JUAN ANTONIO GONZÁLEZ, EL COMISARIO MÁS POLÉMICO DE LA ERA ZAPATERO
Juan Antonio González (i), en una imagen de archivo (EFE)
Pocos días le quedaban al gran sabueso para decirle adiós al cargo vía jubilación. Su sueño era colgar su inseparable gorra en la puerta y salir airoso del imperio que creó, como un pensionista privilegiado. Pero la victoria electoral del PP precipitó su salida. Con él, hizo también las maletas su inseparable compañero de estrategias, José Luis OIivera, el comisario jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), para quien diseñó un grupo policial a su medida que participó en operaciones tan polémicas como Ballena Blanca, Malaya o Hidalgo.
Mientras estas destituciones se sucedían en las esferas de Interior, en la ciudad de la Justicia de Málaga un letrado aprovechaba esos movimientos para preguntar al cerebro de la trama de corrupción en Marbella, Juan Antonio Roca, quién se escondía tras las siglas JAG. Y, una vez más, el exasesor urbanístico respondía con evasivas. “No me pronuncié ni me pienso pronunciar ahora…. la persona que responde a esas iniciales no está imputado en esta causa. Así que no diré nada”.
No era la primera vez que a Roca le preguntaban por las siglas JAG, que aparecen en uno de los documentos que se intervinieron en su domicilio durante la operación Malaya. Ya en su día, el juez Miguel Ángel Torres preguntó abiertamente durante una de las comparecencias de Roca: “¿Quién es JAG?”. Entonces, el imputado cogió la hoja de papel en sus manos y reconoció las anotaciones de los nombres como propias, aunque aseguró que no recordaba ni su finalidad ni su contenido porque eran antiguas.
Torres argumentó que su respuesta era incomprensible, dado que junto a las iniciales figuraba el cargo actualizado de cada uno de los mandos policiales citados… menos el de JAG. En dichas notas aparecen, “junto a una serie de anotaciones privadas que incluyen contactos, reuniones y cobros, pagos a una lista de personas de las que sólo registraba sus iniciales”. El nexo común entre los mandos policiales que constan en los documentos de Roca es claro: han tenido mando o son originarios de su tierra natal, Murcia, donde el detenido desarrolló numerosas inversiones urbanísticas. Una vez más, JAG era el gran protegido.
González, el más temido
Algunos decían en los pasillos de Interior que Juan Antonio González era “el más temido” debido a la información privilegiada que guardaba en sus archivos. De hecho, su jefe, el exministro de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, tuvo que dar más de una vez la cara por su hombre de máxima confianza. Todos recuerdan las palabras del excandidato a la presidencia cuando, en el Congreso, definió a González como un "profesional honesto” después de que el PP le instase a destituirlo.
Esta situación también se produjo en el seno interno de la misma Dirección General de Policía. Entonces, recomendaron a Rubalcaba que sustituyese a Juan Antonio González por el jefe Superior de Policía de Madrid, Enrique Barón, dado el malestar que había provocado la aparición de las siglas “JAG” en la agenda de Juan Antonio Roca. En Interior no solo se desoyeron estas voces internas a favor de Barón, sino que se impidió, según denunciaron diferentes sectores sindicales de la Policía, que se prosiguiera con la investigación en las unidades adscritas al caso.
“Intocable”
JAG es “intocable”. Ese era el lema. Si para proteger a la persona que se escondía bajo esas siglas había que destituir a compañeros, se hacía. Dos inspectores del grupo III de Blanqueo dimitieron en plena investigación del caso Malaya por las trabas impuestas para “desvelar” quién era el alto mando policial “que cobraba cantidades millonarias por informar a Juan Antonio Roca”. Cuando los dos agentes presentaron la renuncia ante el juez Torres, éste no se opuso.
Sin embargo, los mandos policiales de los que dependían no vieron con buenos ojos esa renuncia. Los sindicatos policiales aseguraron que “la falta de apoyo denunciada por los agentes se refería a la carencia de medios de los investigadores para poder llevar las pesquisas hasta mandos dentro de la Policía, personajes relacionados con la Junta de Andalucía, así como a miembros de la Generalitat Valenciana, corporaciones locales de Alicante y Murcia, además de primeras figuras del mundo del espectáculo”.
