Soria justifica el incremento por la sentencia del Supremo que prohíbe aumentar el déficit
Fuente: Eurostat
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha esperado dos días tras el paso de las elecciones para concretar la envergadura de la anunciada subida de la luz que tendrá lugar en abril. Según ha detallado Soria, la tarifa eléctrica de último recurso (TUR), a la que están acogidos más de 20 millones de hogares y pymes, subirá el próximo 1 de abril entre el 5% y el 7%.
En declaraciones a Antena 3, Soria ha asegurado que el Gobierno debe subir la luz para dar cumplimiento a un auto del Tribunal Supremo que obliga a repercutir en la tarifa eléctrica o a las empresas el haber superado el límite anual de generación de déficit de tarifa, fijado en 1.500 millones de euros.
El ministro, sin embargo, ha asegurado que los consumidores no serán los únicos que soportarán el cumplimiento del citado auto, sino que este se repartirá también con los operadores del sector eléctrico y con las cuentas públicas, ya que, de lo contrario, habría que subir la tarifa un 40%. "Los consumidores no podemos ser quienes soportemos toda la carga del desajuste que hay entre los ingresos y los costes del sistema eléctrico", ha defendido Soria, que ayer perdió la oportunidad de comunicar su decisión a las propias empresas en una intervención ante la plana mayor del sector.
El ministro ha recordado que, de hacerlo así, la subida debería haber sido del 40%, algo que en su opinión "el país no está en condiciones de asumir". Por tanto, ha argumentado, una parte irá con cargo al consumidor, "pero muy lejos de ese nivel (40 %)"; otra parte con cargo a los operadores del sistema y otra parte con cargo a las cuentas públicas.
Así, ha explicado que el próximo viernes llevará al Consejo de Ministros propuestas concretas para empezar a reducir el déficit de tarifa —que se genera porque los ingresos vía recibo de la luz no cubren todos los costes que soporta el sistema—. La aportación de las eléctricas, que temen un recorte de unos 500 millones en las retribuciones a la distribución, pasará por una reducción de los costes regulados (distribución, transporte, primas a las renovables, etc.) porque, ha afirmado Soria, "no todo puede ir a subir los ingresos".
Con este aumento de los precios de la luz, el Gobierno revierte la decisión que tomó el anterior Ejecutivo en connivencia con el PP, que deció congelar las tarifas en las dos últimas revisiones correspodnientes al tercer y cuarto trimestre de 2011, lo que ahora rechaza el Alto tribunal.
El recibo de la luz se divide prácticamente al 50% entre los llamados pejaes, que corresponde a la parte regulada de la tarifa que fija el Gobierno, y al coste que supone fabricar y distribuir la energía, un factor que se establece trimestralmente a través de subasta.
La última de estas pujas, celebrada la pasada semana para fijar los precios del segundo trimestres, arrojó un descenso un 7,1% que, no obstante, no se trasladará al recibo por la obligación de reducir el déficit de tarifa, que según las últimas estimaciones alcanza los 24.000 millones.
En declaraciones a Antena 3, Soria ha asegurado que el Gobierno debe subir la luz para dar cumplimiento a un auto del Tribunal Supremo que obliga a repercutir en la tarifa eléctrica o a las empresas el haber superado el límite anual de generación de déficit de tarifa, fijado en 1.500 millones de euros.
El ministro, sin embargo, ha asegurado que los consumidores no serán los únicos que soportarán el cumplimiento del citado auto, sino que este se repartirá también con los operadores del sector eléctrico y con las cuentas públicas, ya que, de lo contrario, habría que subir la tarifa un 40%. "Los consumidores no podemos ser quienes soportemos toda la carga del desajuste que hay entre los ingresos y los costes del sistema eléctrico", ha defendido Soria, que ayer perdió la oportunidad de comunicar su decisión a las propias empresas en una intervención ante la plana mayor del sector.
El ministro ha recordado que, de hacerlo así, la subida debería haber sido del 40%, algo que en su opinión "el país no está en condiciones de asumir". Por tanto, ha argumentado, una parte irá con cargo al consumidor, "pero muy lejos de ese nivel (40 %)"; otra parte con cargo a los operadores del sistema y otra parte con cargo a las cuentas públicas.
Así, ha explicado que el próximo viernes llevará al Consejo de Ministros propuestas concretas para empezar a reducir el déficit de tarifa —que se genera porque los ingresos vía recibo de la luz no cubren todos los costes que soporta el sistema—. La aportación de las eléctricas, que temen un recorte de unos 500 millones en las retribuciones a la distribución, pasará por una reducción de los costes regulados (distribución, transporte, primas a las renovables, etc.) porque, ha afirmado Soria, "no todo puede ir a subir los ingresos".
Con este aumento de los precios de la luz, el Gobierno revierte la decisión que tomó el anterior Ejecutivo en connivencia con el PP, que deció congelar las tarifas en las dos últimas revisiones correspodnientes al tercer y cuarto trimestre de 2011, lo que ahora rechaza el Alto tribunal.
El recibo de la luz se divide prácticamente al 50% entre los llamados pejaes, que corresponde a la parte regulada de la tarifa que fija el Gobierno, y al coste que supone fabricar y distribuir la energía, un factor que se establece trimestralmente a través de subasta.
La última de estas pujas, celebrada la pasada semana para fijar los precios del segundo trimestres, arrojó un descenso un 7,1% que, no obstante, no se trasladará al recibo por la obligación de reducir el déficit de tarifa, que según las últimas estimaciones alcanza los 24.000 millones.
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