Un juzgado bajo sospecha investiga las tesis conspirativas que tumbó el Supremo
Vagones destrozados por el atentado del 11-M que fueron trasladados a Villaverde (Madrid) antes de ordenarse el desguace.
El juzgado de instrucción número 43 de Madrid, cuya titular es Coro Cillán, lleva dos años y medio investigando si un jefe policial de los Tedax nombrado por el Gobierno de José María Aznar (PP) delinquió en el caso del 11-M. El comisario Juan Jesús Sánchez Manzano está imputado por supuesta ocultación, manipulación de pruebas (restos de explosivo), encubrimiento y omisión de perseguir el delito en relación con el mayor atentado en España, que costó la vida a 191 personas.
Por el agujero de esta investigación judicial se han colado algunos de los bulos más ruidosos sobre el 11-M que jalearon durante un tiempo dirigentes del PP, y que siguen propagando sus medios de comunicación afines para sugerir que los islamistas no cometieron el atentado de los trenes; que algunos policías y el PSOE tuvieron relación con la matanza; o que servicios de espionaje extranjeros lo sabían y no lo evitaron.
En el juzgado 43 han resucitado los principales bulos: sobre la mochila que contenía una bomba que no explotó en El Pozo y cuyo análisis condujo, entre otras pruebas, hasta los autores del atentado; sobre la supuesta destrucción o manipulación de restos del explosivo hallado en los lugares de las explosiones; acerca del desguace de los trenes donde estallaron las bombas unos días después del 11-M; sobre lo hallado en la furgoneta con la que se desplazaron los terroristas; respecto a la posible participación de ETA en los hechos, e incluso sobre un complot de servicios secretos extranjeros en Ginebra con la participación del CNI, de un dirigente del PSOE y de un policía español para organizar la matanza con la que sacar al PP del poder en 2004. Todos estos bulos llenan cientos de páginas del sumario escrito estos dos años y medio en el juzgado 43.
La Audiencia Nacional investigó esas elucubraciones sin fundamento y otras entre 2004 y 2007. La sentencia del 11-M derribó con decenas de pruebas los pilares de la teoría de la conspiración. El Supremo ratificó que ninguna de las patrañas tenía base. Y pese a que se trata de mentiras ya juzgadas, el bulo se ha enquistado en el juzgado 43 y ha echado raíces.
A la querella que interpuso en julio de 2009 una asociación de ayuda a víctimas del 11-M contra Sánchez Manzano, se han adherido terroristas o familiares de terroristas condenados por el atentado, un sindicato de ultraderecha, una asociación de guardias civiles y la Asociación de Víctimas del Terrorismo. A todos los ha aceptado la juez en la causa como acusación popular. Todos acusan al exjefe de los Tedax de destruir o manipular restos del explosivo que estalló en los trenes para encubrir a los autores del atentado y no perseguir el delito.
La juez Cillán, cuya actuación está bajo sospecha en un expediente abierto en el Consejo del Poder Judicial debido a supuestas irregularidades en el precinto de una discoteca, ha citado a decenas de personas en los dos años y medio que lleva abierto el caso.
» Admisión de la querella. Antes de que la juez Cillán imputara a Sánchez Manzano, en otro juzgado vecino (el número 6 de la plaza de Castilla) ingresó una querella del partido Alternativa Española contra el mismo policía y por hechos parecidos, basados en el libro Titadyne, donde se culpaba al jefe de los Tedax de manipular las pruebas y mentir ante los tribunales. “Mediante técnica retorcida y taimada se viene a identificar a una serie de personas con los pretendidos hechos delictivos...
No puede evitarse que un análisis razonado de la denuncia y del libro permita concluir la espuria utilización de la jurisdicción penal con la pretensión de que se abran diligencias penales”, escribió el juez para rechazar la querella. La segunda denuncia contra Sánchez Manzano, que recayó en el juzgado de Cillán, tuvo más éxito. Acusaba al policía de irregularidades en la recogida de muestras y su posible destrucción o desaparición al margen de cualquier normativa.
» La supuesta ocultación de pruebas. La juez ha descubierto que el 11 de marzo de 2004, los agentes de la Brigada Provincial de Tedax de Madrid y de la Unidad Central de Tedax recogieron muestras o vestigios de las explosiones, pero no lo documentaron convenientemente, aunque los Tedax de Madrid, dirigidos por el policía Cáceres Vadillo, culpan a los de la Unidad Central, cuyo jefe era Sánchez Manzano.
