Con la reforma laboral, los empresarios pueden justificar los despidos invocando razones técnicas, organizativas, productivas o económicas. La ampliación de los supuestos en los que las empresas pueden rescindir los contratos deja a los trabajadores en una posición de desventaja.
La reforma laboral ya está vigor, después de que recibiera luz verde en el Congreso de los Diputados. Y, con ella, se amplían los supuestos en los que las empresas pueden despedir por razones económicas. A pesar de que la última palabra seguirá en manos de un juez, ahora los trabajadores están menos defendidos.
Hasta el momento, que un juez aprobará un expediente de regulación de empleo -el famoso ERE- por causas económicas era casi una quimera, porque los tribunales decidían de forma abrumadora a favor de los trabajadores. Por lo tanto, si las empresas querían despedir lo tenían que hacer a razón de 45 días y no de los 20 días por despido procedente o justificado.
Pero, con la reforma laboral aprobada, despedir no es más barato –también serían 20 días si el juez declara el despido procedente- pero si es más fácil que la extinción de los contratos por razones económicas reciba el visto bueno de los tribunales.
A pesar de que las nuevas condiciones laborales llegaban con el objetivo de dotar de estabilidad, seguridad, flexibilidad y competitividad al mercado, lo que han conseguido en definitiva es ampliar los supuestos en los que las empresas pueden acogerse al despido por causas económicas.
El texto definitivo de la reforma, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el pasado día 6, dice que se justifica el despido objetivo cuando “de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas; o la disminución persistente de su nivel de ingresos, que puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo”.
A partir de ahora, a una empresa le bastará con justificar una simple previsión de pérdidas económicas en sus cuentas para echar a su plantilla, aunque también podrá invocar causas técnicas, organizativas o productivas para rescindir los contratos que, a priori, le permitirían mantener su actividad.
Con todo, y a pesar de que políticos, sindicatos y abogados desconfían de la efectividad de la reforma para generar empleo, los expertos creen que, al menos, las empresas no lo destruirán como en los peores momentos de la crisis.
Hasta el momento, que un juez aprobará un expediente de regulación de empleo -el famoso ERE- por causas económicas era casi una quimera, porque los tribunales decidían de forma abrumadora a favor de los trabajadores. Por lo tanto, si las empresas querían despedir lo tenían que hacer a razón de 45 días y no de los 20 días por despido procedente o justificado.
Pero, con la reforma laboral aprobada, despedir no es más barato –también serían 20 días si el juez declara el despido procedente- pero si es más fácil que la extinción de los contratos por razones económicas reciba el visto bueno de los tribunales.
A pesar de que las nuevas condiciones laborales llegaban con el objetivo de dotar de estabilidad, seguridad, flexibilidad y competitividad al mercado, lo que han conseguido en definitiva es ampliar los supuestos en los que las empresas pueden acogerse al despido por causas económicas.
El texto definitivo de la reforma, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el pasado día 6, dice que se justifica el despido objetivo cuando “de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas; o la disminución persistente de su nivel de ingresos, que puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo”.
A partir de ahora, a una empresa le bastará con justificar una simple previsión de pérdidas económicas en sus cuentas para echar a su plantilla, aunque también podrá invocar causas técnicas, organizativas o productivas para rescindir los contratos que, a priori, le permitirían mantener su actividad.
Con todo, y a pesar de que políticos, sindicatos y abogados desconfían de la efectividad de la reforma para generar empleo, los expertos creen que, al menos, las empresas no lo destruirán como en los peores momentos de la crisis.
