" y lanzan la pregunta de "cuántos policías de todos los cuerpos de seguridad son condenados por ello".
En Madrid, según Benito, ya hay varios agentes imputados por detención ilegal y ha anunciado que "ha llegado el momento de cambiar la situación aunque sea por puro egoísmo". "Es un riesgo para los policías", explica el portavoz del SUP, que apunta que, si cambian, la ley ellos "la cumplirán" pero que, de momento, "no es legal actuar de este modo".
El sindicato señala que si se analizan los delitos de atentado de la autoridad y resistencia, se descubriría que "la mayoría son cometidos por personas que se niegan a identificarse porque ya se les ha solicitado la documentación en numerosas ocasiones en fecha inmediatas sin justificación alguna". El problema, según Benito, es que estas detenciones cuentan como cualquier otra, "como si hubieran cometido un delito", asevera.
Torres sostiene indignado que estas personas que "solo" han cometido una falta administrativa (la de no tener documentos) se convierten "automáticamente" en delincuentes cuando "en realidad no lo son". Desde la Federación piden el cierre de los Centros de Internamiento para extranjeros (CIE) "porque es allí donde van a parar las personas que sufren estas detenciones raciales". Y, tras un silencio, añade: "son las cárceles del pueblo inmigrante".
El Sindicato Unificado de Policía es el mayoritario en el Cuerpo Nacional de Policía y ha denunciado en numerosas ocasiones que tanto en Madrid como en otras provincias españolas se producen identificaciones masivas de inmigrantes sin justificación.
Izquierda Unida ha reclamado que el Congreso de los Diputados condene los controles de identidad basados en rasgos étnicos y raciales que, según varias asociaciones y el propio Sindicato Unificado de Policía, se producen en barrios con alta concentración de población inmigrante.
Los firmantes de la iniciativa subrayan que, aunque desde el Gobierno siempre se ha negado la existencia de estos controles raciales, la propia ONU, a través del Comité para la Discriminación Racial, ha exigido a las autoridades españolas la "erradicación" de estas actuaciones. También la Comisión Europea, en su informe sobre Racismo y la Intolerancia de 2010 (página 45), reclamó a España que asegure "una prohibición efectiva de todas las prácticas en materia de perfiles étnicos por parte de las fuerzas policiales en todo el país".
Izquierda Unida ha denunciado que, lejos de cesar con el cambio de Gobierno, en las últimas semanas organizaciones sociales han denunciado que estas redadas se están llevando a cabo en las proximidades de comedores populares, albergues y lugares donde tienen su actividad asociaciones de inmigrantes, como el barrio de Lavapiés en Madrid
El día 1, la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, aseveró que vigilará "muy de cerca" que no se practiquen redadas con criterios étnicos, una práctica que, de ocurrir, consideró "deplorable" e "inaceptable".
En su revista mensual Carnet por puntos de abril de 2011, el SUP lamenta que “el número de identificaciones que se producen en España cada año son millones" y que "solo unas pocas miles están justificadas en aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo”. Solo en Madrid hubo 450.000 identificaciones en 2009, apuntan en el boletín mensual, donde califican los datos como "demoledores".
En la publicación también afirman que es normal organizar un control de identidad en cualquier calle de España sobre cualquier ciudadano que circule por el lugar, pero se preguntan: “¿Es legal?”.
Benito explica que esta dinámica es "heredera" del Gobierno anterior pero afirma que con el nuevo Ejecutivo "se sigue haciendo lo mismo". Gilberto Torres, portavoz de la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados, confirma que nada ha cambiado del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al gobierno de Mariano Rajoy. "Siguen identificando a la gente por su apariencia, especialmente a negros y a latinos", atestigua.
El SUP sostiene, además, que "la ley Corcuera está siendo mal aplicada”. La sentencia del Tribunal Supremo establece que hay que identificar cuando se tengan fundadas sospechas de que a quien se identifica ha cometido un delito o puede cometerlo. Desde el sindicato denuncian las actuaciones contra policías derivadas "de esta práctica del sistema del palote al margen de la legalidad y contra los derechos civiles de los ciudadanos" y lanzan la pregunta de "cuántos policías de todos los cuerpos de seguridad son condenados por ello".
En Madrid, según Benito, ya hay varios agentes imputados por detención ilegal y ha anunciado que "ha llegado el momento de cambiar la situación aunque sea por puro egoísmo". "Es un riesgo para los policías", explica el portavoz del SUP, que apunta que, si cambian, la ley ellos "la cumplirán" pero que, de momento, "no es legal actuar de este modo".
El sindicato señala que si se analizan los delitos de atentado de la autoridad y resistencia, se descubriría que "la mayoría son cometidos por personas que se niegan a identificarse porque ya se les ha solicitado la documentación en numerosas ocasiones en fecha inmediatas sin justificación alguna". El problema, según Benito, es que estas detenciones cuentan como cualquier otra, "como si hubieran cometido un delito", asevera.
Torres sostiene indignado que estas personas que "solo" han cometido una falta administrativa (la de no tener documentos) se convierten "automáticamente" en delincuentes cuando "en realidad no lo son". Desde la Federación piden el cierre de los Centros de Internamiento para extranjeros (CIE) "porque es allí donde van a parar las personas que sufren estas detenciones raciales". Y, tras un silencio, añade: "son las cárceles del pueblo inmigrante".
El Sindicato Unificado de Policía es el mayoritario en el Cuerpo Nacional de Policía y ha denunciado en numerosas ocasiones que tanto en Madrid como en otras provincias españolas se producen identificaciones masivas de inmigrantes sin justificación.
IU denuncia redadas raciales
Izquierda Unida ha reclamado que el Congreso de los Diputados condene los controles de identidad basados en rasgos étnicos y raciales que, según varias asociaciones y el propio Sindicato Unificado de Policía, se producen en barrios con alta concentración de población inmigrante.
Los firmantes de la iniciativa subrayan que, aunque desde el Gobierno siempre se ha negado la existencia de estos controles raciales, la propia ONU, a través del Comité para la Discriminación Racial, ha exigido a las autoridades españolas la "erradicación" de estas actuaciones. También la Comisión Europea, en su informe sobre Racismo y la Intolerancia de 2010 (página 45), reclamó a España que asegure "una prohibición efectiva de todas las prácticas en materia de perfiles étnicos por parte de las fuerzas policiales en todo el país".
Izquierda Unida ha denunciado que, lejos de cesar con el cambio de Gobierno, en las últimas semanas organizaciones sociales han denunciado que estas redadas se están llevando a cabo en las proximidades de comedores populares, albergues y lugares donde tienen su actividad asociaciones de inmigrantes, como el barrio de Lavapiés en Madrid
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