El resto de grandes países europeos ya contaba con leyes de transparencia
Hoy se aprueba la norma que obligará a hacer accesibles contratos, subvenciones, sueldos...
Sáenz de Santamaría, en Córdoba durante la campaña electoral andaluza.
El Gobierno de Mariano Rajoy se dispone a abrir las puertas a los ciudadanos, al menos en el aspecto informativo.
Este viernes, el Ejecutivo del Partido Popular tiene previsto aprobar la denominada Ley de Transparencia y Buen Gobierno, una norma que obligará a las administraciones públicas a hacer accesibles todos sus contratos, subvenciones, convenios y sueldos públicos. España se sube así al carro de la información accesible y deja de ser el único país europeo con más de un millón de habitantes que no contaba con una ley para acabar con la opacidad en la gestión pública.
A tres días de las elecciones andaluzas, que pueden convertir al PP en el partido con más poder en la historia de la democracia española, Rajoy lleva al papel una de sus apuestas estrella durante la campaña, la promesa de "transparencia total".
Prometió que habría norma antes de cumplir 100 días al frente de la Presidencia y cumple su palabra apenas una semana antes de agotar el plazo, aunque la ley todavía tardará meses en entrar en vigor. El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero se dejó la medida en el tintero en su primera legislatura y, en la segunda, llegó a redactar un anteproyecto de ley, pero el adelanto de las elecciones generales impidió que su iniciativa llegase a buen puerto.
De acuerdo con la nueva norma impulsada por el PP, que este viernes se encargará de presentar la número dos del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, cada ministerio y cada dirección general deberá dar a conocer todos sus contratos, cómo se gastan el dinero, con qué organigrama trabajan y qué salarios perciben los integrantes de su equipo directivo.
Toda la información estará en los sitios webs de cada ministerio y también se encontrará, centralizada, en un portal de la transparencia inspirado en los que emplean países como EE UU. Actualmente, todos esos datos no son secretos en España, pero la mayoría se publican de forma farragosa, llegan solo hasta el Congreso o son difíciles de consultar. En el caso de los sueldos, hasta ahora solo se hacían públicos los de los ministros.
La ley tendrá tres patas, como explicaba Carlos E. Cué este jueves. La primera es la de la publicidad activa: esto es, toda esa información que se va a publicar en el portal de la transparencia sin necesidad de que nadie la pida. Otra pata es la del derecho a la información: se establecerá, como gran novedad y también de forma similar a otros países [EE UU y Reino Unido la han llamado ley de libre acceso a la información], el derecho a obtener esos datos.
Así, las Administraciones estarán obligadas a contestar cuando un ciudadano reclame conocer el uso de un dinero público, por ejemplo. Por último está la pata del “buen gobierno”, donde se incluirán las sanciones que anunció en su día el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para los malos gestores de cuentas públicas.
La falta de transparencia parece ser un vicio instaurado en la cultura política española. Y, sin embargo, los últimos meses y años han estado plagados de escándalos políticos de distinto color que hacen reflexionar sobre la necesidad de las cuentas claras: el caso Palma Arena en Baleares, el caso Gürtel en la Comunidad Valenciana y Madrid o los ERE en Andalucía.
El Gobierno pretende aprobar la ley y presentarla oficialmente el día 17 de abril en un foro internacional celebrado en Brasilia, impulsado por Estados Unidos y Brasil para fomentar el acceso a la información. Quince días antes de que la norma entre en vigor, también se abrirá un novedoso proceso de consulta pública electrónica en el que los ciudadanos podrán aportar sus sugerencias.
Este viernes, el Ejecutivo del Partido Popular tiene previsto aprobar la denominada Ley de Transparencia y Buen Gobierno, una norma que obligará a las administraciones públicas a hacer accesibles todos sus contratos, subvenciones, convenios y sueldos públicos. España se sube así al carro de la información accesible y deja de ser el único país europeo con más de un millón de habitantes que no contaba con una ley para acabar con la opacidad en la gestión pública.
A tres días de las elecciones andaluzas, que pueden convertir al PP en el partido con más poder en la historia de la democracia española, Rajoy lleva al papel una de sus apuestas estrella durante la campaña, la promesa de "transparencia total".
Prometió que habría norma antes de cumplir 100 días al frente de la Presidencia y cumple su palabra apenas una semana antes de agotar el plazo, aunque la ley todavía tardará meses en entrar en vigor. El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero se dejó la medida en el tintero en su primera legislatura y, en la segunda, llegó a redactar un anteproyecto de ley, pero el adelanto de las elecciones generales impidió que su iniciativa llegase a buen puerto.
De acuerdo con la nueva norma impulsada por el PP, que este viernes se encargará de presentar la número dos del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, cada ministerio y cada dirección general deberá dar a conocer todos sus contratos, cómo se gastan el dinero, con qué organigrama trabajan y qué salarios perciben los integrantes de su equipo directivo.
Toda la información estará en los sitios webs de cada ministerio y también se encontrará, centralizada, en un portal de la transparencia inspirado en los que emplean países como EE UU. Actualmente, todos esos datos no son secretos en España, pero la mayoría se publican de forma farragosa, llegan solo hasta el Congreso o son difíciles de consultar. En el caso de los sueldos, hasta ahora solo se hacían públicos los de los ministros.
Una ley con tres patas
La ley tendrá tres patas, como explicaba Carlos E. Cué este jueves. La primera es la de la publicidad activa: esto es, toda esa información que se va a publicar en el portal de la transparencia sin necesidad de que nadie la pida. Otra pata es la del derecho a la información: se establecerá, como gran novedad y también de forma similar a otros países [EE UU y Reino Unido la han llamado ley de libre acceso a la información], el derecho a obtener esos datos.
Así, las Administraciones estarán obligadas a contestar cuando un ciudadano reclame conocer el uso de un dinero público, por ejemplo. Por último está la pata del “buen gobierno”, donde se incluirán las sanciones que anunció en su día el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para los malos gestores de cuentas públicas.
La falta de transparencia parece ser un vicio instaurado en la cultura política española. Y, sin embargo, los últimos meses y años han estado plagados de escándalos políticos de distinto color que hacen reflexionar sobre la necesidad de las cuentas claras: el caso Palma Arena en Baleares, el caso Gürtel en la Comunidad Valenciana y Madrid o los ERE en Andalucía.
El Gobierno pretende aprobar la ley y presentarla oficialmente el día 17 de abril en un foro internacional celebrado en Brasilia, impulsado por Estados Unidos y Brasil para fomentar el acceso a la información. Quince días antes de que la norma entre en vigor, también se abrirá un novedoso proceso de consulta pública electrónica en el que los ciudadanos podrán aportar sus sugerencias.
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