La Fiscalía Anticorrupción comunicará la cifra definitiva de la fianza tras estudiar un informe de la Agencia Tributaria
Iñaki Urdangarín tendrá que abonar una fianza que rondará la mitad del dinero público que junto a su socio al frente del Instituto Nóos, Diego Torres, se apoderó, presuntamente, de manera ilegal. Los investigadores del 'Caso Nóos' han cifrado la misma en 5,8 millones de euros.
La Fiscalía Anticorrupción está estudiando la posibilidad de solicitar una fianza de responsabilidad millonaria para el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, una vez la Agencia Tributaria aporte al caso Nóos el informe que solicitó el juez instructor, José Castro, en torno a los ingresos percibidos por el yerno del Rey, lo que ayudará a cuantificar el dinero presuntamente defraudado a través de su entidad sin ánimo de lucro.
Sin embargo, aunque el Ministerio Público se encuentra a la espera de poder analizar la documentación de Hacienda y a partir de ahí calcular la cantidad a la que podría ascender la caución que los fiscales pidan al magistrado, se estima que la cifra podría alcanzar al menos los dos millones de euros.
Ya al término de la declaración que prestó Iñaki Urdangarin ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, las acusaciones contemplaban solicitar medidas cautelares contra el imputado si bien varias semanas después, pendientes de cuantificar la cantidad exacta que pudo malversarse a través del Instituto Nóos y de que declarasen otras personas que también habrían tenido implicación en los hechos investigados.
Así, el sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular, ya anunció que solicitaría la imposición de estas medidas, petición que la abogada que en esta causa representa a la entidad, Virginia López Negrete, tampoco ha efectuado por el momento al instructor de las pesquisas.
Por ahora, los investigadores apuntan que Urdagarin y su socio al frente del Instituto Nóos, Diego Torres, encabezaron una trama a través de la cual se habrían apoderado de 5,8 millones de los fondos públicos que percibió Nóos. En concreto, falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración y malversación de caudales públicos son los delitos que se indagan en este fleco del 'Caso Nóos'.
Las acusaciones consideran a ambos encausados responsables de urdir un entramado societario cuando los dos estaban al frente de Nóos con el fin de hacerse con los fondos públicos y privados que recibía la entidad. Para ello, fijaban precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban a la Administración y posteriormente simulaban trabajos ficticios a mercantiles del entramado societario de Nóos.
Cantidades que acababan presuntamente así en manos de empresas controladas por los dos imputados.
Todo ello a través de mercantiles de las que eran propietarios y administradores: Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L. -de la que la infanta Cristina es copropietaria al 50 por ciento-, Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, empresas que centran el foco de atención de las investigaciones junto al propio Instituto Nóos, que entre 2004 y 2007 recibió del Gobierno balear y la Comunidad Valenciana un total de 5,8 millones mientras que de entidades privadas percibió hasta 4,4 millones de euros.
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