El Gobierno de Kirchner retira arbitrariamente permisos de explotación petrolera a Repsol
Sin que medien explicaciones ni razones técnicas o de gestión, el Gobierno argentino de Cristina Kirchner va a retirar las concesiones de explotación petrolera de YPF, controlada mayoritariamente por Repsol, en la provincia de Chubut que vencían en 2015.
Dado que las condiciones financieras y las inversiones aplicadas por la compañía española se ajustan escrupulosamente a los mejores ratios empresariales, tanto en exploración como en explotación, la decisión argentina supone una arbitrariedad incompatible con la seguridad jurídica que sería deseable apreciar en un país como Argentina.
Recuérdese que la presidenta Kirchner acude a reuniones de organismos multilaterales, como el G-20, donde este tipo de conductas discrecionales, lesivas para las empresas que cumplen sus contratos, se consideran un expolio.
En el caso del castigo a YPF convergen dos factores que han contribuido a sembrar el pánico en Buenos Aires. Por una parte se detecta un aumento de la presión populista en las provincias argentinas, presas de una suerte de delirio contra la inversión extranjera y, quizá en particular, contra la española. Prueba de esta fiebre nacionalista es la fiesta multitudinaria organizada por los gobernadores de Chubut y Santa Cruz para celebrar la retirada de las concesiones a YPF, en la que abundaron las expresiones extemporáneas contra la presencia de ‘gallegos’ en Argentina.
Cristina Kirchner debería aclarar si comparte el populismo chauvinista de sus provincias y si es capaz de medir sus consecuencias, porque es evidente que tiene un serio problema para gobernar la economía del país con criterios de respeto a la inversión extranjera y certidumbre regulatoria.
Pero el gran factor que explica esta arbitrariedad es que la política energética argentina ha fracasado estrepitosamente.
Debido a decisiones incompetentes, se ha producido un crecimiento desaforado de la demanda energética y una caída en picado de la producción. Atrapado en la espiral de importaciones cada vez más caras y menos exportaciones, el Gobierno vuelve a las malas prácticas de obstaculizar la salida de dólares y buscar a un chivo expiatorio que pague las consecuencias políticas del encarecimiento de la energía.
Repsol YPF es esa víctima, aunque en los últimos 12 años haya invertido allí más de 20.000 millones de dólares. Los tribunales, argentinos e internacionales, si llega el caso, dirán cuál es la calidad regulatoria del Gobierno de Kirchner. Por el momento, parece pésima.
Dado que las condiciones financieras y las inversiones aplicadas por la compañía española se ajustan escrupulosamente a los mejores ratios empresariales, tanto en exploración como en explotación, la decisión argentina supone una arbitrariedad incompatible con la seguridad jurídica que sería deseable apreciar en un país como Argentina.
Recuérdese que la presidenta Kirchner acude a reuniones de organismos multilaterales, como el G-20, donde este tipo de conductas discrecionales, lesivas para las empresas que cumplen sus contratos, se consideran un expolio.
En el caso del castigo a YPF convergen dos factores que han contribuido a sembrar el pánico en Buenos Aires. Por una parte se detecta un aumento de la presión populista en las provincias argentinas, presas de una suerte de delirio contra la inversión extranjera y, quizá en particular, contra la española. Prueba de esta fiebre nacionalista es la fiesta multitudinaria organizada por los gobernadores de Chubut y Santa Cruz para celebrar la retirada de las concesiones a YPF, en la que abundaron las expresiones extemporáneas contra la presencia de ‘gallegos’ en Argentina.
Cristina Kirchner debería aclarar si comparte el populismo chauvinista de sus provincias y si es capaz de medir sus consecuencias, porque es evidente que tiene un serio problema para gobernar la economía del país con criterios de respeto a la inversión extranjera y certidumbre regulatoria.
Pero el gran factor que explica esta arbitrariedad es que la política energética argentina ha fracasado estrepitosamente.
Debido a decisiones incompetentes, se ha producido un crecimiento desaforado de la demanda energética y una caída en picado de la producción. Atrapado en la espiral de importaciones cada vez más caras y menos exportaciones, el Gobierno vuelve a las malas prácticas de obstaculizar la salida de dólares y buscar a un chivo expiatorio que pague las consecuencias políticas del encarecimiento de la energía.
Repsol YPF es esa víctima, aunque en los últimos 12 años haya invertido allí más de 20.000 millones de dólares. Los tribunales, argentinos e internacionales, si llega el caso, dirán cuál es la calidad regulatoria del Gobierno de Kirchner. Por el momento, parece pésima.
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