Los socialistas y CiU se abstienen en la votación de la reforma financiera
Guindos pide el "máximo consenso" para un decreto que considera "imprescindible"
Gómez pide que la Fiscalía actúe para depurar responsabilidades en la crisis de Bankia
El ministro de Economía, Luis de Guindos, charla, entre otros, con Valeriano Gómez y Soraya Rodríguez.
El Gobierno ha convalidado el decreto de reforma del sistema financiero,
logrando sumar únicamente el apoyo de Coalición Canaria y UPN en la
votación del pleno del Congreso. De los 329 diputados asistentes, 178
han votado a favor, 28 en contra y 123 se han abstenido.
El único acuerdo que se ha mantenido inalterable en los últimos años entre el PP y el PSOE, el que tiene que ver con los bancos y las cajas de ahorros, se ha agrietado, pero no roto, después de un debate áspero en el que los dos grandes partidos se han achacado responsabilidades por la crisis bancaria que, por ejemplo, supondrá inyectar más de 20.000 millones de euros de dinero público a Bankia.
El PSOE, finalmente, se ha abstenido, tras no poco suspense, porque su portavoz Valeriano Gómez ha intervenido en el turno en contra, ha hecho una crítica muy dura del texto, pero no ha desvelado el sentido del voto.
Los 110 diputados del PSOE asistieron al debate e iniciaron la votación sin saber qué botón tendrían que apretar. Hasta instantes antes de la votación intentaron el acuerdo con el Gobierno. CiU, con quien el Ejecutivo de Mariano Rajoy también ha negociado, ha optado igualmente por la abstención. Su portavoz, Josep Sánchez Llibre, ha hecho llamadas al acuerdo desde la tribuna.
El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha abogado hoy "por dar la cara ante los ciudadanos y decirles qué ha pasado desde el minuto uno" con Bankia. Además, ha instado a actuar "contra esos jetas que se llevan millones de euros de los bancos públicos y cajas después de haberlas hundido".
En una entrevista en Radio Euskadi, Basagoiti ha señalado que se siente "cómodo" en el mismo partido que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en una formación "que no es una secta" y en la que no todos tienen que pensar igual.
Además, ha recordado que este miércoles oyó a Aguirre "algo así como decir que lo de Bankia debe investigarse", y él considera que "hay que dar también explicaciones y contar lo que pasa" en la entidad financiera. "Yo creo que no se puede meter ahí 23.000 millones de dinero público y que aquí nadie diga nada. Yo creo que hay que dar la cara ante los ciudadanos y decirles qué ha pasado desde el minuto uno hasta el noventa", ha manifestado.
Los sociaistas se quedaron en la abstención porque el Gobierno aceptó
tramitar el decreto como proyecto de ley, de tal forma que ambos
partidos podrán prolongar la negociación para intentar incluir
modificaciones en el Congreso y el Senado. De esa forma, el acuerdo
sobre el sistema financiero no se rompe, aunque esté amenazado
seriamente por los reproches y, sobre todo, por las discrepancias en
cuanto a Bankia y la exigencia de responsabilidades por parte del PSOE,
incluyendo la petición de una comisión de investigación.
Minutos antes de la votación, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, argumentaba la postura de su partido ante los medios de comunicación. "Nos vamos a abstener porque el señor De Guindos ha dicho sí a dos cuestiones: No habrá un euro público que se pierda y el decreto contemplará cuestiones concretas para las familias y las pymes. En esas condiciones, estamos dispuestos al diálogo", aseguraba.
Durante el debate en el hemiciclo, el encargado de defender la postura de los socialistas, el portavoz de Economía y exministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha criticado que se hayan ido dando diferentes cifras sobre los millones que necesita Bankia.
"¿Cómo se ha generado este agujero en una entidad que hace años era de las más solventes?", se ha preguntado. Por ello, el PSOE ha pedido hoy al Gobierno que haga que la Fiscalía "comience a actuar ordenando las actuaciones necesarias" para depurar responsabilidades en la crisis financiera.
Más expeditiva, la portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso, Rosa Díez, ha confirmado que su partido presentará la próxima semana una querella ante la Audiencia Nacional contra "todos" los responsables de lo ocurrido con la nacionalizada Bankia. Mientras tanto, el presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, ha reclamado "prudencia" a la hora de actuar con Bankia para "no agravar la situación" con "confrontaciones violentas y personales".
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha pedido por su parte el "máximo consenso" de la Cámara para un decreto ley que considera "imprescindible". "El sistema financiero tiene un montón de incertidumbres desde el punto de vista de los mercados.
Este decreto pretende generar más solvencia en las entidades y al mínimo coste para el contribuyente", ha añadido. Guindos ha acusado al PSOE de que si no apoya el decreto estará "votando en contra de quitar todos los activos inmobiliarios tóxicos de los balances de los bancos españoles".
