En su escrito de defensa, Eufemiano Fuentes precisa que las transfusiones de la Operación Puerto se hacían en condiciones óptimas y no eran delito en aquel momento
Eufemiano Fuentes, saliendo del ambulatorio en el que trabaja en diciembre de 2010.
“Es incierto que las autotransfusiones sanguíneas en habitaciones de hotel se hicieran sin las suficientes garantías higiénicosanitarias, puesto que dichas estancias son perfectamente idóneas para llevarlas a cabo en las debidas condiciones”, dice en su escrito de defensa el abogado de Eufemiano Fuentes; “dichos requisitos [los establecidos por la ley] se cumplen sobradamente en una habitación de hotel recién preparada para la visita de un nuevo huésped, máxime cuando se hacen por personas sobradamente habilitadas y cualificadas, pues José Luis Merino Batres es hematólogo y el señor Fuentes, quien le ayudaba en tales tareas, es también médico en ejercicio”.
El juicio de la Operación Puerto todavía no tiene fecha (aunque está asignado al Juzgado 21 de lo Penal, de Madrid, el sumario de los hechos, que se remontan a 2006, está en el Juzgado de Instrucción tras el sobreseimiento de uno de los imputados, Alfredo Córdova, y pasarán, según diversas fuentes, entre seis y ocho meses hasta que se celebre), pero los abogados de los acusados de un presunto delito contra la salud ya han presentado sus escritos de defensa. Todos los que se sentarán en el banquillo (Fuentes, Merino, Ignacio Labarta, Vicente Belda, Yolanda Fuentes y Manolo Saiz) han manifestado su inocencia y absoluta disconformidad con los cargos presentados por la fiscalía y las acusaciones particulares.
Aparte de las alegaciones de Merino Batres, de 70 años, que solicita el archivo por demencia sobrevenida (“al padecer un trastorno senil tipo Alzheimer” del que es tratado desde febrero de 2007), el escrito más interesante es el del abogado de Labarta, Belda y Fuentes, la estrella de la operación, presentado en el Juzgado 31 el 9 de diciembre pasado.
Basándose en el hecho de que el dopaje como tal solo fue delito en España a partir de noviembre de 2006, en su escrito acepta tácitamente que Fuentes, quien actualmente trabaja como médico de familia en un ambulatorio del Servicio Canario de Salud, practicaba el dopaje con deportistas que “voluntariamente se sometieron a las transfusiones y las extracciones sanguíneas”, pero recuerda que entonces no estaba considerado un hecho delictivo. “La reserva del procedimiento [en referencia a que no se practicaran las transfusiones en establecimientos sanitarios y que la sangre se conservara, identificada con códigos, en domicilios particulares] derivaba del lógico deseo de discreción y privacidad de los deportistas y para evitar los controles de las autoridades deportivas, y no de las sanitarias, lo que no suponía riesgo añadido alguno respecto al que per se tienen las extracciones y autotransfusiones”, señala el escrito.
“Ninguno [de los deportistas] ha comparecido en esta causa como posible perjudicado”, añade. En este sentido, fuentes de la investigación recuerdan cómo no consiguieron que declarara un ciclista que sufrió graves problemas de salud, supuestamente por una bolsa en mal estado, durante el Giro de 2006.
De la calidad de su servicio (“la sangre y el plasma fueron conservados de manera óptima”, afirma el abogado), y no de los elevados precios con lo que los tasaba, se jacta abundantemente Fuentes, cuya defensa recuerda lo mucho que invirtió en las máquinas ACP 215 para la congelación y la descongelación de la sangre (“las que se utilizan en los mejores hospitales para este proceso”), los cursos de formación que siguieron para aprender a manejarlas, la calidad de las bolsas Grifols para conservar la sangre (“se portaban en neveras y el traslado se hacía de forma correcta, siendo cortos los lapsos de tiempo porque todas las actuaciones se llevaban a cabo en Madrid”, dice el escrito, olvidando que también se transportaba la sangre en mochilas a las carreras) e incluso aportan una factura de 7.495 euros por un congelador modelo Elite Revco, homologado para la conservación de plasma y sangre congelados con registro continuo de temperatura.
Solo la defensa de uno de los acusados, Manolo Saiz, solicita para el juicio oral “la citación judicial” de testigos que no aparecen citados en el procedimiento. Se trata de Raquel Ortolano y Sergio Quílez, médicos que trabajaron en el equipo Liberty, del masajista Javier Fernández y de Alberto Contador, quien nunca estuvo implicado en la Operación Puerto.
Ana Muñoz Merino (Valencia de don Juan, León; 1964) será la próxima directora de la Agencia Estatal Antidopaje (AEA) en sustitución de Javier Martín del Burgo, el dirigente nombrado en la anterior legislatura para ponerla en marcha.
