Los jueces cuestionan al Gobierno de Formosa por instalar una universidad en territorio de la etnia qom
Uno de los conflictos más emblemáticos en la lucha por las tierras indígenas de Argentina llegó ayer a la Corte Suprema de este país. El máximo tribunal convocó a representantes de la tribu de los tobas qom y al Gobierno de la provincia norteña de Formosa, que quiere construir una sede universitaria en 600 hectáreas que los indígenas reivindican como propias. La disputa ya se ha cobrado la vida de un qom por la represión policial contra un piquete que habían montado los indígenas en una carretera nacional en 2010.
En aquella refriega también murió un policía. En mayo pasado, el Gobierno de Cristina Fernández Kirchner, peronista como el de Formosa, creó una mesa de diálogo entre las partes en tensión, pero ante la falta de progresos la Corte Suprema decidió intermediar.
El presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, y otros magistrados de ese cuerpo preguntaron con insistencia a los representantes de la provincia gobernada por Gildo Insfrán desde hace 17 años por qué no instalaban el centro de estudios en otra parte. “¿No hay posibilidad de instalar la institución universitaria en otro lado?”, preguntó Lorenzetti a la abogada de Formosa, Stella Maris Zabala de Copes, y provocó el aplauso de indígenas y militantes de organizaciones de derechos humanos que acompañaron la audiencia desde el público. Después de algunas frases evasivas, Zabala respondió: “No digo que no”.
Los indígenas representan alrededor del 1% de los 40 millones de argentinos, una sociedad dominada por mestizos y descendientes de inmigrantes europeos. A diferencia de otros países sudamericanos en los que los indígenas representan una porción mayor de la población, en Argentina sus reclamaciones apenas han sido escuchadas a lo largo de la historia. Una reforma constitucional en 1995 les reconoció el derecho a “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan" y estableció que "ninguna de ellas será enajenable, transmisible”.
Pero lo que dice la Constitución necesita bajarse a la realidad. En 2006, una ley estableció que las provincias debían relevar los terrenos indígenas para después otorgarles el título de propiedad a las comunidades. Formosa, una de las provincias con más población indígena de Argentina, aún no lo ha hecho.
Desde aquella ley, la Corte Suprema ha intervenido en algunos conflictos por tierras indígenas y en general ha fallado a favor de los pueblos originarios, aunque una vez favoreció a la petrolera Refinor (controlada por Repsol YPF). La diferencia entre aquellos casos y el de Formosa radica en que este asunto no son empresas ni terratenientes los que se enfrentaron con los indígenas sino el propio Estado, el provincial, y además las diferencias acabaron con dos muertos. Los indígenas llevaban cuatro meses bloqueando la carretera para protestar por la instalación de la universidad cuando la Policía de Formosa los barrió de allí y quemó sus viviendas, según denunció su cacique, Félix Díaz.
A partir de aquel episodio, Díaz y decenas de qom acamparon cinco meses en Buenos Aires, 1.400 kilómetros al sur de sus tierras, para reclamar que el Gobierno nacional los recibiera. La mayoría de ellos no habla español sino qom y viven en casas precarias, sin agua potable. Finalmente, el ministro del Interior argentino, Florencio Randazzo, creó una mesa para un diálogo que no ha prosperado. Incluso, los hijos y nietos del cacique Díaz han denunciado agresiones a golpes y amenazas con disparos.
“Dicen que escucharon ruidos y que parecían disparos, pero fue la Gendarmería Nacional y no encontró absolutamente nada”, declaró ayer ante la Corte el ministro de Gobierno de Formosa, Jorge González. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había pedido en abril pasado a Argentina que protegiera a los qom de la comunidad La Primavera, por lo que se retiró de allí a la Policía provincial y el Gobierno de Fernández envió a la Gendarmería.
Bien erguido, con su vincha de cacique, camiseta blanca y un collar multicolor, Díaz aguardó hasta el final de la audiencia para hablar.
