Declara ilegales las ayudas del Consell por vulnerar el principio de la libre competencia
El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, anuncia que recurirrá la resolución
La Comisión Europea acaba de declarar ilegales las ayudas concedidas
por la Generalitat valenciana al complejo cinematográfico Ciudad de la
Luz, levantado al sur de la ciudad de Alicante. En la resolución, el
ejecutivo comunitario asegura que las subvenciones otorgadas por el
gobierno valenciano "distorsionan enormemente la competencia entre los
principales estudios de cine europeos".
Bruselas ha instado al Gobierno
español a que recupere los 265 millones de euros que concedió la
Generalitat para la construcción de los estudios cinematográficos
alicantinos. El complejo audiovisual es un proyecto público y pertenece
en su totalidad a la Generalitat valenciana a través de la Sociedad
Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana.
La Generalitat valenciana ha reaccionado ya a la resolución de
Bruselas. El presidente Alberto Fabra ha anunciado que recurrirá la
decisión de la Comisión Europea de declarar ilegales las ayudas
concedidas al complejo cinematográfico. El jefe del ejecutivo valenciano
mantiene que la subvención "fue bien empleada" y asegura que no hubo
competencia desleal. Fabra ha precisado, no obstante, que desconoce el
fallo en profundidad.
En una nota oficial, la CE ha llegado a la conclusión de que los 265
millones de euros de financiación pública que otorgó la Generalitat
valenciana a los estudios cinematográficos "no se facilitaron en
condiciones de mercado, por lo que tienen que ser devueltos por el
beneficiario".
El comunicado señala también que, tras una investigación
exhaustiva, el ejecutivo europeo concluyó que "ningún inversor privado
habría aceptado invertir en las mismas condiciones y que la
financiación pública falsea de forma masiva la competencia entre los
principales estudios de cine europeos".
El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de la política
de competencia, Joaquín Almunia, ha justificado así la decisión: "el
sector cinematográfico español es dinámico y competitivo. Además de que
no hay ninguna necesidad de destinar dinero público a la financiación de
un nuevo operador, se penaliza, por encima de todo, a los operadores
existentes y a los nuevos operadores potenciales, que han de actuar sin
financiación estatal. En el actual clima económico, las consecuencias
pueden ser desastrosas".
La investigación europea sobre la posible ilegalidad de las ayudas
públicas a la Ciudad de la Luz se inició en 2008 a raíz de dos denuncias
de operadores del sector no vinculados y pertenecientes a dos países
miembros de la Unión Europea.
La Ciudad de la Luz se puso en marcha en 2005 con una inversión
global de más de 300 millones de euros. Proyecto soñado por el
reconocido director valenciano Luis García Berlanga, la idea fue asumida
por el entonces presidente de la Generalitat valenciana, Eduardo
Zaplana, y completada posteriormente por su sucesor, Francisco Camps.
Tras siete años de funcionamiento, el complejo arrastra una deuda de
190 millones de euros pese a la inyección de 160 millones en créditos
que, en sucesivas tandas, ha aportado el gobierno valenciano a través de
la Sociedad Pública de Proyectos Temáticos.
En la nota de la Comisión Europea el organismo recuerda que el
complejo se proyectó para convertirse en el segundo mayor complejo de
estudios cinematográficos de Europa. Objetivo que pasado este tiempo no
se ha materializado ni en el plano nacional ni internacional. "De las 33
películas rodadas en la Ciudad de la Luz entre 2005 y 2009, 28 fueron
españolas y cinco coproducciones de la UE. Como consecuencia, hasta la
fecha, la explotación comercial de Ciudad de la Luz ha sido cada vez más
deficitaria".
Los grupos parlamentarios de la oposición en las Cortes Valencianas,
PSPV-PSOE y Compromís, han reaccionado a la decisión con críticas al
Consell, al que han calificado de "irresponsable e inútil". En concreto,
el portavoz socialista, Antonio Torres, ha asegurado que la actuación
del ejecutivo valenciano fue de una "irresponsabilidad grave y en la
línea de lo sucedido en Terra Mítica".
El parque temático de Benidorm,
otro de los grandes proyectos estrella del expresidente Eduardo Zaplana,
también fue motivo de un pronunciamiento del Gobierno sobre las ayudas
públicas concedidas por la Generalitat. El ejecutivo español, en
concreto, reclamó al parque la devolución de 17 millones de euros en
ayudas.
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