El Gobierno de Ecuador reconoció hoy la responsabilidad del Estado
por la violación de los derechos de un pueblo indígena amazónico que se
enfrentó con una petrolera argentina, en una sesión "histórica" de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos celebrada en su territorio.
Es
la primera vez que el Ejecutivo hace esa admisión, según Mario Melo,
abogado de los demandantes, que la calificó como "un paso muy
importante", pues supone "un cambio de timón de 180 grados", en su
opinión.
Aunque las supuestas violaciones de los derechos
ocurrieron durante sus antecesores, el gobierno actual, encabezado por
Rafael Correa, había seguido negando las acusaciones.
La
declaración tuvo lugar al final de una sesión que Diego García, el
presidente de la Corte, tildó de "histórica", pues nunca antes esa
entidad había escuchado testimonios en el lugar de los hechos.
Además
de él, que oyó el relato de nueve sarayakus sentado en una silla con el
respaldo labrado en forma de sol, también participó la jueza Rhadys
Abreu Blondet.
Los hechos se remontan a 1996, cuando el Gobierno
ecuatoriano de entonces otorgó a la empresa argentina Compañía General
de Combustibles (CGC) el derecho a explotar el petróleo en la tierra de
los sarayaku sin consultarlos.
La compañía entró con el apoyo de
soldados ecuatorianos, mientras que la comunidad se movilizó para
defender su territorio y logró expulsarla tras una disputa que no causó
víctimas. El Gobierno indemnizó recientemente a CGC con 20 millones de
dólares.
En la casa comunal, con techo de hojas de palma y recién
pintada, Alexis Mera, el asesor jurídico del presidente de Ecuador,
Rafael Correa, sorprendió con la nueva postura del Gobierno.
"El
Estado reconoce la responsabilidad y está dispuesto a llegar a cualquier
acuerdo de reparación", dijo Mera, uno de los consejeros más estrechos
del mandatario.
"Los actos de las Fuerzas Armadas, los actos en
contra, la obstrucción de los ríos, son temas que condenamos como
Gobierno", añadió.
Al mismo tiempo que Mera hablaba en la
Amazonía, Correa aseveraba en su programa sabatino que el caso es una
"pantalla" para ciertas organizaciones ecologistas que "están en contra
de Ecuador" y que no quieren ninguna explotación de crudo.
Dijo
que le indigna "que vengan estos 'gringuitos' (extranjeros) con la panza
(estómago) bien llena a tratar de hacer aquí lo que nunca han logrado
en sus respectivos países".
Los 1.200 sarayaku esperan que una
sentencia a su favor por parte del máximo tribunal de la región cree un
precedente legal para toda América Latina que obligue a los Gobiernos a
obtener el permiso de las comunidades indígenas antes de dar concesiones
petroleras o mineras.
En cambio, Correa dijo que la normativa internacional y ecuatoriana establece que esa consulta previa "no es vinculante".
Mera
afirmó que tampoco podía garantizar que el Gobierno no autorizará a
otra compañía que explote el petróleo bajo los bosques de los sarayaku.
"No podemos porque el régimen constitucional no lo permite", dijo.
El
Gobierno prepara actualmente la licitación de una gran área amazónica
donde ahora apenas hay pozos, y que incluye la tierra de los sarayaku y
de otros pueblos indígenas.
Mayor flexibilidad demostró Mera con
respecto a la casi tonelada y media del explosivo pentolita que CGC
enterró en un área de 20 kilómetros cuadrados para hacer estudios
sísmicos pero que no llegó a detonar.
Hasta ahora el Gobierno
había propuesto hacerla explotar o dejarla donde está, con el argumento
de que retirarla provocaría daño ambiental, mientras que los indígenas
piden que se saque.
Mera dijo hoy a la prensa que el Ejecutivo está abierto a dialogar al respecto.
No
obstante, para los sarayaku no fue suficiente. Su líder, José Gualinga,
anunció que no negociarán con el Gobierno y esperarán el fallo.
"Damos
nuestra confianza, nuestra fe en que la Corte Interamericana sabrá
tomar sabiamente, imparcialmente lo que corresponde la justicia", dijo
Gualinda, que llevaba un tocado de plumas y la cara pintada con rayas
negras, como el resto de la comunidad.
El Gobierno, por su parte,
envió a una delegación de alto nivel, compuesta, entre otros, por la
ministra de Justicia, Johana Pesántez, y el vicecanciller, Marco Albuja,
además de Mera. EFE
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