Armoniza los procedimientos de liquidación de entidades insolventes
El primer paso consistirá, precisamente, en armonizar "los instrumentos, principios y procedimientos" que deben aplicar las autoridades en caso de que una entidad roce la insolvencia, según el proyecto de directiva que presentará mañana el comisario europeo de Mercado Interior, Michael Barnierl.
El comisario europeo del Mercado Interior y Servicios Financieros, Michel Barnier.
La Comisión Europea tiene previsto colocar mañana la primera piedra de lo que se ha dado en llamar unión bancaria europea, es decir, una integración de los sistemas de supervisión y rescate de las entidades financieras para impedir que la quiebra de uno o varios bancos pueda arrastrar a un Estado.
El primer paso consistirá, precisamente, en armonizar "los instrumentos, principios y procedimientos" que deben aplicar las autoridades en caso de que una entidad roce la insolvencia, según el proyecto de directiva que presentará mañana el comisario europeo de Mercado Interior, Michael Barnierl.
El texto, se marca como objetivo "limitar", en la medida de lo posible, la utilización del dinero de los contribuyentes en esos procesos, para lo que se obligará a todas las entidades a dotar un fondo de liquidación con una cifra por determinar pero que, según Bruselas, podría rondar el 10% de los pasivos.
La Comisión reconoce en el documento que la medida podría traducirse en un encarecimiento de los servicios bancarios, con comisiones más altas o reducción de los rendimientos de las cuentas de ahorro. Pero el organismo comunitario se muestra convencido de que la competencia del sector mitigará ese daño colateral y de que, en cualquier caso, los beneficios de la propuesta exceden con creces a sus potenciales perjuicios.
La principal ventaja, según la CE, es que las futuras crisis no se resolverán con rescates públicos, que han costado al contribuyente miles de millones de euros, sino a costa de los accionistas y acreedores de la entidad en dificultades. Para ello, la directiva fija una "jerarquía" pormenorizada sobre la participación interna en el rescate, con la entrada de deuda subordinada solo cuando se haya agotado el capital accionarial.
El sector temía que esta obligación espantase a los inversores y provocase una mengua de flujos de capital hacia Europa. Pero el texto prevé un largo período de transición, hasta 2018 y se evita la retroactividad de la norma, por lo que la deuda ya emitida no verá revisadas sus condiciones.
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