Primer juicio a cuatro activistas contra los controles a inmigrantes

Los acusados pertenecen a un colectivo ciudadano de observación de derechos humanos

Se enfrentan a penas de multa de hasta 24.000 euros

 

 

Miembros de las Brigadas Vecinales, en una de sus actividades.

Cuatro miembros de las Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos se enfrentan hoy al primer juicio en el que se ve implicado este colectivo. Su objetivo es denunciar la existencia de controles selectivos a inmigrantes en diversos puntos de Madrid. Sus componentes ya habían sido objeto de sanciones administrativas, pero por primera vez la denuncia se ha tramitado por la vía penal. Los acusados afrontan penas de multa de entre 200 y 24.000 euros.

El juicio tendrá lugar este martes a partir de las once de la mañana en el Juzgado de Instrucción número 53 de plaza de Castilla, según ha informado la propia organización, que ha convocado una concentración en la zona en apoyo a los afectados. Los cuatro acusados participaron el pasado 24 de noviembre en una actividad de observación a un control de la Policía justo en esa misma plaza.

Según Brigadas Vecinales, se les acusa de infringir el artículo 634 del Código Penal, por "falta de respeto a la autoridad o sus agentes". Se trata de una falta que conlleva penas de multa de 10 a 60 días, que a su vez pueden tener un importe de entre dos y 400 euros diarios. Por tanto, podrían ser castigados con el pago de entre 20 y 24.000 euros.

Los brigadistas explican que ya habían sido sancionados anteriormente, pero siempre por la vía administrativa y con importes de hasta 500 euros. La primera vez fue el 21 de diciembre de 2010, cuando cuatro personas fueron multadas por unos policías que estaban efectuando controles en Lavapiés con 300 euros. Una de ellas decidió pagar, por motivos personales, pero las otras tres presentaron recursos de alzada que aún no han sido resueltos.

Dos meses después, otros cinco compañeros fueron multados con 500 euros en la estación de metro de Oporto. En este mismo escenario y con el mismo importe se sancionó a otros cuatro activistas en mayo, que sin embargo aún no han recibido la notificación de la multa.

"Recurrimos estas sanciones por principio, porque no estamos haciendo nada ilegal. La observación de los derechos humanos está reconocida por la legislación internacional", explica Javier Carequinha, miembro de Brigadas Vecinales. El colectivo denuncia que son las prácticas policiales en los controles selectivos de inmigrantes las "anticonstitucionales", porque discriminan en función de la raza –"solo paran a personas de aspecto extranjero"− y afectan a personas que simplemente van caminando por la calle –"les piden la documentación como si fueran sospechosos de algo", detallan recordando que los controles aleatorios solo pueden efectuarse ante delitos graves que causen alarma social.

El colectivo considera que la Policía va incrementando el nivel de sus denuncias con objeto de "amedrantar". En un comunicado, responde que su objetivo es "acabar con la existencia de controles policiales racistas" y continuarán dándoles visibilidad con su presencia –y sus característicos chalecos naranja– e informando sobre los mismos, de forma veraz y sin actitudes violentas en ningún caso.

Las Brigadas Vecinales llevan funcionando en Madrid desde diciembre de 2009. En la actualidad cuentan con unos 50 miembros, aparte de los colaboradores, que acuden entre dos y tres veces por semana a zonas en las que se llevan a cabo controles de identidad a extranjeros, habiendo realizado 170 "salidas de documentación" desde su origen, según datos propios. Recientemente, han activado un sistema de avisos a través de Twitter, mediante el que han recibido cerca de un millar de avisos, más de un tercio solo desde enero.

Precisamente la semana pasada el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) denunció que los controles selectivos a inmigrantes o redadas siguen produciéndose de forma habitual en Madrid. Según advirtió, solo en cuatro días elegidos al azar contabilizaron 370 detenciones por delitos de estancia ilegal. La delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, manifestó al día siguiente que se había mandado una instrucción para que, si se producen identificaciones masivas de inmigrantes en España, "cesen de inmediato". Los brigadistas descartan que esto haya ocurrido y aseguran que ayer mismo recibieron avisos sobre controles.