Doctora en Derecho por la Universidad de Navarra con una tesis sobre el delito de contrabando y catedrática de Derecho Tributario en la Universidad de Cantabria, Muñoz Merino guiará la adaptación de la AEA a las funciones que le encomendará la nueva ley antidopaje prometida por el ministro de Educación, Cultura y Deportes, José Ignacio Wert, quien prevé dotarla de mayores competencias y contenidos. Desde 2004, Muñoz Merino es vocal del tribunal Económico-Administrativo municipal del Ayuntamiento de Madrid.
El juicio de la Operación Puerto todavía no tiene fecha (aunque está asignado al Juzgado 21 de lo Penal, de Madrid, el sumario de los hechos, que se remontan a 2006, está en el Juzgado de Instrucción tras el sobreseimiento de uno de los imputados, Alfredo Córdova, y pasarán, según diversas fuentes, entre seis y ocho meses hasta que se celebre), pero los abogados de los acusados de un presunto delito contra la salud ya han presentado sus escritos de defensa. Todos los que se sentarán en el banquillo (Fuentes, Merino, Ignacio Labarta, Vicente Belda, Yolanda Fuentes y Manolo Saiz) han manifestado su inocencia y absoluta disconformidad con los cargos presentados por la fiscalía y las acusaciones particulares.
Aparte de las alegaciones de Merino Batres, de 70 años, que solicita el archivo por demencia sobrevenida (“al padecer un trastorno senil tipo Alzheimer” del que es tratado desde febrero de 2007), el escrito más interesante es el del abogado de Labarta, Belda y Fuentes, la estrella de la operación, presentado en el Juzgado 31 el 9 de diciembre pasado.
Basándose en el hecho de que el dopaje como tal solo fue delito en España a partir de noviembre de 2006, en su escrito acepta tácitamente que Fuentes, quien actualmente trabaja como médico de familia en un ambulatorio del Servicio Canario de Salud, practicaba el dopaje con deportistas que “voluntariamente se sometieron a las transfusiones y las extracciones sanguíneas”, pero recuerda que entonces no estaba considerado un hecho delictivo. “La reserva del procedimiento [en referencia a que no se practicaran las transfusiones en establecimientos sanitarios y que la sangre se conservara, identificada con códigos, en domicilios particulares] derivaba del lógico deseo de discreción y privacidad de los deportistas y para evitar los controles de las autoridades deportivas, y no de las sanitarias, lo que no suponía riesgo añadido alguno respecto al que per se tienen las extracciones y autotransfusiones”, señala el escrito.
“Ninguno [de los deportistas] ha comparecido en esta causa como posible perjudicado”, añade. En este sentido, fuentes de la investigación recuerdan cómo no consiguieron que declarara un ciclista que sufrió graves problemas de salud, supuestamente por una bolsa en mal estado, durante el Giro de 2006.
De la calidad de su servicio (“la sangre y el plasma fueron conservados de manera óptima”, afirma el abogado), y no de los elevados precios con lo que los tasaba, se jacta abundantemente Fuentes, cuya defensa recuerda lo mucho que invirtió en las máquinas ACP 215 para la congelación y la descongelación de la sangre (“las que se utilizan en los mejores hospitales para este proceso”), los cursos de formación que siguieron para aprender a manejarlas, la calidad de las bolsas Grifols para conservar la sangre (“se portaban en neveras y el traslado se hacía de forma correcta, siendo cortos los lapsos de tiempo porque todas las actuaciones se llevaban a cabo en Madrid”, dice el escrito, olvidando que también se transportaba la sangre en mochilas a las carreras) e incluso aportan una factura de 7.495 euros por un congelador modelo Elite Revco, homologado para la conservación de plasma y sangre congelados con registro continuo de temperatura.
Solo la defensa de uno de los acusados, Manolo Saiz, solicita para el juicio oral “la citación judicial” de testigos que no aparecen citados en el procedimiento. Se trata de Raquel Ortolano y Sergio Quílez, médicos que trabajaron en el equipo Liberty, del masajista Javier Fernández y de Alberto Contador, quien nunca estuvo implicado en la Operación Puerto.
Nueva directora de la AEA
Ana Muñoz Merino (Valencia de don Juan, León; 1964) será la próxima directora de la Agencia Estatal Antidopaje (AEA) en sustitución de Javier Martín del Burgo, el dirigente nombrado en la anterior legislatura para ponerla en marcha.
Doctora en Derecho por la Universidad de Navarra con una tesis sobre el delito de contrabando y catedrática de Derecho Tributario en la Universidad de Cantabria, Muñoz Merino guiará la adaptación de la AEA a las funciones que le encomendará la nueva ley antidopaje prometida por el ministro de Educación, Cultura y Deportes, José Ignacio Wert, quien prevé dotarla de mayores competencias y contenidos. Desde 2004, Muñoz Merino es vocal del tribunal Económico-Administrativo municipal del Ayuntamiento de Madrid.
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