Investigan una residencia pública de Aragón por retirar dinero a ancianas

El Gobierno regional anuncia acciones legales, y dos familias de internas de este centro ubicado en Calatayud han reclamado

 

 

La Consejería de Sanidad y Bienestar Social del Gobierno aragonés está investigando presuntos movimientos irregulares en cuentas bancarias de ancianas que están internas en el antiguo Psiquiátrico de Calatayud, centro sociosanitario que depende de la Administración regional y en el que están internas ancianas, algunas de ellas incapacitadas. 

Las familias de dos de ellas han pedido explicaciones al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) por salidas de dinero de las cuentas de estas ancianas, que consideran excesivas y no justificadas. Una de esas familias ha comunicado los hechos al IASS a través de un despacho de abogados, con la advertencia de que, en su caso, la anciana en cuestión está incapacitada, el tutor legal debe rendir cuentas anuales y, si no se dan explicaciones y justificaciones convincentes, acudirán al juzgado y a la Fiscalía.

Fuentes de la Consejería de Sanidad han confirmado que se han detectado «extraños movimientos» en cuentas bancarias de varias residentes. Antes de que llegaran las cartas de estas dos familias, se produjo el relevo en la dirección de este centro asistencial. El 30 de noviembre se le comunicó la destitución al anterior director, Alfonso Puertas —que también es alcalde del PSOE en Torralba de Ribota (comarca bilbilitana)—, y fue sustituido por Esther Herrero, concejala del PP en Calatayud.

12.395 euros en un día

Según fuentes oficiales, tras este relevo se vio que faltaban las cartillas de doce internas. Después se detectó que el 1 de diciembre, un día después de que se le enviara el fax de destitución, el anterior director sacó de siete de esas cuentas, todas en la misma oficina bancaria, un total de 12.395 euros, sin que —aseguran— haya aparecido justificante o recibo alguno de los pagos hechos con ese dinero.

Según las mismas fuentes, aunque la manutención, asistencia y estancia en el centro las tienen cubiertas, es habitual en las residencias que su responsable tenga firma autorizada para sacar dinero de cuentas de los internos para gastos personales como ropa, tabaco u otro tipo de servicios personales que requieran.

 Pero aseguran que «no es habitual» reintegros por importes tan elevados como los detectados, y tampoco que para sacar el dinero solo hiciera falta la firma del director. En el resto de centros —indica el Gobierno aragonés— lo habitual es que hagan falta al menos dos firmas y, además, «los gastos siempre han de justificarse con los correspondientes recibos».

La investigación, que aún sigue, se ha extendido para analizar los movimientos de cinco años atrás en todas las cuentas de internos del antiguo Psiquiátrico, y anuncian que, de momento, con los datos ya existentes, se emprenderán acciones legales. También han hecho una prospección en otras residencias públicas, pero no han encontrado anomalías.

Explicación del exdirector

 

Por su parte, el ex-director del centro bilbilitano ha indicado que desconocía esta investigación y asegura que nadie del IASS o de la Consejería se ha dirigido a él para pedirle explicaciones. Afirma que, aunque no siempre había recibos de los gastos, sí se anotaban los conceptos y se ha seguido «el mismo procedimiento que había cuando yo me incorporé al puesto», el 5 de agosto de 2003. 

Afirma que, aunque sacó el dinero de esas internas el 1 de noviembre y la víspera se le dijo por teléfono que quedaba rescindido su contrato, no fue hasta el día 1 cuando personal del centro le entregó el fax que el IASS le mandó el día de antes certificando su cese. 

«El 1 seguí trabajando para dejar al día los asuntos», incluidos pagos pendientes de varios meses. Sostiene que realizó abonos y que otra parte la dejó en la caja del centro. Puertas indica que, tras irse, han accedido a su despacho y ha podido desaparecer documentación o dinero. Fuentes oficiales afirman que no ha aparecido justificante alguno de esos supuestos pagos, niegan que fuera a trabajar el 1 de diciembre y aseguran que solo consta que el ex-director —que ha demandado al IASS por despido improcedente— dejó poco más de 200 euros en metálico como dinero de residentes.