Ha cerrado el portavoz del PP Vicente Martínez Pujalte, amigo personal de Rodrigo Rato, con una dura intervención en la que ha achacado al PSOE los problemas de Bankia y la responsabilidad por la situación de la entidad.
Las conversaciones entre el Gobierno y el PSOE se interrumpieron el miércoles por la tarde por el viaje del ministro de Economía, Luis de Guindos, a Alemania. El Gobierno, con votos suficientes para convalidar el decreto, deseaba un apoyo amplio para transmitir imagen de solidez y unidad. Los decretos sobre el sistema financiero eran los únicos que hasta ahora estaban al margen de la confrontación entre PP y PSOE.
Hace tan solo cinco días, los socialistas enviaron al ministro de Economía sus condiciones para dar su respaldo al proyecto del Gobierno. El documento exigía que las ayudas públicas a los bancos puedan ser reintegrables, una vez que las entidades afectadas tengan beneficios y salgan de la dificultad.
Los socialistas también solicitaron que en el decreto ley se diera respuesta a los afectados por hipotecas impagadas, por considerar que el pacto de libre adhesión sobre los desahucios y las daciones en pago no resuelve esos casos extremos.
Igualmente, la dirección del PSOE pidió que se busque una solución para los afectados por las llamadas acciones preferentes, producto financiero que se extendió para pequeños ahorradores y que, según el propio ministro de Economía, debían haberse limitado para grandes inversionistas.
Se trata de la segunda reforma financiera en tres meses. La medida llega después de la nacionalización de Bankia y abre la puerta a la inyección de grandes cantidades de dinero público en los bancos con problemas.
La reforma del sistema financiero comenzó con el segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El Ejecutivo socialista aprobó en 2010 un cambio en la ley de cajas de ahorros que permitía su acceso a los mercados de capital y limitaba la presencia de los políticos en sus órganos de dirección, además de agilizar las fusiones. El PP apoyó aquel decreto.
Las medidas adoptadas entonces no fueron suficientes para sanear el sector y el equipo de Mariano Rajoy ha continuado en esa senda. Menos de dos meses después de haber tomado posesión, sacaba adelante su primera reforma financiera. Esta obliga a las entidades a provisiones de 52.000 millones ante sus riesgos inmobiliarios y limita los sueldos de los directivos de las empresas que reciban ayudas públicas.
En aquella ocasión, el PSOE habló de “oposición útil” y votó a favor. Esa sintonía sin embargo ha durado poco. De cara a esta segunda reforma, la que contempla las ayudas públicas a los bancos, los socialistas han puesto condiciones. El punto clave es que dichas ayudas puedan ser reintegrables, una vez que las entidades afectadas tengan beneficios y salgan de la dificultad.
Le han hecho llegar su postura al ministro de Economía y también al presidente. Este fue uno de los temas tratados entre Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba en su reunión del viernes. Entonces, el acuerdo entre ambos parecía estar más cerca. Ahora se tambalea.
El único acuerdo que se ha mantenido inalterable en los últimos años entre el PP y el PSOE, el que tiene que ver con los bancos y las cajas de ahorros, se ha agrietado, pero no roto, después de un debate áspero en el que los dos grandes partidos se han achacado responsabilidades por la crisis bancaria que, por ejemplo, supondrá inyectar más de 20.000 millones de euros de dinero público a Bankia.
El PSOE, finalmente, se ha abstenido, tras no poco suspense, porque su portavoz Valeriano Gómez ha intervenido en el turno en contra, ha hecho una crítica muy dura del texto, pero no ha desvelado el sentido del voto.
Los 110 diputados del PSOE asistieron al debate e iniciaron la votación sin saber qué botón tendrían que apretar. Hasta instantes antes de la votación intentaron el acuerdo con el Gobierno. CiU, con quien el Ejecutivo de Mariano Rajoy también ha negociado, ha optado igualmente por la abstención. Su portavoz, Josep Sánchez Llibre, ha hecho llamadas al acuerdo desde la tribuna.
Basagoiti sobre Bankia: "No puede ser que nadie diga nada"
El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha abogado hoy "por dar la cara ante los ciudadanos y decirles qué ha pasado desde el minuto uno" con Bankia. Además, ha instado a actuar "contra esos jetas que se llevan millones de euros de los bancos públicos y cajas después de haberlas hundido".
En una entrevista en Radio Euskadi, Basagoiti ha señalado que se siente "cómodo" en el mismo partido que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en una formación "que no es una secta" y en la que no todos tienen que pensar igual.
Además, ha recordado que este miércoles oyó a Aguirre "algo así como decir que lo de Bankia debe investigarse", y él considera que "hay que dar también explicaciones y contar lo que pasa" en la entidad financiera. "Yo creo que no se puede meter ahí 23.000 millones de dinero público y que aquí nadie diga nada. Yo creo que hay que dar la cara ante los ciudadanos y decirles qué ha pasado desde el minuto uno hasta el noventa", ha manifestado.
