El Gobierno aprueba este viernes el cierre de 27 empresas públicas

• Entre las empresas afectadas está la Sociedad Pública de Alquiler
• Cierra la Sociedad para la Venta de Loterías y Apuestas del Estado
• Agiliza la liquidación de la sociedad del V centenario del descubrimiento de América

El Consejo de Ministros aprobará este viernes un plan de reestructuración y racionalización del sector público empresarial que incluirá la extinción de 27 sociedades mercantiles estatales, entre ellas la Sociedad Pública de Alquiler, según han avanzado fuentes del Ejecutivo a las que cita Efe.

El plan afectará a corto plazo a un total de 49 empresas, ya que además de suprimir 27, se agilizarán procesos de desinversión ya iniciados en 14 sociedades; y se venderá la participación del Estado en otras 14 sociedades.

Según los datos adelantados por el Ejecutivo, se extinguirán 27 sociedades, el 19% del total, y entre ellas están, por ejemplo, la Sociedad Pública de Alquiler o la Sociedad Estatal para la Venta de Acciones de Loterías y Apuestas del Estado (SEVLAE). Esta última, SELAE, había sido creada por el anterior Ejecutivo para privatizar la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, que finalmente tuvo que ser congelada cuando iba a salir a Bolsa.

Se agilizarán también los procesos de liquidación de 14 empresas ya iniciados, como los casos de Barcelona Holding Olímpico o la sociedad que se creó para la conmemoración del V centenario del descubrimiento de América.

El plan diseñado por el Gobierno plantea además la fusión de sociedades públicas y el traspaso de la titularidad de algunas participaciones accionariales dentro del sector público. Este ocurrirá, por ejemplo, en el caso de Correos, que pasará de la dirección general de Patrimonio a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Junto a estas medidas se pondrá un marcha un programa para reducir gastos mediante la contratación centralizada de determinados servicios, como tecnología o viajes.

Desinversión en participaciones

Además, se aprobará la desinversión de participaciones accionariales minoritarias en 35 compañías. El objetivo del plan, según el Gobierno, es reorganizar el sector público empresarial bajo los principios constitucionales de eficiencia, economía y estabilidad presupuestarias.

Las empresas públicas, destacan las fuentes consultadas, tienen como cometido desarrollar actividades no cubiertas con la iniciativa privada y que se consideren de interés general.

Pero el informe elaborado por los ministerios de Hacienda y Presidencia ha revelado que el crecimiento de estas sociedades en los últimos años no parece justificado y que en ocasiones se ha recurrido a las empresas públicas para huir de los controles presupuestarios que tiene la administración.

En ocasiones, según las fuentes consultadas, se ha podido recurrir a las empresas públicas para huir de los controles presupuestarios que tiene la administración y habrían proliferado entidades para evitar el cómputo de determinadas inversiones sin una clara justificación jurídico mercantil.

Plan de austeridad en el sector público

La reestructuración de las sociedad mercantiles estatales, en las que el Estado tiene una participación superior al 50%, se enmarca en el plan de austeridad que ya ha empezado a aplicar el Gobierno en el sector público al controlar las retribuciones de los directivos y restringir el número de consejeros.

El informe que este viernes aprobará el Consejo de Ministros plantea diversos tipos de actuaciones, como la extinción de filiales por su integración en la matriz o la supresión de empresas cuya permanencia no esté justificada por el interés público.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro avanzó en enero la reorganización del sector público empresarial a través de un plan que haría desaparecer hasta 450 organismos autónomos, fundaciones y empresas públicas de todas las administraciones con el propósito de "hacer adelgazar" el sector público empresarial, en el que según Montoro, "hay demasiada ineficiencia y demasiado gasto" y aliviar así la carga sobre los contribuyentes.

Además, el próximo 13 de abril todas las empresas públicas deberán haber adaptado el sueldo base de sus directivos a un límite de 105.000 euros anuales, lo que supone una reducción de entre el 25% y el 30% en sus retribuciones.