ASUNTOS INTERNOS YA LO INVESTIGÓ Y LO JUDICIALIZÓ
El secretario general del SUP, Sánchez- Forner
La Policía recibió la misma denuncia anónima hace un mes y la unidad de Asuntos Internos abrió una investigación que acabó llevando el asunto ante la Fiscalía. El juzgado número 26 tiene abiertas desde entonces diligencias previas.
El documento remitido a la Fiscalía Anticorrupción parte de una denuncia anónima llegada en el "interior de un sobre y sin remitente" a la sede del sindicato bajo el título "Graves daños a los intereses de la Administración como consecuencia de corrupción en el departamento de obras y arquitectura de la Dirección General de la Policía".
En total son nueve folios en la que se relatan con todo lujo de detalles prestación de servicios amañados, subcontratas o presupuestos fraccionados para evitar sacar a concurso público algunas concesiones de obras en todos los puntos de España. Aunque las irregularidades se remontan a ‘varios años’, los ejemplos -que afectan también a obras realizadas con cargo al Plan E de Zapatero- se ciñen sólo a 2010 y 2011, con Alfredo Pérez Rubalcaba y Antonio Camacho en Interior.
"Se tiene constancia de la continua práctica de irregularidades y arbitrariedades en la tramitación de expedientes de obras y prestaciones de servicios de técnicos y consultorías, que debido a su falta de transparencia a la no concurrencia de ofertas reales (pues todas son amañadas de antemano) y al impulso de expedientes que no procede su gestión al estar ya incluidos en otros, vienen acarreando graves perjuicios económicos a la administración", dice el documento.
Se acusa de que la Dirección de Patrimonio de la Policía adjudicaba obras a empresas ubicadas en Madrid que se desplazaban a realizar obras a otras provincias sin pedir ofertas a otras empresas localizadas en esos lugares, lo que abarataría el coste de obra. Igualmente se denuncia que distintas obras eran realizadas por varias empresas que tenían todas el mismo domicilio fiscal, pero que eran subcontratadas para despiezar el coste total de la operación y no tener que sacarlo a concurso.
Desde el SUP, en el escrito firmado por su secretario general, José Manuel Sánchez Fornet, se ponen estos datos en conocimiento del Ministerio Público para que, "si lo estima procedente, se llevan a cabo las diligencias que considere oportunas para el total esclarecimiento y comprobación de los hechos denunciados así como la depuración de las responsabilidades derivadas de los mismos".
El documento remitido a la Fiscalía Anticorrupción parte de una denuncia anónima llegada en el "interior de un sobre y sin remitente" a la sede del sindicato bajo el título "Graves daños a los intereses de la Administración como consecuencia de corrupción en el departamento de obras y arquitectura de la Dirección General de la Policía".
En total son nueve folios en la que se relatan con todo lujo de detalles prestación de servicios amañados, subcontratas o presupuestos fraccionados para evitar sacar a concurso público algunas concesiones de obras en todos los puntos de España. Aunque las irregularidades se remontan a ‘varios años’, los ejemplos -que afectan también a obras realizadas con cargo al Plan E de Zapatero- se ciñen sólo a 2010 y 2011, con Alfredo Pérez Rubalcaba y Antonio Camacho en Interior.
"Se tiene constancia de la continua práctica de irregularidades y arbitrariedades en la tramitación de expedientes de obras y prestaciones de servicios de técnicos y consultorías, que debido a su falta de transparencia a la no concurrencia de ofertas reales (pues todas son amañadas de antemano) y al impulso de expedientes que no procede su gestión al estar ya incluidos en otros, vienen acarreando graves perjuicios económicos a la administración", dice el documento.
Se acusa de que la Dirección de Patrimonio de la Policía adjudicaba obras a empresas ubicadas en Madrid que se desplazaban a realizar obras a otras provincias sin pedir ofertas a otras empresas localizadas en esos lugares, lo que abarataría el coste de obra. Igualmente se denuncia que distintas obras eran realizadas por varias empresas que tenían todas el mismo domicilio fiscal, pero que eran subcontratadas para despiezar el coste total de la operación y no tener que sacarlo a concurso.
Desde el SUP, en el escrito firmado por su secretario general, José Manuel Sánchez Fornet, se ponen estos datos en conocimiento del Ministerio Público para que, "si lo estima procedente, se llevan a cabo las diligencias que considere oportunas para el total esclarecimiento y comprobación de los hechos denunciados así como la depuración de las responsabilidades derivadas de los mismos".
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