El Congreso rechaza pedir ayudas para los agricultores afectados por el acuerdo con Marruecos

El Pleno del Congreso ha rechazado este martes una proposición no de ley presentada por el PSOE para que el Gobierno apruebe compensaciones a los agricultores por los "perjuicios" que la prórroga del acuerdo de la UE con Marruecos les causará si no se "aplica de forma correcta, equilibrada y justa" y si no se toman "medidas complementarias".

La diputada socialista por Almería Consuelo Rumí ha defendido la propuesta, que insta al Ejecutivo a colaborar con los agricultores españoles ante los "bajos precios de sus productos en el mercado comunitario" y a poner en marcha un fondo para ayudar al sector a acometer nuevas inversiones que mejoren su competitividad.

Por otra parte, los socialistas consideran necesario elaborar, "de forma inmediata y sin esperar a la próxima reforma de la Política Agraria Común (PAC), una propuesta de reforma del reglamento de precios de entrada que garantice su estricta y eficiente aplicación" así como controles de los contingentes que entran en Europa, y sus condiciones fitosanitarias e higiénicas.

El portavoz adjunto del Grupo Popular y también diputado por Almería, Rafael Hernando, ha recordado que fue un Gobierno socialista el que aprobó el acuerdo pese a los avisos del PP de que sería negativo para el campo español, y ha defendido una enmienda propia en la que se recogen prácticamente todos los puntos de la iniciativa socialista excepto las compensaciones. "Si el tratado entra en vigor el 1 de julio esperemos para evaluar los perjuicios", ha justificado. 

De hecho, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, afirmó este lunes que "se equivocan quienes magnifican los daños" que tendrá en España el acuerdo agrícola, y señaló que las proyecciones que tiene el Gobierno sobre el impacto de este protocolo "son muy limitadas".

Finalmente, el grupo que sustenta al Gobierno también ha rechazado conceder ayudas a la energía o el combustible para los agricultores, culpando a las políticas socialistas de sus actuales precios. Así, tras el rechazo del PSOE a la enmienda de los 'populares', su mayoría absoluta ha garantizado el 'No' a la proposición socialista.

EL ACUERDO ES "MALO" PARA EL CAMPO

La propuesta del PSOE sí ha recibido el respaldo de gran parte de la oposición. La ha apoyado la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), que a través de José Luis Centella ha expresado su rechazo "sin matices" a un acuerdo "malo para el campo español" y que se "salta la legalidad internacional al no reconocer el dominio del Sáhara occidental", tema que han intentado introducir en el texto mediante una enmienda, lo mismo que han hecho PNV y UPyD.

El diputado de la formación magenta Toni Cantó ha criticado además que el acuerdo ha permitido trabajar tierras muy ricas pero a cambio de emplear mano de obra con sueldos muy bajos y con controles muy poco exigentes, sin que las familias marroquíes perciban ventajas con este acuerdo. "Este tipo de acuerdos nos hace más dependientes de otros países para alimentar a nuestra población", ha alertado.

Por su parte, la diputada nacionalista vasca Arantza Tapia ha reprochado que el acuerdo favorece especialmente a las grandes productoras, la más perjudiciales medioambientalmente y que menos reparten los beneficios. Así, ha defendido que se aprovechen este tipo de acuerdos para mejorar las condiciones de trabajo de los países productores.

Compromís-Equo y CC-NC también han apoyado la iniciativa socialista, exigiendo que se "calculen las repercusiones" y, de forma inmediata, "se exijan compensaciones a Bruselas por su mala política de acuerdos" sin esperar a que "ya no se pueda solucionar", mientras que Geroa Bai ha condicionado su respaldo a que se acepten las enmiendas sobre el Sáhara.

Finalmente, el diputado de CiU Marc Solsona ha alertado de que el acuerdo pueda acabar llevando a una "liberalización total de todos los productos" agrícolas, generalizando las dificultades en todo el país. "Después de este acuerdo pueden venir más", ha avisado, reclamando que en la iniciativa se incluya una exigencia de requisitos similares a los productos procedentes de la UE o de terceros países.