Arranca el juicio contra Argentina por trabar a las importaciones

Arbitraje de la OMC

La OMC inicia el proceso de arbitraje en Ginebra por las trabas a los productos europeos en el país sudamericano. Si no se logra un acuerdo de partes, el organismo definirá respecto de la legalidad de las medidas argentinas y también posibles sanciones.

 

La Unión Europea y Argentina ingresan en una instancia de negociación tras la denuncia del Grupo de los Veintisiete ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por las trabas a las importaciones. El país sudamericano ha aceptado la etapa de consultas en Ginebra aunque ha justificado que aplica "legítimas políticas" comerciales.

La UE denunció semanas atrás a Argentina por las trabas a las empresas europeas impuestas por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Un sistema de licencias, cupos y autorizaciones restringe el ingreso de productos importados al país que recibe mercancías europeas por 8.500 millones de euros.

El Gobierno de Kirchner informó ayer que ha aceptado la solicitud de consultas en un proceso abierto por la UE ante la OMC. Se trata de la primera etapa del arbitraje que tiene un plazo de 60 días y en caso de no arribar a un acuerdo, el organismo deberá pronunciarse por la legalidad de las medidas. Al país sudamericano le podrían caber duras represalias y sanciones.

La UE ha denunciado un procedimiento poco transparente y "arbitrario" en la autorización y otorgamiento de licencias para las mercancías europeas que retrasa y hasta imposibilita el ingreso de productos al país sudamericano.

Ahora Argentina -a través del Ministerio de Relaciones Exteriores- ha respondido aceptado iniciar el período de consultas respecto de la denuncia que considera "infundada". Ha aclarado que a su criterio el país "cumple con las reglas y los procedimientos de los organismos internacionales de los que es parte, mientras que un Estado miembro de la Unión Europea hace caso omiso de 39 Resoluciones de las Naciones Unidas", aludiendo a Reino Unido por su prolongada disputa en torno a la soberanía de las Islas Malvinas.

El Gobierno de Kirchner ha calificado que el cuestionamiento europeo "podría interpretarse como una línea de acción que procura estrechar los márgenes de política económica legítima de los países emergentes, con el objetivo último de volcar en sus dinámicos mercados internos los excedentes exportables de los países desarrollados, actualmente en crisis y con políticas fiscales contractivas que limitan la demanda agregada global".

Al mismo tiempo ha desviado el eje de la denuncia al reiterar su acusación a países desarrollados que restringen el acceso a sus productos mediante "prácticas proteccionistas de larga data" y otros mecanismos como "subsidios distorsivos, cuotas, escalonamiento y picos arancelarios", según consta en un comunicado de prensa oficial.