El Gobierno rebaja las exigencias para realizar despidos colectivos en el sector público

• La norma fija que se podrán realizar si su presupuesto se reduce un 5%
• En los borradores previos se permitían con una caída del 10%

 


El Gobierno ha rebajado las exigencias para que las administraciones públicas puedan realizar despidos colectivos, ya que en el real decreto publicado este martes en el BOE se establece que podrán hacerlos si ven reducido su presupuesto anual un 5%, mientras que en los borradores previos se fijaba un 10% de descenso.

También podrán ejecutar esos despidos si las transferencias recibidas del Estado se han reducido un 7% entre los dos ejercicios anteriores. 

Esta posibilidad de despedir personal laboral de las administraciones públicas se incluyó en la reforma laboral aprobada en febrero, que abrió claramente la puerta a los despidos en el sector público cuando la administración tuviera dificultades económicas. 

Ese punto es el que ahora se desarrolla en el real decreto que entrará en vigor este miércoles, y que recoge el nuevo reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y de reducción de jornada.

Ante este cambio, UGT advierte en una nota que la nueva normativa es "peor de lo esperado", ya que su efecto es "más dañino" que lo previsto en borradores anteriores.

El colectivo afectado agrupa 840.000 personas

Según la FSP-UGT, el reglamento afecta al colectivo conocido como personal laboral contratado, que cifra en unas 700.000 personas, y a los asalariados de empresas con más del 50% del capital público, unos 140.000 trabajadores.

La federación critica que la norma se haya aprobado "rápidamente", una vez pasadas las elecciones autonómicas de Galicia y el País Vasco, celebradas el pasado 21 de octubre.

Por ello, FSP-UGT cree que en el Gobierno hay un "ensañamiento" con el personal laboral del sector público al impedir legalmente que se pueda aplicar al colectivo medidas "menos dañinas" para el empleo, como las reducciones de salario o de jornada.

La razón que da para esta acusación es que el Gobierno no quiere gestionar de mejor manera los servicios públicos, sino aplicar un recorte de empleo de la manera "más barata posible".