La organización Access Info Europe tendrá que pagar por querer saber las medidas de España contra la corrupción
Helen Darbishire, directora ejecutiva de Access Info Europe
Preguntar al Gobierno sale caro. La organización no gubernamental
Access Info Europe, que lucha por la transparencia informativa, ha sido
condenada por el Tribunal Supremo a pagar 3.000 euros de costas por
querer conocer las medidas que ha adoptado España para luchar contra la
corrupción.
El Supremo sostiene que los datos solicitados son una forma de pedir explicaciones al Ejecutivo y no una petición de información en sí.
La sentencia se conoce justo cuando el Parlamento está tramitando la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. España es, precisamente, el único país europeo de más de un millón de habitantes que no tiene una legislación que ponga coto al secretismo de la Administración y abra los archivos de todas las instituciones que reciben fondos públicos.
La pregunta de los 3.000 euros fue formulada en marzo de 2007 (ya se sabe que la justicia es lenta) y su destinatario era la Presidencia del Gobierno, que la rebotó al Ministerio de Justicia. Al no obtener respuesta de este departamento, Access Info interpuso un recurso contencioso-administrativo en el que exponía que se había conculcado el derecho fundamental a recibir libremente información y que la Administración no había cumplido con su obligación de dictar una resolución expresa en todos los procedimientos.
Lo que la ONG quería saber era concretamente el “desarrollo legislativo derivado de la adhesión de España al convenio de la OCDE para la lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales y al convenio de las Naciones Unidas contra la corrupción”. Con el silencio administrativo, Justicia le dio carpetazo a la cuestión.
Pero Access Info recurrió a los tribunales y la Audiencia Nacional sentenció que la Constitución no garantiza el derecho del ciudadano a solicitar según qué datos. “No se puede pretender que el derecho fundamental a recibir información veraz por cualquier medio de comunicación incluya un deber general de la Administración a informar sobre cualquier materia”, resolvió.
En su recurso al Supremo, la ONG invocó las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que reconocen el derecho de acceso a los datos públicos. Expuso también el artículo 20 de la Constitución (libertad de expresión y de opinión) y el 23 (derecho a la participación de los ciudadanos en la vida pública).
El Supremo, según Access Info, reconoce que la Administración incumple con su obligación de contestar, escudándose en la figura del silencio administrativo para acabar condenando en costas a quien reclama amparo judicial.
Para Helen Darbishire, directora ejecutiva de Access Info Europe, “esta situación es bastante sorprendente, especialmente para un país que está diciendo a la comunidad internacional que está haciendo esfuerzos por mejorar la Ley de Transparencia”.
Así es como los ciudadanos se han quedado sin saber qué está haciendo el Gobierno para luchar contra la corrupción, qué órgano es el encargado de prevenir la corrupción cometida por personas y entidades españolas, privadas o públicas, o con qué recursos (materiales y humanos) se cuenta para llevar a cabo esta misión. Mantener oculta esta información hace de España una excepción.
Países como Argentina, Chile, Colombia o Armenia facilitaron en tiempo y forma los datos reclamados por Access Info Europe. “Es una situación que roza lo ridículo y que además de seguir sumando derrotas a la transparencia en España, perjudica aún más la imagen de las instituciones públicas”, apunta Victoria Anderica, coordinadora de campañas de Access Info.
La organización confía en que con la Ley de Transparencia que tramita el Parlamento, España deje de estar en la lista de países opacos. Ahora la pelota está en el tejado del Constitucional y en el Tribunal de Europeo de Derechos Humanos.
El Supremo sostiene que los datos solicitados son una forma de pedir explicaciones al Ejecutivo y no una petición de información en sí.
La sentencia se conoce justo cuando el Parlamento está tramitando la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. España es, precisamente, el único país europeo de más de un millón de habitantes que no tiene una legislación que ponga coto al secretismo de la Administración y abra los archivos de todas las instituciones que reciben fondos públicos.
La pregunta de los 3.000 euros fue formulada en marzo de 2007 (ya se sabe que la justicia es lenta) y su destinatario era la Presidencia del Gobierno, que la rebotó al Ministerio de Justicia. Al no obtener respuesta de este departamento, Access Info interpuso un recurso contencioso-administrativo en el que exponía que se había conculcado el derecho fundamental a recibir libremente información y que la Administración no había cumplido con su obligación de dictar una resolución expresa en todos los procedimientos.
Lo que la ONG quería saber era concretamente el “desarrollo legislativo derivado de la adhesión de España al convenio de la OCDE para la lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales y al convenio de las Naciones Unidas contra la corrupción”. Con el silencio administrativo, Justicia le dio carpetazo a la cuestión.
Pero Access Info recurrió a los tribunales y la Audiencia Nacional sentenció que la Constitución no garantiza el derecho del ciudadano a solicitar según qué datos. “No se puede pretender que el derecho fundamental a recibir información veraz por cualquier medio de comunicación incluya un deber general de la Administración a informar sobre cualquier materia”, resolvió.
En su recurso al Supremo, la ONG invocó las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que reconocen el derecho de acceso a los datos públicos. Expuso también el artículo 20 de la Constitución (libertad de expresión y de opinión) y el 23 (derecho a la participación de los ciudadanos en la vida pública).
El Supremo, según Access Info, reconoce que la Administración incumple con su obligación de contestar, escudándose en la figura del silencio administrativo para acabar condenando en costas a quien reclama amparo judicial.
Para Helen Darbishire, directora ejecutiva de Access Info Europe, “esta situación es bastante sorprendente, especialmente para un país que está diciendo a la comunidad internacional que está haciendo esfuerzos por mejorar la Ley de Transparencia”.
Así es como los ciudadanos se han quedado sin saber qué está haciendo el Gobierno para luchar contra la corrupción, qué órgano es el encargado de prevenir la corrupción cometida por personas y entidades españolas, privadas o públicas, o con qué recursos (materiales y humanos) se cuenta para llevar a cabo esta misión. Mantener oculta esta información hace de España una excepción.
Países como Argentina, Chile, Colombia o Armenia facilitaron en tiempo y forma los datos reclamados por Access Info Europe. “Es una situación que roza lo ridículo y que además de seguir sumando derrotas a la transparencia en España, perjudica aún más la imagen de las instituciones públicas”, apunta Victoria Anderica, coordinadora de campañas de Access Info.
La organización confía en que con la Ley de Transparencia que tramita el Parlamento, España deje de estar en la lista de países opacos. Ahora la pelota está en el tejado del Constitucional y en el Tribunal de Europeo de Derechos Humanos.
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