La juez también investiga por qué analizaron las muestras en las instalaciones de los Tedax en lugar de remitirlas a la Policía Científica, vulnerando supuestamente el protocolo. Ante la juez, el jefe de Policía Científica durante el 11-M, el comisario Corrales, declaró: “Cuando había atentados, hacíamos el trabajo conjunto. Tedax recogía la parte de explosivos y la policía científica buscaba huellas, restos biológicos... Unas veces Tedax nos dejaba las muestras y otras veces se las llevaban para su analítica.
El laboratorio de los Tedax tenía capacidad para hacer las analíticas correspondientes. Lo que nos remitió Manzano, lo analizamos y lo devolvimos. Y nos quejamos porque no sabíamos de dónde eran los restos”. La cadena de mando y los tedax que han declarado ante el juzgado negaron a la juez que “Sánchez Manzano ocultara o mandara ocultar restos de las explosiones”, u ordenara “destruir muestras, cambiar informes o modificar conclusiones en una pericial”.
» ETA en la sombra. Hace varios meses, la sombra de ETA planeó sobre la investigación abierta en el juzgado de Cillán. Germán González, general de Brigada de la Guardia Civil con destino en Gipuzkoa cuando ocurrió el atentado del 11-M, declaró el pasado 23 de noviembre. La juez le preguntó: “¿Tienes usted constancia del reparto de panfletos en San Sebastián, junto a una herriko taberna?”. El general contestó: “No tengo constancia, pero no es raro”. También declaró que ignoraba si había podido haber “reuniones en Austria [sic] o Suiza para las negociaciones con ETA”.
Ningún mando policial de los que intervino en la investigación del 11-M, nombrados por el PP, ha dado credibilidad a la participación de ETA en ese atentado. Pero en el juzgado 43 la sombra de ETA sigue presente.
» Complot en Ginebra. Hace solo 10 días, la juez Cillán citó a declarar a un policía, el inspector Mosquera, suspendido de funciones y condenado por los tribunales en 2009. Mosquera había sostenido ante otra juez de Lugo que un amigo suyo, agente del CNI, conocido como Walter, le había contado que antes del 11-M se habían reunido en Ginebra servicios secretos marroquíes, búlgaros, franceses, y también espías españoles junto a un dirigente del PSOE y a un policía para montar el atentado.
En su declaración ante Coro Cillán, el policía añadió que el comisario jefe de Retiro le dijo que cuando llegó a Leganés tras la explosión del piso en el que se suicidaron siete de los terroristas del 11-M, “allí estaba Rubalcaba”.
La juez citó al comisario jefe de Retiro, quién declaró: “Estuve en Leganés. No vi por ningún lado al señor Rubalcaba. Ni estaba ni creo que hubiera pintado nada allí (...) El inspector Mosquera ha estado implicado, procesado y condenado por un hecho que sucedió recientemente. Pienso que debería haber pasado algún tipo de revisión”.
» El desguace de los trenes. La irrupción del sindicato ultraderechista Manos Limpias como acusación popular resucitó otro tema recurrente de la teoría de la conspiración: alguien ordenó el desguace de los trenes donde explotaron las bombas solo unos días después del 11-M para destruir pruebas. Pese a que Sánchez Manzano no tiene relación con aquellos hechos, la juez aceptó esta nueva vía de investigación, para lo que citó a declarar al presidente de Renfe en 2004, Miguel Corsini (que no acudió), y a otros directivos de Renfe.
El Supremo ya rechazó en 2006 una querella contra el juez Juan Del Olmo y la fiscal Olga Sánchez, a los que Manos Limpias atribuía la orden de destruir los vagones. “A lo largo de las actuaciones obran los distintos autos y pormenorizados dictámenes periciales sobre los objetos encontrados en los restos de los vagones afectados por las explosiones, y sobre estos mismos, a fin de determinar la etiología, forma y características de las explosiones sufridas.
Hay un informe completísimo conjunto de expertos de Tedax y Guardia Civil, sobre los restos de los vagones, planteándose incluso la posibilidad de reproducir la deflagración, lo que se desestima por razones técnicas. La conservación y destino de los vagones en cuestión, una vez hechos en ellos todas las pericias que se estimaron necesarias, corresponde a su legítimo propietario (Renfe), que además cuenta con lugares apropiados para ello”, sentenció el Supremo.
