- Según el BOE, no habrá que demostrar la antigüedad del dinero
- Para regularizar los bienes o derechos ocultos se pagará un 10% a Hacienda
La amnistía fiscal aprobada por el Gobierno entra este lunes en vigor y se extenderá también al dinero en metálico,
según la orden ministerial que concreta el decreto-ley de la
regularización de activos ocultos y que este lunes publica el Boletín
Oficila del Estado (BOE).
Según el texto definitivo, cuando "se
trate de dinero en efectivo, será suficiente la manifestación de ser
titular del mismo con anterioridad al 31 de diciembre de 2010". Por lo
tanto, no será necesario demostrar la antigüedad de ese dinero
y bastará con que el contribuyente ingrese el importe correspondiente
en una cuenta corriente para regularizarlo y beneficiarse así de la
amnistía fiscal.
El BOE señala que "la declaración tributaria
especial" la podrán realizar los contribuyentes del IRPF, del Impuesto
sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que sean
titulares de los bienes o derechos cuya titularidad se corresponda con rentas no declaradas.
Esos bienes o derechos deberán haberse adquirido en una fecha anterior al 31 de diciembre de 2010
y su valor se decidirá por su valor de adquisición, salvo en el
supuesto de cantidades depositadas en cuentas abiertas en entidades que
se dediquen al tráfico bancario o crediticio. En ese último caso, se
tomará en consideración su importe a 31 de diciembre de 2010.
El
texto indica que, tras la presentación de la declaración tributaria
especial, se deberá ingresar un 10% del importe o valor de adquisición
de los bienes o derechos regularizados. También se deberá incorporar la
información necesaria que permita identificar los citados bienes y
derechos.
Según la orden ministerial, la declaración tributaria especial tendrá carácter reservado y deberá presentarse antes del 30 de noviembre de 2012.
Según el Gobierno, el denominado "Programa especial de regularización de activos ocultos" permitirá recaudar unos 2.500 millones de euros,
aunque tanto desde la oposición política como desde los organismos
europeos se considera que no existe base concreta para realizar ese
cálculo.
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