Sabrosas incongruencias

Nadie quiere imputar a la Infanta por blanqueo, mientras el Supremo y el CGPJ aconsejan penar a los cónyuges

 

El juez José Castro (derecha), aclamado por los viandantes.

Si se tiene sentido del humor, pocas cosas son más divertidas que darse cuenta de nuestras propias incongruencias. Y, si se siente valor, asumirlas. Ya saben, aquel al que la simple visión de una gota de su sangre le producía arcadas y que luego se convirtió en cirujano cardiovascular.

Pues bien, desde que el Monarca, en su discurso de Navidad, recordó que “la justicia es igual para todos” —y puntualizó aquello de que “las personas con responsabilidades públicas tenemos el deber de observar un comportamiento ejemplar”, que “cuando se producen conductas irregulares que no se ajustan a la legalidad o a la ética, es natural que la sociedad reaccione”, y que “cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley”— solo pasaron cuatro días hasta que el juez de Palma de Mallorca José Castro imputó a su yerno, Iñaki Urdangarin, por su presunta participación en las irregularidades del Instituto Nóos, del que era presidente. 

El duque de Palma aparecía involucrado en un posible fraude a la Administración, malversación de caudales públicos, falsedades documentales y blanqueo de dinero en paraísos fiscales a partir de una trama de sociedades pantalla creadas para enmascarar la salida de fondos del Instituto Nóos, que habría captado unos 17 millones de euros de empresas públicas y privadas.

Su esposa, la infanta Cristina, formaba parte de la junta directiva de Nóos y era propietaria del 50% de Aizoon, la sociedad patrimonial familiar que posee con Urdangarin, una de las que supuestamente se utilizaron de forma instrumental para desviar fondos públicos. Y el pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias pidió que declarase en calidad de imputada.

No obstante, ningún testigo la ha involucrado en la toma de decisiones de esas compañías y el propio Urdangarin la ha exculpado completamente en su declaración judicial. Por tanto, la Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a su citación y el juez Castro la ha rechazado por entender que “sería estigmatizarla gratuitamente”. Y es difícil no estar de acuerdo con esa decisión.

Lo curioso, sin embargo, es que parece justo lo contrario de las conclusiones a las que ha llegado el Servicio de Formación Continua, de la Escuela Judicial, en un curso sobre La nueva regulación de la corrupción. La nueva normativa sobre blanqueo de dinero nos ha equiparado a los países más sancionadores de Europa, por lo que ahora se facilita que el Estado se incaute de los bienes y fondos de los acusados cuando no puedan justificar su origen.

Además, se señala que resultaría conveniente que el Código Penal previera expresamente un agravamiento de las penas para aquellos supuestos de no devolución del dinero por parte de los condenados como autores de lavado de dinero.

Y en la sexta de las conclusiones se recuerda que la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo (sentencia del 22 de julio de 2011) hace una interpretación extensiva del delito de blanqueo de capitales “hasta el extremo de penar como cómplices a los cónyuges de quienes han acumulado grandes sumas de dinero sin justificación en breve periodo de tiempo, colaborando con ellos en la constitución y posterior puesta en funcionamiento de las empresas, de las que también eran titulares, sin un especial protagonismo en la comisión del delito”. De una claridad prístina y deslumbrante.

Lo cierto es que ese modo de proceder trae a la memoria la frase pronunciada en 1209 por el legado papal Arnaud Amalric, en la cruzada contra los cátaros, tras la toma de Beziers (Francia). Cuando le preguntaron cómo iban a distinguir a los herejes de los que no lo eran, sentenció: “Matadlos a todos, que Dios reconocerá a los suyos”.

De todas formas, en el caso Nóos puede que no se proceda exactamente así, porque —en el hipotético caso de que Urdangarin fuera encontrado culpable y aunque, como dice el Rey, la justicia es igual para todos— ninguno de la veintena de jueces y fiscales consultados al respecto creen ni siquiera imaginable que a la infanta Cristina se le vaya a aplicar esa reciente doctrina del Supremo que ahora se predica en la Escuela Judicial. Una sabrosa incongruencia.

Seguro que mi colega Luz Sánchez-Mellado, enfrentada al problema, recurriría al popular dicho manchego: “Ni se muere padre, ni cenamos”.