Antonio Brufau calificó la intención del Gobierno argentino de nacionalizar YPF de acto "absolutamente ilegítimo e injustificable" y relacionó esta actuación con el descubrimiento del yacimiento 'Vaca Muerta', uno de los más importantes de los últimos años.
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El presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau, asegura que la petrolera española "tomará todas las medidas legales a su alcance" contra el Gobierno argentino
por la expropiación de un 51% de YPF y recuerda que el Ejecutivo del
país tiene el "compromiso" de lanzar una OPA por el 100% si quiera tomar
el control de la filial.
"Somos una compañía española y a lo mejor hay ganas de bronca", afirmó Brufau en una rueda de prensa para valorar la decisión del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, como respuesta a los motivos que, a su juicio, pueden haber motivado la nacionalización.
En una presentación de actividad de YPF, Repsol calcula que el valor de YPF es de 18.300 millones de dólares (unos 14.000 millones de euros), o de 46,55 dólares por acción, mientras que el de la participación del 57% de la española en la argentina asciende a 10.500 millones de dólares (unos 8.000 millones de euros). "Todos los Estados tiene derecho a expropiar, pero a pagar también el precio justo", afirmó Brufau.
Las autoridades argentinas, señaló, desean "expropiar a precio de saldo" YPF, "sin formular oferta pública de adquisición de acciones". "Con este mecanismo, el Gobierno pretende tomar el control de YPF sin formular una oferta pública de adquisición de acciones por el 100% por la que viene obligado por ley y por los estatutos de YPF, como compromiso como garantía a los inversores a los que quería cautivar", señaló.
Brufau, quien dijo haber recibido propuestas por escrito de otras empresas internacionales por la compra de parte de YPF, consideró que "la expropiación es una forma de tapar la crisis social que vive Argentina" y "un acto ilegítimo e injustificable" que, además, discrimina a la empresa argentina sobre otras del país y a Repsol sobre otros accionistas.
Por este motivo, Repsol exigirá en los tribunales un "resarcimiento por daños y perjuicios", y presentará demandas que van de lo contencioso administrativo a reclamaciones ante los mercados de valores y los tribunales internacionales de arbitraje.
"Esta no es la Argentina querida, que merece más cosas", afirmó el presidente de la petrolera, quien consideró que "un país debe legislar a partir de la realidad, y no de lo que le gustaría ver". Brufau expresó además su "respeto" por "la sociedad y el pueblo" argentinos y dijo sentir "orgullo" por la forma en que Repsol YPF ha "unido culturas".
El Gobierno argentino, lamentó, entró ayer en la sede de YPF antes incluso de la finalización del discurso de Kirchner amparándose en "una ley del dictador Videla". Además, tomó esta medida contra una empresa que "ha invertido 20.000 millones de dólares" en el país, cuando el segundo principal inversor del sector "no llega a un tercio" de esta cifra, señaló.
Brufau aseguró que la nacionalización "no va a quedar impune" y consideró además previsible que "otros accionistas" de YPF tomen medidas legales contra el Ejecutivo argentino y señaló que a partir de ahora la compañía española dispone de un "amplio abanico" de medidas jurídicas.
Sin justificación
"No está justificada la medida desde el punto de vista de la utilidad pública y resulta inadmisible tachar la política de YPF de cortoplacista y reductora de reservas", afirmó, antes de señalar que la motivación podría ser las "ganas de bronca" debido al origen español de Repsol.
Brufau recordó que la nacionalización "viene acompañada de una campaña de hostigamiento, de coacciones y de filtraciones interesadas para provocar la caída del precio de las acciones de YPF y facilitar su expropiación a precio de saldo". Un gobernador de Patagonia, dijo, llegó a asegurar que el daño a YPF es "un beneficio para los patagónicos", ya que afecta a la cotización de las acciones.
"Somos una compañía española y a lo mejor hay ganas de bronca", afirmó Brufau en una rueda de prensa para valorar la decisión del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, como respuesta a los motivos que, a su juicio, pueden haber motivado la nacionalización.
En una presentación de actividad de YPF, Repsol calcula que el valor de YPF es de 18.300 millones de dólares (unos 14.000 millones de euros), o de 46,55 dólares por acción, mientras que el de la participación del 57% de la española en la argentina asciende a 10.500 millones de dólares (unos 8.000 millones de euros). "Todos los Estados tiene derecho a expropiar, pero a pagar también el precio justo", afirmó Brufau.
Las autoridades argentinas, señaló, desean "expropiar a precio de saldo" YPF, "sin formular oferta pública de adquisición de acciones". "Con este mecanismo, el Gobierno pretende tomar el control de YPF sin formular una oferta pública de adquisición de acciones por el 100% por la que viene obligado por ley y por los estatutos de YPF, como compromiso como garantía a los inversores a los que quería cautivar", señaló.
Brufau, quien dijo haber recibido propuestas por escrito de otras empresas internacionales por la compra de parte de YPF, consideró que "la expropiación es una forma de tapar la crisis social que vive Argentina" y "un acto ilegítimo e injustificable" que, además, discrimina a la empresa argentina sobre otras del país y a Repsol sobre otros accionistas.
Por este motivo, Repsol exigirá en los tribunales un "resarcimiento por daños y perjuicios", y presentará demandas que van de lo contencioso administrativo a reclamaciones ante los mercados de valores y los tribunales internacionales de arbitraje.
"Esta no es la Argentina querida, que merece más cosas", afirmó el presidente de la petrolera, quien consideró que "un país debe legislar a partir de la realidad, y no de lo que le gustaría ver". Brufau expresó además su "respeto" por "la sociedad y el pueblo" argentinos y dijo sentir "orgullo" por la forma en que Repsol YPF ha "unido culturas".
Dictador Videla
El Gobierno argentino, lamentó, entró ayer en la sede de YPF antes incluso de la finalización del discurso de Kirchner amparándose en "una ley del dictador Videla". Además, tomó esta medida contra una empresa que "ha invertido 20.000 millones de dólares" en el país, cuando el segundo principal inversor del sector "no llega a un tercio" de esta cifra, señaló.
Brufau aseguró que la nacionalización "no va a quedar impune" y consideró además previsible que "otros accionistas" de YPF tomen medidas legales contra el Ejecutivo argentino y señaló que a partir de ahora la compañía española dispone de un "amplio abanico" de medidas jurídicas.
Sin justificación
"No está justificada la medida desde el punto de vista de la utilidad pública y resulta inadmisible tachar la política de YPF de cortoplacista y reductora de reservas", afirmó, antes de señalar que la motivación podría ser las "ganas de bronca" debido al origen español de Repsol.
Brufau recordó que la nacionalización "viene acompañada de una campaña de hostigamiento, de coacciones y de filtraciones interesadas para provocar la caída del precio de las acciones de YPF y facilitar su expropiación a precio de saldo". Un gobernador de Patagonia, dijo, llegó a asegurar que el daño a YPF es "un beneficio para los patagónicos", ya que afecta a la cotización de las acciones.
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