Recordó que sus antepasados no se referían a sus tierras como propias sino como aquel “lugar donde se recolectaba y cazaba”. “La tierra no es para comercializarla. Es parte de nuestra existencia. Los recursos que existen ahí no son nuestros. Convivimos con ellos”, argumentó Díaz. Ahora la Corte deberá deliberar sobre cómo soluciona este conflicto.
En aquella refriega también murió un policía. En mayo pasado, el Gobierno de Cristina Fernández Kirchner, peronista como el de Formosa, creó una mesa de diálogo entre las partes en tensión, pero ante la falta de progresos la Corte Suprema decidió intermediar.
El presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, y otros magistrados de ese cuerpo preguntaron con insistencia a los representantes de la provincia gobernada por Gildo Insfrán desde hace 17 años por qué no instalaban el centro de estudios en otra parte. “¿No hay posibilidad de instalar la institución universitaria en otro lado?”, preguntó Lorenzetti a la abogada de Formosa, Stella Maris Zabala de Copes, y provocó el aplauso de indígenas y militantes de organizaciones de derechos humanos que acompañaron la audiencia desde el público. Después de algunas frases evasivas, Zabala respondió: “No digo que no”.
Los indígenas representan alrededor del 1% de los 40 millones de argentinos, una sociedad dominada por mestizos y descendientes de inmigrantes europeos. A diferencia de otros países sudamericanos en los que los indígenas representan una porción mayor de la población, en Argentina sus reclamaciones apenas han sido escuchadas a lo largo de la historia. Una reforma constitucional en 1995 les reconoció el derecho a “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan" y estableció que "ninguna de ellas será enajenable, transmisible”.
Pero lo que dice la Constitución necesita bajarse a la realidad. En 2006, una ley estableció que las provincias debían relevar los terrenos indígenas para después otorgarles el título de propiedad a las comunidades. Formosa, una de las provincias con más población indígena de Argentina, aún no lo ha hecho.
Desde aquella ley, la Corte Suprema ha intervenido en algunos conflictos por tierras indígenas y en general ha fallado a favor de los pueblos originarios, aunque una vez favoreció a la petrolera Refinor (controlada por Repsol YPF). La diferencia entre aquellos casos y el de Formosa radica en que este asunto no son empresas ni terratenientes los que se enfrentaron con los indígenas sino el propio Estado, el provincial, y además las diferencias acabaron con dos muertos. Los indígenas llevaban cuatro meses bloqueando la carretera para protestar por la instalación de la universidad cuando la Policía de Formosa los barrió de allí y quemó sus viviendas, según denunció su cacique, Félix Díaz.
A partir de aquel episodio, Díaz y decenas de qom acamparon cinco meses en Buenos Aires, 1.400 kilómetros al sur de sus tierras, para reclamar que el Gobierno nacional los recibiera. La mayoría de ellos no habla español sino qom y viven en casas precarias, sin agua potable. Finalmente, el ministro del Interior argentino, Florencio Randazzo, creó una mesa para un diálogo que no ha prosperado. Incluso, los hijos y nietos del cacique Díaz han denunciado agresiones a golpes y amenazas con disparos.
“Dicen que escucharon ruidos y que parecían disparos, pero fue la Gendarmería Nacional y no encontró absolutamente nada”, declaró ayer ante la Corte el ministro de Gobierno de Formosa, Jorge González. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había pedido en abril pasado a Argentina que protegiera a los qom de la comunidad La Primavera, por lo que se retiró de allí a la Policía provincial y el Gobierno de Fernández envió a la Gendarmería.
Bien erguido, con su vincha de cacique, camiseta blanca y un collar multicolor, Díaz aguardó hasta el final de la audiencia para hablar.
Recordó que sus antepasados no se referían a sus tierras como propias sino como aquel “lugar donde se recolectaba y cazaba”. “La tierra no es para comercializarla. Es parte de nuestra existencia. Los recursos que existen ahí no son nuestros. Convivimos con ellos”, argumentó Díaz. Ahora la Corte deberá deliberar sobre cómo soluciona este conflicto.
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