Con estos antecedentes, el fiscal informó en contra de las pruebas que solicitaba Manos Limpias, entre ellas la declaración de Del Olmo y Sánchez. Pero la juez Cillán decidió investigar, aunque Sánchez Manzano ni siquiera había pasado por allí.
En el juzgado 43, las teorías conspirativas sobre el 11-M siguen vivas, siete años después.
Por el agujero de esta investigación judicial se han colado algunos de los bulos más ruidosos sobre el 11-M que jalearon durante un tiempo dirigentes del PP, y que siguen propagando sus medios de comunicación afines para sugerir que los islamistas no cometieron el atentado de los trenes; que algunos policías y el PSOE tuvieron relación con la matanza; o que servicios de espionaje extranjeros lo sabían y no lo evitaron.
En el juzgado 43 han resucitado los principales bulos: sobre la mochila que contenía una bomba que no explotó en El Pozo y cuyo análisis condujo, entre otras pruebas, hasta los autores del atentado; sobre la supuesta destrucción o manipulación de restos del explosivo hallado en los lugares de las explosiones; acerca del desguace de los trenes donde estallaron las bombas unos días después del 11-M; sobre lo hallado en la furgoneta con la que se desplazaron los terroristas; respecto a la posible participación de ETA en los hechos, e incluso sobre un complot de servicios secretos extranjeros en Ginebra con la participación del CNI, de un dirigente del PSOE y de un policía español para organizar la matanza con la que sacar al PP del poder en 2004. Todos estos bulos llenan cientos de páginas del sumario escrito estos dos años y medio en el juzgado 43.
La Audiencia Nacional investigó esas elucubraciones sin fundamento y otras entre 2004 y 2007. La sentencia del 11-M derribó con decenas de pruebas los pilares de la teoría de la conspiración. El Supremo ratificó que ninguna de las patrañas tenía base. Y pese a que se trata de mentiras ya juzgadas, el bulo se ha enquistado en el juzgado 43 y ha echado raíces.
A la querella que interpuso en julio de 2009 una asociación de ayuda a víctimas del 11-M contra Sánchez Manzano, se han adherido terroristas o familiares de terroristas condenados por el atentado, un sindicato de ultraderecha, una asociación de guardias civiles y la Asociación de Víctimas del Terrorismo. A todos los ha aceptado la juez en la causa como acusación popular. Todos acusan al exjefe de los Tedax de destruir o manipular restos del explosivo que estalló en los trenes para encubrir a los autores del atentado y no perseguir el delito.
La juez Cillán, cuya actuación está bajo sospecha en un expediente abierto en el Consejo del Poder Judicial debido a supuestas irregularidades en el precinto de una discoteca, ha citado a decenas de personas en los dos años y medio que lleva abierto el caso.
» Admisión de la querella. Antes de que la juez Cillán imputara a Sánchez Manzano, en otro juzgado vecino (el número 6 de la plaza de Castilla) ingresó una querella del partido Alternativa Española contra el mismo policía y por hechos parecidos, basados en el libro Titadyne, donde se culpaba al jefe de los Tedax de manipular las pruebas y mentir ante los tribunales. “Mediante técnica retorcida y taimada se viene a identificar a una serie de personas con los pretendidos hechos delictivos...
No puede evitarse que un análisis razonado de la denuncia y del libro permita concluir la espuria utilización de la jurisdicción penal con la pretensión de que se abran diligencias penales”, escribió el juez para rechazar la querella. La segunda denuncia contra Sánchez Manzano, que recayó en el juzgado de Cillán, tuvo más éxito. Acusaba al policía de irregularidades en la recogida de muestras y su posible destrucción o desaparición al margen de cualquier normativa.
» La supuesta ocultación de pruebas. La juez ha descubierto que el 11 de marzo de 2004, los agentes de la Brigada Provincial de Tedax de Madrid y de la Unidad Central de Tedax recogieron muestras o vestigios de las explosiones, pero no lo documentaron convenientemente, aunque los Tedax de Madrid, dirigidos por el policía Cáceres Vadillo, culpan a los de la Unidad Central, cuyo jefe era Sánchez Manzano.
La juez también investiga por qué analizaron las muestras en las instalaciones de los Tedax en lugar de remitirlas a la Policía Científica, vulnerando supuestamente el protocolo. Ante la juez, el jefe de Policía Científica durante el 11-M, el comisario Corrales, declaró: “Cuando había atentados, hacíamos el trabajo conjunto. Tedax recogía la parte de explosivos y la policía científica buscaba huellas, restos biológicos... Unas veces Tedax nos dejaba las muestras y otras veces se las llevaban para su analítica.