Ya en enero de 2007, responsables de Asuntos Internos trataron de verificar en base a los listados oficiales quién se escondía tras las iniciales JAG, en el marco de la investigación abierta en una pieza separada de Malaya dictada por Torres por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos. En un auto fechado el 15 de enero de 2007, el juez definía a JAG como “una persona que conoce bien la estructura interna policial”. Prueba de ello es la información que Roca obtuvo del comisario marbellí que ocupó la sede policial antes de que su nombramiento se hiciera oficial.
Gracias a la información que Roca recibió de “este policía”, el cerebro de Malaya se llevó quince cajas de documentos sobre sus sociedades de las que nadie conoce su paradero. Alguien le dio el chivatazo. Roca fue alertado en 2005 de que la Policía había comenzado a husmear en sus actividades. Y de que iba en serio. Así, el ex asesor de Urbanismo de Marbella, el hombre de acero que presumía en círculos íntimos de tener confidentes en las fuerzas de seguridad, se tomó muy a pecho “la información privilegiada que recibió y que pagó” y comenzó a quitar pruebas de en medio.
El aterrizaje de González en Interior
Dentro de Interior algunos mandos siempre han mostrado su extrañeza por el ascenso meteórico de Juan Antonio González. Los que le conocen dicen que posee un carácter tan frío que cada vez que aparece en prensa una noticia que no le gusta la arroja a la papelera sin más. Ahora, el comisario más polémico de la era Zapatero solo es otro ángel caído a los infiernos del olvido.
Desde 1992, González ha sido ascendido cada cuatro años hasta llegar a la jefatura de la Policía Judicial. Sus meritos en la cacería con Garzón y Bermejo en el pueblo del juez le dio muchos puntos al hombre de acero, pero no los suficientes como para seguir escalando hasta el primer peldaño del ministerio.
En la Policía todos callan cuando se les habla de González. Sus compañeros siguen sin comprender por qué se paró la investigación que el juez Torres estaba realizando sobre las siglas con las cuales muchos le vinculan: “Se va de rositas incólume en la cúspide policial”.
Juan Antonio González ingresó en la Policía en 1972, participando en los últimos años de represión franquista. Uno de sus renombrados éxitos fue la detención de los miembros del GRAPO que llevaron a cabo el atentado con bomba en la cafetería California 47. Ya en esa etapa comenzaron a aflorar algunas actuaciones comprometidas del entonces inspector de la Brigada Provincial de Información. González vio como su nombre aparecía públicamente implicado en denuncias y sumarios de torturas e, incluso, asesinatos.
Sin embargo, su duende de la suerte ya le sonreía y estas denuncias no impidieron su trepidante carrera de ascensos.
En 1992 pasó a ocupar la jefatura de la Comisaría del Distrito de Usera-Villaverde, una de las más duras por su alto índice de delincuencia, y dirigió la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Madrid. Su punto álgido llegó en febrero de 1995, cuando protagonizó, a través de una rocambolesca historia, la detención en el aeropuerto de Bangkok del exdirector general de la Guardia Civil, Luis Roldán.
Están confirmadas sus reuniones clandestinas, pocos meses antes, en París con el entonces prófugo de la justicia, Francisco Paesa.
Con la detención de Roldán, el comisario González se ganó el agradecimiento eterno del entonces ministro Juan Alberto Belloch y de todo el Gobierno socialista. Así, en 1996, se vio recompensado con el ascenso a la dirección de la Unidad Central de Policía Judicial, especializada en la lucha contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Económica y Tecnológica.
En diciembre de 2000 fue nombrado Jefe Superior de la Policía en la Comunidad Autónoma de Murcia, coincidiendo su mandato con la época en que Juan Antonio Roca realizó multimillonarias inversiones a través de sociedades instrumentales en aquella región.
Y de ahí fue escalando en Interior hasta que se hizo con el máximo cargo. Una vez en estas instancias, exigía a sus subordinados que le trasladasen los casos de corrupción en los que estuviesen implicados “personas relevantes” y “altos cargos públicos”. Todas esas investigaciones quedarían bajo su control, e incluso se podrían clasificar como secretas para evitar interferencias de otros cuerpos de la Seguridad del Estado. Así hasta que el 20N trajo un nuevo gobierno y Juan Antonio González fue arrojado a los infiernos del olvido.
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