El Ministerio de Justicia ha tomado esta decisión para evitar una sanción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ya condenó a España a indemnizar al exportavoz de Batasuna por haberle impuesto una condena de un año de impresión por injurias al Rey. Una pena que el Alto Tribunal considera "desproporcionada".
El exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi.
De esta forma, el Gobierno quiere evitar una sanción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que ya en marzo del año pasado condenó a España a indemnizar a Otegi.
El Ministerio de Justicia ha dado la orden de pago a la Caja General de Depósitos del Tesoro y se hará efectiva en las próximas horas, han informado a Efe fuentes del Departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón.
El TEDH condenó a España a indemnizar con 20.000 euros a Otegi y pagar otros 3.000 euros en concepto de costas en una sentencia del 15 de marzo de 2011 por haberle impuesto una condena "desproporcionada", un año de cárcel, por un delito de injurias graves al rey en 2003.
La sentencia se convirtió en firme el 19 de septiembre de 2011, al rechazar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el recurso presentado por el Gobierno español para que la Gran Sala de la Corte revisara la primera resolución.
Según el TEDH, "una pena de prisión impuesta por una infracción cometida en el terreno del discurso político no es compatible con la libertad de expresión garantizada por el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos".
Para el Tribunal de Estrasburgo, "en el contexto de un debate sobre una cuestión con un interés público legítimo, nada puede justificar la imposición de tal pena de prisión".
El 26 de febrero de 2003, Otegi dijo que el Rey "es el jefe supremo del Ejército español, es decir el responsable de los torturadores y quien protege la tortura e impone su régimen monárquico a nuestro pueblo gracias a la tortura y la violencia".
El Ejecutivo estaba obligado a cumplir la sentencia del TEDH antes de este mes de marzo para evitar una sanción.
El procedimiento de ejecución de una sentencia firme establece que, en el plazo máximo de seis meses, el Estado que haya sido condenado debe remitir al Tribunal Europeo un informe que debe incluir las medidas individuales para reparar la violación de derechos humanos, el pago de indemnizaciones y las medidas generales adoptadas para prevenir futuras violaciones similares.
En declaraciones a Onda Cero, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha expresado su "discrepancia" con la sentencia, pero también su "acatamiento", "con disgusto", dado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de acuerdo con los convenios firmados por España, tiene jurisdicción sobre asuntos ocurridos en nuestro país.
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