El laboratorio de los Tedax tenía capacidad para hacer las analíticas correspondientes. Lo que nos remitió Manzano, lo analizamos y lo devolvimos. Y nos quejamos porque no sabíamos de dónde eran los restos”. La cadena de mando y los tedax que han declarado ante el juzgado negaron a la juez que “Sánchez Manzano ocultara o mandara ocultar restos de las explosiones”, u ordenara “destruir muestras, cambiar informes o modificar conclusiones en una pericial”.
» ETA en la sombra. Hace varios meses, la sombra de ETA planeó sobre la investigación abierta en el juzgado de Cillán. Germán González, general de Brigada de la Guardia Civil con destino en Gipuzkoa cuando ocurrió el atentado del 11-M, declaró el pasado 23 de noviembre. La juez le preguntó: “¿Tienes usted constancia del reparto de panfletos en San Sebastián, junto a una herriko taberna?”. El general contestó: “No tengo constancia, pero no es raro”. También declaró que ignoraba si había podido haber “reuniones en Austria [sic] o Suiza para las negociaciones con ETA”.
Ningún mando policial de los que intervino en la investigación del 11-M, nombrados por el PP, ha dado credibilidad a la participación de ETA en ese atentado. Pero en el juzgado 43 la sombra de ETA sigue presente.
» Complot en Ginebra. Hace solo 10 días, la juez Cillán citó a declarar a un policía, el inspector Mosquera, suspendido de funciones y condenado por los tribunales en 2009. Mosquera había sostenido ante otra juez de Lugo que un amigo suyo, agente del CNI, conocido como Walter, le había contado que antes del 11-M se habían reunido en Ginebra servicios secretos marroquíes, búlgaros, franceses, y también espías españoles junto a un dirigente del PSOE y a un policía para montar el atentado.
En su declaración ante Coro Cillán, el policía añadió que el comisario jefe de Retiro le dijo que cuando llegó a Leganés tras la explosión del piso en el que se suicidaron siete de los terroristas del 11-M, “allí estaba Rubalcaba”.
La juez citó al comisario jefe de Retiro, quién declaró: “Estuve en Leganés. No vi por ningún lado al señor Rubalcaba. Ni estaba ni creo que hubiera pintado nada allí (...) El inspector Mosquera ha estado implicado, procesado y condenado por un hecho que sucedió recientemente. Pienso que debería haber pasado algún tipo de revisión”.
» El desguace de los trenes. La irrupción del sindicato ultraderechista Manos Limpias como acusación popular resucitó otro tema recurrente de la teoría de la conspiración: alguien ordenó el desguace de los trenes donde explotaron las bombas solo unos días después del 11-M para destruir pruebas. Pese a que Sánchez Manzano no tiene relación con aquellos hechos, la juez aceptó esta nueva vía de investigación, para lo que citó a declarar al presidente de Renfe en 2004, Miguel Corsini (que no acudió), y a otros directivos de Renfe.
El Supremo ya rechazó en 2006 una querella contra el juez Juan Del Olmo y la fiscal Olga Sánchez, a los que Manos Limpias atribuía la orden de destruir los vagones. “A lo largo de las actuaciones obran los distintos autos y pormenorizados dictámenes periciales sobre los objetos encontrados en los restos de los vagones afectados por las explosiones, y sobre estos mismos, a fin de determinar la etiología, forma y características de las explosiones sufridas.
Hay un informe completísimo conjunto de expertos de Tedax y Guardia Civil, sobre los restos de los vagones, planteándose incluso la posibilidad de reproducir la deflagración, lo que se desestima por razones técnicas. La conservación y destino de los vagones en cuestión, una vez hechos en ellos todas las pericias que se estimaron necesarias, corresponde a su legítimo propietario (Renfe), que además cuenta con lugares apropiados para ello”, sentenció el Supremo.
Con estos antecedentes, el fiscal informó en contra de las pruebas que solicitaba Manos Limpias, entre ellas la declaración de Del Olmo y Sánchez. Pero la juez Cillán decidió investigar, aunque Sánchez Manzano ni siquiera había pasado por allí.
En el juzgado 43, las teorías conspirativas sobre el 11-M siguen vivas, siete años después.
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