La marcha coincide con una huelga de 24 horas en protesta por la reforma de las pensiones
Agentes de policía se manifiestan contra
los recortes en Londres. En la pancarta levantada en el centro de la
marcha el mensaje "los recortes son criminales".
Miles de policías se han sumado a las protestas organizadas hoy en Reino Unido por varios sindicatos contra la política de austeridad de la coalición de conservadores y liberales-demócratas
que lidera el primer ministro David Cameron. La policía no puede hacer
huelga –la última vez que lo hizo fue en 1919 y desde entonces es
ilegal– pero se estima que cerca de 20.000 oficiales vestidos de civil y
fuera de servicio han acudido a la manifestación organizada en el
centro de Londres. De ellos, 16.000 lucen gorras de color negro en señal
de luto por el recorte de 16.000 miembros de la fuerza policial puesto
en marcha por el Gobierno.
La protesta policial coincide con una huelga de 24 horas en protesta por la reforma de las pensiones públicas que está afectando al servicio de prisiones, juzgados, hospitales, universidades, ministerios, parlamentos, y los controles fronterizos, entre otros sectores gestionados por las administraciones públicas. Los sindicatos han convocado a 400.000 empleados públicos a la huelga, aunque según el Gobierno, el paro está siendo secundado por unos 100.000.
La protesta policial, la primera desde 2008, cuando gobernaban los laboristas, es especialmente dañina para el Gobierno porque la policía sigue siendo una institución muy popular en el país. La protesta pretende evitar que la coalición siga las recomendaciones elevadas a la coalición por Tom Winsor, autor de dos informes sobre la reforma del cuerpo y antiguo responsable del regulador de los ferrocarriles, un hombre con fama de ser muy directo.
Y los informes que ha elaborado, lo son. Winsor propone que se modifique el actual sistema de salarios, con el objetivo de beneficiar a los oficiales que ocupan los destinos más peligrosos al tiempo que se rebaja la paga de quienes ocupan puestos de oficina; que se incremente la profesionalidad del cuerpo y se pueda rescindir el contrato de los agentes que no estén en la forma física adecuada para que ser policía deje de ser un empleo para toda la vida; o que se acabe con el actual derecho a jubilarse tras 30 años de servicio.
Para los policías que se están manifestando en Londres, esas propuestas, que se unen a los recortes salariales y de las pensiones, son la gota que desborda el vaso de su malestar y se oponen a los recortes salariales y del número de agentes planeado por el Gobierno, argumentando que su trabajo es especialmente peligroso y que los demás servicios públicos no pueden funcionar si la policía no funciona. Pero el Gobierno responde que esa peligrosidad ya está reconocida en el hecho de que están mejor pagados que los demás empleados públicos y que, por ejemplo, tienen derecho a cobrar horas extras.
Los empleados públicos convocados a la huelga por varios sindicatos protestan contra la austeridad en general y contra la reforma de las pensiones en particular porque obligará a los trabajadores a pagar más por sus contribuciones y a retrasar hasta los 68 años la edad de jubilación.
La huelga ha obligado al cierre de algunos museos; está afectando a numerosos hospitales; universidades; departamentos ministeriales; está provocando largas colas en los controles fronterizos de los aeropuertos, en particular a los viajeros de fuera del Espacio Económico Europeo.
También ha sido secundada por los empleados de las prisiones, provocando la suspensión de algunos juicios porque los acusados no han sido transportados a los juzgados debido a que los empleados de las prisiones solo están atendiendo los trabajos que afectan a la salud y a la seguridad de los presos. El Gobierno ha declarado que el paro en las prisiones es ilegal.
La protesta policial coincide con una huelga de 24 horas en protesta por la reforma de las pensiones públicas que está afectando al servicio de prisiones, juzgados, hospitales, universidades, ministerios, parlamentos, y los controles fronterizos, entre otros sectores gestionados por las administraciones públicas. Los sindicatos han convocado a 400.000 empleados públicos a la huelga, aunque según el Gobierno, el paro está siendo secundado por unos 100.000.
La protesta policial, la primera desde 2008, cuando gobernaban los laboristas, es especialmente dañina para el Gobierno porque la policía sigue siendo una institución muy popular en el país. La protesta pretende evitar que la coalición siga las recomendaciones elevadas a la coalición por Tom Winsor, autor de dos informes sobre la reforma del cuerpo y antiguo responsable del regulador de los ferrocarriles, un hombre con fama de ser muy directo.
Y los informes que ha elaborado, lo son. Winsor propone que se modifique el actual sistema de salarios, con el objetivo de beneficiar a los oficiales que ocupan los destinos más peligrosos al tiempo que se rebaja la paga de quienes ocupan puestos de oficina; que se incremente la profesionalidad del cuerpo y se pueda rescindir el contrato de los agentes que no estén en la forma física adecuada para que ser policía deje de ser un empleo para toda la vida; o que se acabe con el actual derecho a jubilarse tras 30 años de servicio.
Para los policías que se están manifestando en Londres, esas propuestas, que se unen a los recortes salariales y de las pensiones, son la gota que desborda el vaso de su malestar y se oponen a los recortes salariales y del número de agentes planeado por el Gobierno, argumentando que su trabajo es especialmente peligroso y que los demás servicios públicos no pueden funcionar si la policía no funciona. Pero el Gobierno responde que esa peligrosidad ya está reconocida en el hecho de que están mejor pagados que los demás empleados públicos y que, por ejemplo, tienen derecho a cobrar horas extras.
Los empleados públicos convocados a la huelga por varios sindicatos protestan contra la austeridad en general y contra la reforma de las pensiones en particular porque obligará a los trabajadores a pagar más por sus contribuciones y a retrasar hasta los 68 años la edad de jubilación.
La huelga ha obligado al cierre de algunos museos; está afectando a numerosos hospitales; universidades; departamentos ministeriales; está provocando largas colas en los controles fronterizos de los aeropuertos, en particular a los viajeros de fuera del Espacio Económico Europeo.
También ha sido secundada por los empleados de las prisiones, provocando la suspensión de algunos juicios porque los acusados no han sido transportados a los juzgados debido a que los empleados de las prisiones solo están atendiendo los trabajos que afectan a la salud y a la seguridad de los presos. El Gobierno ha declarado que el paro en las prisiones es ilegal.
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