El Tribunal cierra el caso porque considera que han regularizado su situación con Hacienda
El caso tiene su origen en la lista de españoles con cuentas en el HSBC con 6.000 millones
El presidente del Banco Santander, Emilio Botín.
La Audiencia Nacional ha archivado la causa abierta contra el presidente
del Banco de Santander, Emilio Botín, y varios de sus familiares, por
un presunto fraude fiscal por sus cuentas en Suiza. El tribunal
argumenta su decisión en que el banquero y los otros 11 familiares
relacionados con el caso ya han regularizado su situación ante la
Agencia Tributaria, según han informado fuentes judiciales.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia, Fernando Andreu, concluye que "la regularización practicada por los denunciados se puede considerar que es correcta y anterior a que la Agencia Tributaria incoara un procedimiento de inspección y verificación".
La familia Botín defendió cuando salió a la luz el caso que los millones de euros depositados en las cuentas en Suiza eran el patrimonio que el padre del actual presidente del Santander sacó de España en 1936 tras el estallido de la Guerra Civil. También destacó que habían regularizado su situación con el pago de 200 millones a Hacienda en 2010.
El origen de la denuncia está en la aparición de Emilio Botín y cinco de sus hijos, entre ellos la expresidenta de Banesto y dirigente del Santander en Reino Unido, Ana Patricia Botín, así como su hermano, Jaime Botín, y también cinco de sus hijos, entre los 659 contribuyentes españoles que ocultaron más de 6.000 millones en la filial suiza del banco HSBC, el HSBC Private Bank.
Tras recibir la información en mayo de 2010 de manos de las autoridades francesas, la Agencia Tributaria ofreció a los evasores la posibilidad de regularizar su situación con Hacienda antes de optar por un proceso a través de la vía judicial.
"A la vista de esta oportunidad de regularizar este patrimonio, la familia Botín tomó la iniciativa y decidió, de forma voluntaria, proceder a declarar e ingresar todos los impuestos derivados de la existencia de dicho patrimonio y de sus rentas (ascendiendo el importe satisfecho a 200 millones de euros)", explicaron entonces desde el entorno del presidente del Santander.
Las mismas fuentes defendían la actuación de Botín en el hecho de que "ni el actual presidente del Santander, Emilio Botín, ni su hermano, Jaime Botín, eran titulares de cuentas de HSBC, por lo que no han recibido requerimiento alguno de regularización por parte de la Agencia Tributaria". La solicitud de información de Hacienda iba dirigida a Emilio Botín II, fallecido hace 17 años.
Sin embargo, ante la incapacidad de verificar en su momento que las regularizaciones eran correctas, y para evitar que los delitos correspondientes a 2005 prescribieran, la Fiscalía Anticorrupción decidió presentar denuncias contra los Botín.
En concreto, se les acusó de no haber presentado las autoliquidaciones del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio entre 2005 y 2009. No obstante, el Ministerio Público se comprometió a archivar las actuaciones si comprobaba que las regularizaciones practicadas era "completas y veraces", tal y como ha ocurrido.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia, Fernando Andreu, concluye que "la regularización practicada por los denunciados se puede considerar que es correcta y anterior a que la Agencia Tributaria incoara un procedimiento de inspección y verificación".
La familia Botín defendió cuando salió a la luz el caso que los millones de euros depositados en las cuentas en Suiza eran el patrimonio que el padre del actual presidente del Santander sacó de España en 1936 tras el estallido de la Guerra Civil. También destacó que habían regularizado su situación con el pago de 200 millones a Hacienda en 2010.
El origen de la denuncia está en la aparición de Emilio Botín y cinco de sus hijos, entre ellos la expresidenta de Banesto y dirigente del Santander en Reino Unido, Ana Patricia Botín, así como su hermano, Jaime Botín, y también cinco de sus hijos, entre los 659 contribuyentes españoles que ocultaron más de 6.000 millones en la filial suiza del banco HSBC, el HSBC Private Bank.
Tras recibir la información en mayo de 2010 de manos de las autoridades francesas, la Agencia Tributaria ofreció a los evasores la posibilidad de regularizar su situación con Hacienda antes de optar por un proceso a través de la vía judicial.
"A la vista de esta oportunidad de regularizar este patrimonio, la familia Botín tomó la iniciativa y decidió, de forma voluntaria, proceder a declarar e ingresar todos los impuestos derivados de la existencia de dicho patrimonio y de sus rentas (ascendiendo el importe satisfecho a 200 millones de euros)", explicaron entonces desde el entorno del presidente del Santander.
Las mismas fuentes defendían la actuación de Botín en el hecho de que "ni el actual presidente del Santander, Emilio Botín, ni su hermano, Jaime Botín, eran titulares de cuentas de HSBC, por lo que no han recibido requerimiento alguno de regularización por parte de la Agencia Tributaria". La solicitud de información de Hacienda iba dirigida a Emilio Botín II, fallecido hace 17 años.
Sin embargo, ante la incapacidad de verificar en su momento que las regularizaciones eran correctas, y para evitar que los delitos correspondientes a 2005 prescribieran, la Fiscalía Anticorrupción decidió presentar denuncias contra los Botín.
En concreto, se les acusó de no haber presentado las autoliquidaciones del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio entre 2005 y 2009. No obstante, el Ministerio Público se comprometió a archivar las actuaciones si comprobaba que las regularizaciones practicadas era "completas y veraces", tal y como ha ocurrido.
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