El rey Felipe V, llegado al trono tras una guerra, buscaba congraciarse con sus súbditos y accedió a crear en 1711 una Real Biblioteca de carácter público con fondos incautados a sus rivales
Sala de lectura de la Biblioteca Nacional.
Felipe V era más devoto de las cartas –entiéndase: sota, caballo, rey– que de los libros. También era el duque de Anjou, un francés reinando sobre españoles tras una guerra larguísima que en puridad aún no había concluido (1701-1713). En 1711, por tanto, estaba dispuesto a coger al vuelo todas las propuestas que contribuyesen a afianzar su imagen entre sus nuevos súbditos. Su confesor, el jesuita Pierre Robinet, le sugirió una: crear una Real Biblioteca con los fondos que el rey había traído de Francia (6.000 volúmenes), los acumulados por los Habsburgo (otros 2.000) y los incautados a los perdedores de la Guerra de Sucesión.
La gran osadía que Robinet defendió ante el monarca fue el carácter público de la biblioteca. En fin… pública a la manera de 1711: cerrada a mujeres (no accedieron hasta 1837, la primera fue Antonia Gutiérrez Bueno, autora de un Diccionario histórico y biográfico de mujeres célebres) y menesterosos. Pública para estudiosos y eruditos de los círculos cortesanos.
Se abrió en un pasillo cerca de las cocinas del Alcázar Real, con Robinet como primer director y con plagas de ratones cada dos por tres. Y dado que la financiación de las cosas públicas es un quebradero en cualquier época –con la dudosamente honrosa excepción de los años del imperio y su sistemático saqueo de las colonias–, Robinet también se ocupó de dar con la fuente del dinero.
Según José Manuel Lucía Megías, catedrático de la Universidad Complutense y comisario de la exposición de la BNE 300 años haciendo historia, para costear su proyecto al confesor del rey se le ocurrió recurrir a los impuestos sobre algo muy querido por el monarca: las cartas. También aquí se salió con la suya: en el Real Decreto fundacional de 1716 se le asigna un presupuesto de 8.000 pesos anuales procedentes de los impuestos sobre tabaco y naipes.
Gracias a esa manía de los vencedores de despojar a los vencidos de gloria y bienes, en 1715 la Real Biblioteca ya contaba con 28.242 libros impresos, 1.282 manuscritos y 20.000 medallas. “Los partidarios de Carlos, archiduque de Austria, vieron cómo sus bibliotecas eran trasladadas a Madrid y casi todos ellos terminaron sus días en el exilio, desposeídos de tierras y títulos, por lo que perder sus libros seguramente fue la menor de sus preocupaciones”, escribe Javier Pavía Fernández, en el blog de la BNE.
Entre esos fondos incautados figuraron los del duque de Uceda, el marques de Mondéjar (propietario de 5.903 libros, entre ellos el Beato de Fernando I), el duque de Terranova o el arzobispo de Valencia, Folch de Cardona, cuya biblioteca fue devuelta a un convento que posteriormente la vendió a la Biblioteca Nacional de Viena.
En aquellos años de arranque hubo también otras vías más elegantes que engrosaron el depósito: compras y donaciones. Y a partir del 26 de julio de 1716 entra en vigor algo que sigue vigente y que es el manantial que ha nutrido la vastísima colección que atesora hoy la BNE (30 millones de documentos): el depósito legal.
Un real decreto de Felipe V estableció: “De todas las impresiones nuevas que se hicieren en mis dominios, se haya de colocar en ella un ejemplar del tomo o tomos de la Facultad que trataren, encuadernados y en toda forma en la misma que se practica dar a los del Consejo; colocándose también en dicha Biblioteca todos los libros y demás impresiones que se hubieren dado a la estampa desde el año 1711, en que tuvo principio esta Biblioteca”.
Una ley que fue modificada el 30 de julio de 2011 para incorporar “los documentos electrónicos en cualquier soporte, que el estado de la técnica permita en cada momento, y que no sean accesible libremente a través de Internet” y “los sitios web fijables o registrables cuyo contenido pueda variar en el tiempo y sea susceptible de ser copiado en un momento dado”. ¿Habrá que modificar el depósito legal dentro de tres siglos? ¿Se atreven a imaginar cuántos documentos almacenará la BNE de 2311?
La gran osadía que Robinet defendió ante el monarca fue el carácter público de la biblioteca. En fin… pública a la manera de 1711: cerrada a mujeres (no accedieron hasta 1837, la primera fue Antonia Gutiérrez Bueno, autora de un Diccionario histórico y biográfico de mujeres célebres) y menesterosos. Pública para estudiosos y eruditos de los círculos cortesanos.
Se abrió en un pasillo cerca de las cocinas del Alcázar Real, con Robinet como primer director y con plagas de ratones cada dos por tres. Y dado que la financiación de las cosas públicas es un quebradero en cualquier época –con la dudosamente honrosa excepción de los años del imperio y su sistemático saqueo de las colonias–, Robinet también se ocupó de dar con la fuente del dinero.
Según José Manuel Lucía Megías, catedrático de la Universidad Complutense y comisario de la exposición de la BNE 300 años haciendo historia, para costear su proyecto al confesor del rey se le ocurrió recurrir a los impuestos sobre algo muy querido por el monarca: las cartas. También aquí se salió con la suya: en el Real Decreto fundacional de 1716 se le asigna un presupuesto de 8.000 pesos anuales procedentes de los impuestos sobre tabaco y naipes.
Gracias a esa manía de los vencedores de despojar a los vencidos de gloria y bienes, en 1715 la Real Biblioteca ya contaba con 28.242 libros impresos, 1.282 manuscritos y 20.000 medallas. “Los partidarios de Carlos, archiduque de Austria, vieron cómo sus bibliotecas eran trasladadas a Madrid y casi todos ellos terminaron sus días en el exilio, desposeídos de tierras y títulos, por lo que perder sus libros seguramente fue la menor de sus preocupaciones”, escribe Javier Pavía Fernández, en el blog de la BNE.
Fondos incautados
Entre esos fondos incautados figuraron los del duque de Uceda, el marques de Mondéjar (propietario de 5.903 libros, entre ellos el Beato de Fernando I), el duque de Terranova o el arzobispo de Valencia, Folch de Cardona, cuya biblioteca fue devuelta a un convento que posteriormente la vendió a la Biblioteca Nacional de Viena.
En aquellos años de arranque hubo también otras vías más elegantes que engrosaron el depósito: compras y donaciones. Y a partir del 26 de julio de 1716 entra en vigor algo que sigue vigente y que es el manantial que ha nutrido la vastísima colección que atesora hoy la BNE (30 millones de documentos): el depósito legal.
Un real decreto de Felipe V estableció: “De todas las impresiones nuevas que se hicieren en mis dominios, se haya de colocar en ella un ejemplar del tomo o tomos de la Facultad que trataren, encuadernados y en toda forma en la misma que se practica dar a los del Consejo; colocándose también en dicha Biblioteca todos los libros y demás impresiones que se hubieren dado a la estampa desde el año 1711, en que tuvo principio esta Biblioteca”.
Una ley que fue modificada el 30 de julio de 2011 para incorporar “los documentos electrónicos en cualquier soporte, que el estado de la técnica permita en cada momento, y que no sean accesible libremente a través de Internet” y “los sitios web fijables o registrables cuyo contenido pueda variar en el tiempo y sea susceptible de ser copiado en un momento dado”. ¿Habrá que modificar el depósito legal dentro de tres siglos? ¿Se atreven a imaginar cuántos documentos almacenará la BNE de 2311?
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