El gobierno del pp anuncia una auditoria de todas las administraciones para adelgazar su estructura
La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, acompañada por la Ministra de Empleo, Fátima Báñez.
MADRID. El Gobierno
español puso sobre la mesa ayer varias reformas orientadas al recorte
del gasto público. Entre ellas, la ministra de Empleo, Fátima Báñez,
planteó la necesidad de "desincentivar" las prejubilaciones, que tienen
un coste para el Estado de cerca de 10.000 millones de euros.
Madrid ha elaborado un informe sobre los retiros anticipados y lo remitirá la próxima semana al Pacto de Toledo del Congreso para buscar fórmulas que retraigan esas prácticas lo más rápido que sea posible. La ministra indicó que, según los últimos datos disponibles, hay 383.900 jubilados de forma anticipada, que cobran una pensión media mensual de 1.356 euros.
Báñez recordó que el Pacto de Toledo ya aconsejó en sus últimas recomendaciones desincentivar las modalidades de prejubilación, ya que la cuantía de la anticipada es un 16% superior a la media y la parcial un 35%.
Por ello, en el informe del Gobierno de Rajoy lo que se pide es acercar la edad real de jubilación (ahora en 63,3 años, a la legal (en 65 años, pero que subirá a los 67 paulatinamente desde el 1 de enero de 2013 al 2027). El PP también apuesta por compatibilizar el mantenimiento de la actividad una vez que se ha superado la edad de empleo con el cobro de una pensión.
Otra de las acciones presentadas ayer es el inicio de un proceso de adelgazamiento de las administraciones. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció que el Ejecutivo dispondrá antes del 30 de junio de los informes necesarios para iniciar la reforma de las administraciones, a las que pretende auditar de "abajo a arriba".
Sáenz de Santamaría anunció que la reforma que van a emprender "no se ha hecho nunca", para lograr una estructura "más simple, eficiente, mejor coordinada y que preste mejor servicio a los ciudadanos". Ello, ha añadido, supondrá un trabajo de "bolillos" que definirá el mapa de lo que realmente hay.
La vicepresidenta, que ha dicho que esta reforma es ineludible y no se puede retrasar porque no pueden seguir aumentando las estructuras administrativas. Aunque la reforma de la administración formaba parte del programa electoral de Rajoy ha tardado diez meses en abrir la reflexión y no habrá conclusiones hasta dentro que haya cumplido año y medio en la Moncloa.
Madrid ha elaborado un informe sobre los retiros anticipados y lo remitirá la próxima semana al Pacto de Toledo del Congreso para buscar fórmulas que retraigan esas prácticas lo más rápido que sea posible. La ministra indicó que, según los últimos datos disponibles, hay 383.900 jubilados de forma anticipada, que cobran una pensión media mensual de 1.356 euros.
Báñez recordó que el Pacto de Toledo ya aconsejó en sus últimas recomendaciones desincentivar las modalidades de prejubilación, ya que la cuantía de la anticipada es un 16% superior a la media y la parcial un 35%.
Por ello, en el informe del Gobierno de Rajoy lo que se pide es acercar la edad real de jubilación (ahora en 63,3 años, a la legal (en 65 años, pero que subirá a los 67 paulatinamente desde el 1 de enero de 2013 al 2027). El PP también apuesta por compatibilizar el mantenimiento de la actividad una vez que se ha superado la edad de empleo con el cobro de una pensión.
Otra de las acciones presentadas ayer es el inicio de un proceso de adelgazamiento de las administraciones. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció que el Ejecutivo dispondrá antes del 30 de junio de los informes necesarios para iniciar la reforma de las administraciones, a las que pretende auditar de "abajo a arriba".
Sáenz de Santamaría anunció que la reforma que van a emprender "no se ha hecho nunca", para lograr una estructura "más simple, eficiente, mejor coordinada y que preste mejor servicio a los ciudadanos". Ello, ha añadido, supondrá un trabajo de "bolillos" que definirá el mapa de lo que realmente hay.
La vicepresidenta, que ha dicho que esta reforma es ineludible y no se puede retrasar porque no pueden seguir aumentando las estructuras administrativas. Aunque la reforma de la administración formaba parte del programa electoral de Rajoy ha tardado diez meses en abrir la reflexión y no habrá conclusiones hasta dentro que haya cumplido año y medio en la Moncloa.
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