Minutos antes de la votación, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, argumentaba la postura de su partido ante los medios de comunicación. "Nos vamos a abstener porque el señor De Guindos ha dicho sí a dos cuestiones: No habrá un euro público que se pierda y el decreto contemplará cuestiones concretas para las familias y las pymes. En esas condiciones, estamos dispuestos al diálogo", aseguraba.
Durante el debate en el hemiciclo, el encargado de defender la postura de los socialistas, el portavoz de Economía y exministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha criticado que se hayan ido dando diferentes cifras sobre los millones que necesita Bankia.
"¿Cómo se ha generado este agujero en una entidad que hace años era de las más solventes?", se ha preguntado. Por ello, el PSOE ha pedido hoy al Gobierno que haga que la Fiscalía "comience a actuar ordenando las actuaciones necesarias" para depurar responsabilidades en la crisis financiera.
Más expeditiva, la portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso, Rosa Díez, ha confirmado que su partido presentará la próxima semana una querella ante la Audiencia Nacional contra "todos" los responsables de lo ocurrido con la nacionalizada Bankia. Mientras tanto, el presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, ha reclamado "prudencia" a la hora de actuar con Bankia para "no agravar la situación" con "confrontaciones violentas y personales".
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha pedido por su parte el "máximo consenso" de la Cámara para un decreto ley que considera "imprescindible". "El sistema financiero tiene un montón de incertidumbres desde el punto de vista de los mercados.
Este decreto pretende generar más solvencia en las entidades y al mínimo coste para el contribuyente", ha añadido. Guindos ha acusado al PSOE de que si no apoya el decreto estará "votando en contra de quitar todos los activos inmobiliarios tóxicos de los balances de los bancos españoles".
Ha cerrado el portavoz del PP Vicente Martínez Pujalte, amigo personal de Rodrigo Rato, con una dura intervención en la que ha achacado al PSOE los problemas de Bankia y la responsabilidad por la situación de la entidad.
Las conversaciones entre el Gobierno y el PSOE se interrumpieron el miércoles por la tarde por el viaje del ministro de Economía, Luis de Guindos, a Alemania. El Gobierno, con votos suficientes para convalidar el decreto, deseaba un apoyo amplio para transmitir imagen de solidez y unidad. Los decretos sobre el sistema financiero eran los únicos que hasta ahora estaban al margen de la confrontación entre PP y PSOE.
Hace tan solo cinco días, los socialistas enviaron al ministro de Economía sus condiciones para dar su respaldo al proyecto del Gobierno. El documento exigía que las ayudas públicas a los bancos puedan ser reintegrables, una vez que las entidades afectadas tengan beneficios y salgan de la dificultad.
Los socialistas también solicitaron que en el decreto ley se diera respuesta a los afectados por hipotecas impagadas, por considerar que el pacto de libre adhesión sobre los desahucios y las daciones en pago no resuelve esos casos extremos.
Igualmente, la dirección del PSOE pidió que se busque una solución para los afectados por las llamadas acciones preferentes, producto financiero que se extendió para pequeños ahorradores y que, según el propio ministro de Economía, debían haberse limitado para grandes inversionistas.
Se trata de la segunda reforma financiera en tres meses. La medida llega después de la nacionalización de Bankia y abre la puerta a la inyección de grandes cantidades de dinero público en los bancos con problemas.
El único pacto económico, en el alambre
La reforma del sistema financiero comenzó con el segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El Ejecutivo socialista aprobó en 2010 un cambio en la ley de cajas de ahorros que permitía su acceso a los mercados de capital y limitaba la presencia de los políticos en sus órganos de dirección, además de agilizar las fusiones. El PP apoyó aquel decreto.
Las medidas adoptadas entonces no fueron suficientes para sanear el sector y el equipo de Mariano Rajoy ha continuado en esa senda. Menos de dos meses después de haber tomado posesión, sacaba adelante su primera reforma financiera. Esta obliga a las entidades a provisiones de 52.000 millones ante sus riesgos inmobiliarios y limita los sueldos de los directivos de las empresas que reciban ayudas públicas.
En aquella ocasión, el PSOE habló de “oposición útil” y votó a favor. Esa sintonía sin embargo ha durado poco. De cara a esta segunda reforma, la que contempla las ayudas públicas a los bancos, los socialistas han puesto condiciones. El punto clave es que dichas ayudas puedan ser reintegrables, una vez que las entidades afectadas tengan beneficios y salgan de la dificultad.
Le han hecho llegar su postura al ministro de Economía y también al presidente. Este fue uno de los temas tratados entre Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba en su reunión del viernes. Entonces, el acuerdo entre ambos parecía estar más cerca. Ahora se tambalea.
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